Contrataciones Públicas frena alquiler de vehículo blindado para presidenta de la Corte Suprema

Encuentran irregularidades y opciones más baratas

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha bloqueado una solicitud del Órgano Judicial (OJ) para alquilar un vehículo blindado de alta gama destinado al uso personal de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias. El contrato, valorado en $70,620 por solo 30 días de servicio, fue presentado como un caso urgente, pero tras una minuciosa revisión, la DGCP determinó que no cumplía con los requisitos legales, técnicos ni de conveniencia que justificaran una adjudicación excepcional.

La solicitud, sustentada en la necesidad de proteger a la magistrada tras un incidente ocurrido el 31 de enero de 2025 —cuando un proyectil impactó contra la ventana de su oficina—, fue tramitada bajo el artículo 79 de la Ley 22 de 2006, que permite contrataciones excepcionales en ausencia de alternativas viables o ante situaciones de emergencia. Sin embargo, la DGCP, bajo la dirección de Javier Raúl Marquinez Dejud, concluyó que el Órgano Judicial no logró demostrar que no existían opciones equivalentes o superiores en el mercado.

Deficiencias técnicas y falta de transparencia

Uno de los principales señalamientos recae sobre la empresa propuesta para prestar el servicio, Inspiration Holding Group, Inc., cuya oferta no incluyó documentación que acreditara experiencia previa ni referencias contractuales que avalaran su idoneidad. Según el informe técnico, tampoco se justificó por qué dicha empresa fue elegida, ignorando propuestas más completas y con mejor relación costo-beneficio.

La DGCP resaltó que varias de estas propuestas alternativas incluían seguros completos, Panapass activo, conductores entrenados en técnicas de conducción defensiva y tarifas significativamente más competitivas. Además, se indicó que algunas empresas ofrecían vehículos con especificaciones de seguridad iguales o superiores a un precio menor.

Un Cadillac de $2,354 por día

El vehículo que se pretendía alquilar —un Cadillac Escalade blindado con protección balística multicalibre, llantas runflat, aislamiento acústico y térmico— representaba un costo diario superior a los $2,300. Este gasto, según la DGCP, no solo es desproporcionado, sino que contraviene principios fundamentales de eficiencia y responsabilidad en el manejo de fondos públicos.

“Al existir otras ofertas disponibles en el mercado, con condiciones técnicas similares y a menor precio, no se configura el supuesto de excepción”, sostiene el dictamen emitido por Contrataciones Públicas. Además, la entidad subraya que el OJ no cumplió con el deber de evaluar de forma objetiva y comparativa las distintas opciones, como exige la normativa vigente.

Rechazo oficial y devolución del expediente

Amparándose en el artículo 83 de la Ley de Contrataciones Públicas, la DGCP devolvió sin trámite la solicitud del Órgano Judicial. La devolución se basa en el incumplimiento de las condiciones necesarias para proceder con una contratación excepcional, y se fundamenta en la facultad legal de la entidad para frenar procesos que no se ajusten al marco normativo.

La decisión no solo representa un revés para la Corte Suprema, sino que también reaviva el debate sobre el uso de recursos públicos en contextos donde la seguridad institucional debe conciliarse con la transparencia y la eficiencia administrativa.