El Colegio Nacional de Abogados hace un llamado a la calma y el diálogo ante la aprobación de la Ley 406

El Colegio Nacional de Abogados hace un llamado a la calma y el diálogo ante la aprobación de la Ley 406

En medio de la controversia desatada por la aprobación de la Ley 406, que aprueba el Contrato de Concesión Minera entre el Estado y la sociedad Minera Panamá S.A., diversas voces en Panamá hacen un llamado a la sensatez y la calma en un momento crucial para la nación.

El contrato minero, una vez aprobado por la Asamblea de Diputados y sancionado por el Presidente de la República, se convierte en la Ley 406, fechada el 20 de octubre de 2023. Sin embargo, ya se han interpuesto diversas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que debe pronunciarse sobre la legalidad de este contrato.

En este contexto, se enfatiza la importancia de respetar el principio de legalidad y la separación de poderes. La República de Panamá, como un Estado de Derecho, debe garantizar los principios democráticos, incluyendo la libertad de expresión y la participación ciudadana, como mecanismos esenciales para la convivencia pacífica de todos los ciudadanos.

Se hace un llamado a que el debate sobre este asunto se mantenga dentro del marco legal y no se vea influido por intereses particulares que puedan poner en riesgo el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Además, en su rol de Estado democrático, Panamá debe garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y los derechos humanos de sus ciudadanos. Esto incluye el derecho al trabajo digno, la seguridad social, un ambiente sano y el uso justo de los recursos minerales. Se espera que la nación promueva actividades económicas que beneficien a la población y promuevan el desarrollo nacional.

A pesar de la controversia, se insta a la ciudadanía a expresar su descontento de manera pacífica, respetando la vida, la integridad personal y la propiedad pública y privada. Se condenan los actos de vandalismo y la violencia que no estén en línea con los objetivos de los manifestantes.

Se hace un llamado a las autoridades nacionales a evitar el uso excesivo de la fuerza y a proteger los bienes jurídicos. Además, se solicita a las autoridades judiciales y administrativas que suspendan términos en aquellos procesos o trámites administrativos que no se puedan realizar de forma electrónica o telemática, para no afectar la labor de la abogacía y, en última instancia, los derechos de los ciudadanos.

Se insta al Gobierno Nacional a establecer mecanismos de diálogo con los diversos sectores que se manifiestan, con el objetivo de garantizar la paz social y la canalización de las inquietudes de la población. Se hace un llamado a un diálogo enfocado en lograr el desarrollo humano sostenible y evitar la confrontación entre los ciudadanos.

Por último, el Colegio Nacional de Abogados, en su papel de ente colaborador para el mejoramiento de la administración de justicia, solicita a la Corte Suprema de Justicia que determine con celeridad la constitucionalidad del contrato recientemente elevado a Ley de la República. Se insta a una respuesta ágil, rápida, efectiva y oportuna con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la paz social en el país. La nación de Panamá se encuentra en un momento crucial en su historia, y la búsqueda de soluciones democráticas y legales se erige como la ruta a seguir en medio de esta coyuntura.