La defensa del exvicepresidente cuestiona la competencia de la jueza que le imputó cargos y sostiene que el proceso debe pasar a la Corte Suprema por su supuesto fuero del Parlacen.
Magistrado Vásquez analiza advertencia de inconstitucionalidad en caso exvicepresidente Carrizo
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | febrero 3, 2026Audio generado por AI para Panamá en Directo
Panamá en Directo | Magistrado Vásquez analiza advertencia de inconstitucionalidad en caso exvicepresidente Carrizo
El magistrado Carlos Vásquez será ponente de la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por la defensa del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
El recurso cuestiona la competencia de la jueza de garantías Oris Medina, quien el pasado 28 de enero presidió la audiencia de imputación en la que se formularon cargos contra Carrizo y se le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario.
Los abogados defensores Pedro Meilán y Roberto Moreno alegaron que Medina no tenía facultad para conocer el caso, al sostener que Carrizo, por haber sido vicepresidente de la República, adquiere de manera automática una curul como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que —según su tesis— le otorga fuero especial y obliga a que cualquier investigación sea tramitada directamente ante la Corte Suprema de Justicia.
Moreno argumentó que la Constitución reconoce ese estatus a los expresidentes y exvicepresidentes, por lo que su cliente solo podría ser investigado y juzgado por el máximo tribunal del país.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a esa interpretación. Las fiscales Adela Cedeño y Patricia Herrera señalaron que Carrizo no ha sido juramentado como diputado del Parlacen, requisito indispensable para adquirir formalmente el fuero, por lo que la jueza Medina sí era competente para dirigir la audiencia.
A pesar del planteamiento de la defensa, la jueza continuó con el acto judicial, imputó cargos y ordenó el arresto domiciliario del exvicepresidente.
La advertencia de inconstitucionalidad ahora queda en manos del magistrado Vásquez, quien deberá analizar si existió o no una vulneración constitucional en la actuación de la jueza de garantías y, en consecuencia, determinar si el caso debe mantenerse en la jurisdicción ordinaria o ser remitido a la Corte Suprema de Justicia.
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