Cortizo hace un llamado a la cordura y a la calma; las convocatorias a protestas y los cierres continúan vigentes.

Cortizo hace un llamado a la cordura y a la calma; las convocatorias a protestas y los cierres continúan vigentes.

LEONARDO GRINSPAN | Panamá en Directo

El Presidente Laurentino Cortizo se dirigió al país a través de una cadena nacional de radio y televisión, transmitida por el Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv) desde la presidencia de la República.

En su mensaje, Cortizo hizo una revisión de la historia de la recién aprobada Ley 406, que establece el contrato entre Minera Cobre Panamá S.A y el Estado.

Con el Contrato Ley 406 de 2023, estamos resolviendo un problema de enormes proporciones y sin precedentes, heredado por mi administración, señaló.

Cortizo enfatizó que la operación minera se inició en 1991 con un Contrato de Concesión de Exploración, y en 1997 se aprobó el Contrato Ley 9 para la explotación minera. Agregó que fue durante el gobierno del presidente Martín Torrijos que se aprobó el nuevo plan de desarrollo que dio inicio a la construcción de la infraestructura minera y, cuatro años después, en 2009, comenzó la explotación comercial de la mina.

Posteriormente, el gobierno anterior al nuestro prorrogó el Contrato Ley 9 de 1997 por 20 años adicionales mediante un Resuelto Ministerial emitido el 30 de diciembre de 2016, publicado a las 2:55 de la tarde en vísperas de Año Nuevo. Esto fue lo que encontró mi gobierno, destacó.

El mandatario afirmó que en 2021, debido a una demanda de inconstitucionalidad contra el Contrato Ley 9, se formalizó la situación, lo que llevó al gobierno actual a tomar la decisión de negociar con la empresa.

El presidente también hizo un llamado a la cordura, enfatizando que los cierres de calles afectan la economía, especialmente en un país que se está recuperando de la pandemia.

Cortizo también destacó los beneficios de esta nueva ley, como el aumento a 120,315 jubilados que reciben menos de B/.350.00 a partir del 20 de noviembre y el aporte de $190 millones anuales durante los próximos 20 años al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).