Colombia a la espera del fallo contra el expresidente Uribe por soborno y fraude procesal

Nunca antes un expresidente colombiano había llegado al banquillo de los acusados. Álvaro Uribe Vélez se convierte en el primero, tras ser señalado por la Fiscalía General de la Nación de haber utilizado al abogado Diego Cadena, quien también es abogado en casos internacionales del expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal, para que ofreciera prebendas legales y sobornos a exparamilitares. El propósito: fabricar testimonios contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema y, de paso, beneficiarse él mismo.

La definición del caso será este lunes 28 de julio, Sandra Heredia, jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, revelará el sentido del fallo de primera instancia.

El origen: una entrevista en la cárcel de Cómbita

La historia se remonta al 16 de septiembre de 2011. Ese día, el senador Iván Cepeda entrevistó en la cárcel de Cómbita (Boyacá) al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Monsalve habló allí de la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas, presuntamente en la hacienda Las Guacharacas, una propiedad que fue de la familia Uribe Vélez y que sufrió ataques de la guerrilla del ELN. En esa misma finca, el 14 de junio de 1983, las extintas Farc asesinaron a Alberto Uribe Sierra, padre del exmandatario.

Durante la entrevista, Monsalve afirmó además que, en la masacre de San Roque, ocurrida en los años 90, Uribe Vélez habría dado la orden. Esas declaraciones encendieron todas las alarmas del expresidente, quien en 2012 denunció a Iván Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de buscar testigos falsos para vincularlo con el paramilitarismo.

El giro: la Corte archiva a Cepeda y mira a Uribe

El tablero cambió en 2018: la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda y, en su lugar, abrió una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.

El 8 de octubre de 2019, el exmandatario rindió indagatoria ante la Corte y quedó formalmente vinculado por soborno en actuación penal y fraude procesal.

Diez meses después, el 4 de agosto de 2020, el alto tribunal le impuso detención domiciliaria tras escuchar interceptaciones telefónicas, revisar más de 27.000 registros de audio y analizar un informe de más de 1.500 páginas, producto de la investigación liderada por el magistrado César Augusto Reyes. Uribe cumplió esa detención en El Ubérrimo, su finca en Córdoba, en plena pandemia de COVID-19.

El 18 de agosto de 2020, el exmandatario renunció a su curul en el Senado, perdió el fuero y el expediente pasó a la Fiscalía, entonces bajo la jefatura de Francisco Barbosa. Tras 66 días en detención y una audiencia superior a 20 horas, una jueza de control de garantías le concedió la libertad el 10 de octubre de 2020.

Intentos fallidos de cerrar el caso

5 de marzo de 2021. El fiscal Gabriel Jaimes pidió ante la jueza 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, la preclusión del proceso. Su argumento: no existían pruebas de que Uribe hubiera sido el “determinador” ni que hubiese dado la orden a Diego Cadena de sobornar o ofrecer ayudas jurídicas a exparamilitares para armar testimonios falsos contra Cepeda.

6 de abril de 2022. La jueza negó la preclusión y le ordenó a la Fiscalía profundizar la investigación.

29 de julio de 2022. El fiscal Javier Cárdenas insistió con una segunda solicitud de preclusión, repitiendo que no había pruebas suficientes contra el exsenador.

23 de mayo de 2023. La jueza 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento rechazó nuevamente la petición y exigió continuar con las pesquisas. 6 de octubre de 2023. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó esa negativa.

En el camino, el caso sufrió cambios de fiscales: uno renunció y otro se declaró impedido tras haber opinando públicamente a favor de Uribe en columnas de prensa.

La acusación formal y el arranque del juicio

Con la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General, el proceso tomó una dirección decisiva. El 9 de abril de 2024, Día de las Víctimas de la Violencia en Colombia, el ente acusador radicó el escrito de acusación contra Uribe por tres delitos —se añadió uno más a los dos iniciales—: soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno.

La audiencia de acusación comenzó el 17 de mayo de 2024 y el 6 de febrero de 2025 se instaló formalmente el juicio. En sala, la Fiscalía sostuvo que Uribe fue el “determinador” de lo que denominó los “peregrinajes carcelarios” de Diego Cadena, desplazándose para buscar testigos falsos contra Iván Cepeda.

Durante meses, más de 35 testigos de la Fiscalía y cerca de 40 de la defensa declararon en extensas jornadas. Juan Guillermo Monsalve, el testigo considerado clave, afirmó no conocer a Álvaro Uribe Vélez.

La fiscal Marlene Orjuela solicitó condena contra el exmandatario. Las víctimas del proceso también pidieron una sentencia condenatoria. Ahora, la última palabra la tiene la jueza.

Lo que viene

Con el anuncio del sentido del fallo este 28 de julio, el país sabrá si el primer expresidente llevado a juicio en Colombia recibe una condena o si su defensa logra doblegar la acusación que, tras más de una década de giros, lo puso al borde de una decisión histórica.