Cuarto día de protestas pacíficas contra el contrato minero termina en represión policial

Cuarto día de protestas pacíficas contra el contrato minero termina en represión policial

||| FOTO: @fabianflamenco

La Cinta Costera y las proximidades de la Presidencia se convirtieron en el epicentro de una intensa jornada de protestas en rechazo al controvertido contrato minero que ha desatado la indignación de miles de jóvenes y ciudadanos comprometidos con la protección del medio ambiente y los derechos humanos. La marcha, que partió de la Cinta Costera con un grupo de jóvenes, pronto se convirtió en una demostración de determinación y unidad en medio de la represión por parte de las fuerzas de seguridad.

En la noche, se produjeron enfrentamientos en la Avenida Balboa, cerca de Calle 50, Calle 53 y Plaza New York, así como en Vía España, con la dispersión de manifestantes debido al uso de gases lacrimógenos. A pesar de la represión policial, residentes de Panamá Pacífico, Vía España y el sector Don Bosco se unieron a la protesta, haciendo sonar tambores y expresando su descontento contra el gobierno y el contrato minero.

La unidad y la determinación de los manifestantes fueron evidentes cuando, a pesar de la represión policial, se reunieron nuevamente en la Cinta Costera para cerrar el día con el canto del himno nacional.

La movilización comenzó temprano en la tarde, cuando grupos de gremios docentes, médicos, miembros sindicales, ambientalistas y la sociedad civil respondieron al llamado nacional para manifestarse en contra del contrato minero. La concentración inicial tuvo lugar en la Iglesia del Carmen en Vía España. A medida que avanzaban hacia el Casco Antiguo, donde se encuentra el Palacio de Las Garzas, un cambio de ruta inesperado se hizo necesario debido a un cerco de seguridad previamente instalado alrededor de la Presidencia.

El distintivo sonido de los tambores y la batucada, que suelen acompañar las protestas en Panamá, resonaron en las calles de Calidonia, donde los manifestantes expresaron su descontento con consignas dirigidas a los diputados, ministros y el Presidente. La marcha se vio momentáneamente detenida por una barrera erigida en los predios del Palacio de Las Garzas.

Mientras los manifestantes avanzaban, se notó el apoyo desde los edificios circundantes, con personas haciendo sonar tambores en solidaridad con la causa. Sin embargo, el Servicio de Protección Institucional (SPI) había instalado un cerco de vallas metálicas para evitar que los manifestantes llegaran a la Presidencia, dejando solo un acceso abierto en la Avenida Central. Los comerciantes, preocupados por posibles actos vandálicos, protegieron sus locales con madera.

Las protestas no se limitaron a la capital; en Herrera, manifestantes se congregaron bajo la lluvia en la entrada de Pesé, mientras que en Boquete, las calles se llenaron de personas en rechazo al contrato minero y la minería en Panamá. A lo largo de los últimos cuatro días, la Defensoría del Pueblo de Panamá informó que se documentaron 13 heridos y 127 detenciones en las protestas nocturnas. Estas cifras han generado preocupación por los niveles de violencia que han surgido en el contexto de las manifestaciones, y la Defensoría del Pueblo recuerda la importancia de respetar los derechos humanos y la democracia.

La jornada de protestas se centró en el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá para la explotación de cobre en Donoso, Colón, y se extendió desde temprano hasta altas horas de la noche en diferentes regiones del país. Cierres de vías en todo el territorio nacional dieron inicio a la protesta, seguidos de manifestaciones en varios puntos clave de la capital. El enfrentamiento entre la policía y los manifestantes en Calle 50 y Marbella fue solo una parte de las manifestaciones espontáneas en las que ciudadanos expresaron su rechazo a la minería.

El contrato minero ha generado un debate candente en Panamá, y las protestas han sido el canal a través del cual la ciudadanía ha expresado su rechazo a este acuerdo. A pesar de ello, el gobierno ha sido llamado a escuchar las demandas de los manifestantes y a tomar en cuenta la preocupación pública en torno a los impactos ambientales y sociales de la minería en el país, manteniendo, hasta el momento, un silencio al respecto.