REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | febrero 18, 2024Gobierno de Maduro incrementa represión, el país enfrenta una nueva ola de violencia estatal
En medio de una creciente tensión política y electoral, el gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado su represión contra activistas y organizaciones de derechos humanos en Venezuela. En una semana marcada por la detención de la reconocida activista Rocío San Miguel y la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el país enfrenta una nueva ola de violencia estatal.
La detención de San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, ha generado preocupación internacional. La activista fue arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se dirigía a Europa y desde entonces no se ha tenido información precisa sobre su paradero ni su estado. Esta acción, que según el fiscal general Tarek William Saab se realizó dentro del marco legal, ha sido condenada por defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales.
Además, el gobierno de Maduro ha expulsado a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, acusándolos de tomar una postura «infame» contra Venezuela. Esta decisión ha sido calificada como devastadora por organizaciones de derechos humanos locales, que señalan que las víctimas ahora carecen de una instancia imparcial para denunciar violaciones de derechos humanos en el país.
Estas acciones represivas se enmarcan en un contexto de crisis política y electoral, con la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado y la falta de un calendario electoral para este año. Según un estudio de Polianalítica, Machado cuenta con un amplio respaldo popular, lo que evidencia la fragilidad del gobierno de Maduro.
La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, ha expresado su alarma por estas acciones y ha instado al gobierno de Maduro a respetar los derechos humanos y permitir un proceso electoral transparente.
En las calles, el temor se ha apoderado de muchos ciudadanos, que prefieren no expresar opiniones contrarias al gobierno ante el riesgo de represalias. Los casos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, como el de Carlos Zalazar, refuerzan esta sensación de miedo y vulnerabilidad en la población venezolana.









