Proyecto de ley 27 busca mayor transparencia y control en el gobierno

La Asamblea Nacional se prepara para discutir el proyecto de ley 27, una propuesta que busca revolucionar las normas de transparencia en la administración pública al ampliar significativamente el alcance de las declaraciones juradas de bienes y conflictos de interés de los servidores públicos.

Actualmente, solo los altos jerarcas del gobierno, como el presidente, ministros y magistrados, están obligados a presentar estas declaraciones. Sin embargo, de aprobarse la propuesta, este requisito se extendería a alcaldes, concejales, gobernadores, diplomáticos, superintendentes, fiscales superiores y otras autoridades públicas. Además, el proyecto estipula que estas declaraciones deberán incluir un nivel de detalle más exhaustivo, como activos en el extranjero, bienes intangibles, vehículos y deudas.

Otro punto clave es que las declaraciones de bienes y de conflicto de interés se harán públicas, algo que hoy es voluntario. Esto representa un giro significativo en las políticas de acceso a la información pública, alineándose con los estándares internacionales de transparencia.

La ley propone que estas declaraciones sean actualizadas anualmente durante el mes de enero, con facultades adicionales para la Contraloría General de la República, que podrá solicitar actualizaciones extraordinarias y realizar auditorías de oficio ante sospechas de enriquecimiento injustificado.

En cuanto a los conflictos de interés, los funcionarios deberán declarar vínculos económicos, empresariales o personales que puedan comprometer su integridad, incluyendo regalos o beneficios recibidos en años recientes.

Si bien el proyecto cuenta con el respaldo de sectores que ven en esta propuesta una modernización necesaria, también ha generado dudas sobre los desafíos logísticos y administrativos para su implementación. La Contraloría y otras entidades encargadas deberán fortalecer sus recursos para gestionar y auditar el incremento en la cantidad de información recibida.

El diputado independiente Roberto Zúñiga, proponente de la iniciativa, subrayó que esta ley busca evitar abusos y garantizar que quienes asuman cargos públicos lo hagan con honestidad y transparencia. «Los buenos servidores públicos no tienen nada que temer», afirmó, en referencia al objetivo de prevenir el enriquecimiento ilícito a costa del Estado.

Si se aprueba, la ley entrará en vigor un año después de su promulgación, otorgando tiempo para que las instituciones adapten sus sistemas y los funcionarios públicos cumplan con las nuevas disposiciones.