Ministerio Público allana dos oficinas del Suntracs

Personal del Ministerio Público y agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) llevaron a cabo este miércoles 21 de mayo un operativo simultáneo en dos sedes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs). Las diligencias se realizaron de manera coordinada en las instalaciones ubicadas en la avenida Perú, en Panamá Centro, y en el sector de Veranillo, San Miguelito, según confirmó el propio sindicato a través de sus redes sociales.

Según los videos publicados por el Suntracs, los investigadores llegaron en varios vehículos sin distintivos oficiales y, tras presentar la orden de allanamiento, procedieron a revisar oficinas, archivos y equipos electrónicos. En ambas sedes, los agentes permanecieron más de tres horas dentro de los locales, mientras algunos dirigentes sindicales y colaboradores observaban desde el exterior. Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron detenciones ni se informó sobre decomisos de documentos o equipos.

En su mensaje en redes, la directiva del sindicato señaló: “Se han realizado dos allanamientos simultáneos en nuestras instalaciones: tanto en los locales de Avenida Perú como en nuestras oficinas principales en Veranillo”. El comunicado agregaba que, pese a la intimidación que este tipo de operativos suele generar, el Suntracs reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y exigió a las autoridades transparencia sobre el propósito de las diligencias.

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Hasta ahora, el Ministerio Público y la DIJ no han ofrecido una versión oficial ni han precisado los motivos de los registros. Sin embargo, este operativo se produce apenas un día después de que el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) anunciara la cancelación de la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs R.L., bajo presuntas acusaciones de irregularidades financieras y lavado de capitales. Aunado a esto, el pasado martes el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, solicitó asilo en la embajada de Bolivia, alegando persecución política y amenazas contra su integridad.