La Comisión de Credenciales da luz verde a los nuevos magistrados designados por Mulino

El lunes 13 de octubre de 2025, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno la ratificación de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las designaciones, hechas por el presidente José Raúl Mulino, colocan a Agurto en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise, y a Villalobos en la Sala Primera de lo Civil, sustituyendo a Ángela Russo.

Durante la sesión, los diputados centraron su atención en temas como la ética judicial, la independencia del poder judicial y la mora procesal. El primero en intervenir fue Augusto Palacios, del partido Vamos, quien interrogó a Agurto sobre los principales desafíos de la Sala Tercera. La jurista destacó la necesidad de digitalizar los procesos judiciales como herramienta para reducir los tiempos y facilitar el acceso a la justicia. Reconoció, además, que la mora procesal sigue siendo una de las mayores debilidades del sistema, al informar que entre enero y julio de 2025 se registraron 679 casos ingresados frente a 501 resueltos, lo que mantiene un rezago importante de expedientes.

El debate se tornó más tenso cuando Palacios y otros diputados cuestionaron a Agurto sobre el polémico Acuerdo 407 de julio de 2024, mediante el cual el Pleno de la Corte había aprobado un fondo de retiro complementario que otorgaba jubilaciones del 100 % del salario. La designada respondió que no participó en dicha decisión y aseguró que, de encontrarse en una situación similar, actuaría conforme a la ley y a los principios que han regido sus casi cuatro décadas de servicio público. También enfatizó no tener vínculos personales con el presidente Mulino y defendió su independencia judicial.

La diputada Yamireliz Chong, también de Vamos, abordó el tema de los salarios judiciales, señalando que un magistrado percibe $14,000 mensuales, cifra que consideró elevada frente a la realidad económica del país. Agurto evitó emitir juicios sobre el tema y se limitó a citar el Código Judicial, que impide a los funcionarios cuestionar decisiones jerárquicas. En contraste, el diputado Benicio Robinson, del PRD, defendió los altos sueldos, afirmando que los magistrados “deberían ganar $25,000 y más que cualquier embajador”.

El turno de Carlos Villalobos llegó con un enfoque similar. Diputados como Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, le solicitaron cifras concretas sobre la mora judicial en la Sala Primera de lo Civil, que mantiene un rezago de 561 casos. Villalobos propuso crear un personal no jurisdiccional o “oídor” para revisar errores administrativos y evitar apelaciones innecesarias. También planteó reforzar la supervisión de los funcionarios judiciales y capacitar al personal para homogeneizar criterios en la interpretación del derecho procesal civil. Reconoció además la importancia de una justicia más rápida y transparente, y se mostró de acuerdo con el salario actual fijado para los magistrados.

De aprobarse las recomendaciones de la comisión, Gisela Agurto y Carlos Villalobos asumirán sus cargos en enero de 2026.