Lo que tardó dos años en protegerse, la Asamblea lo desmontó en meses

Con 46 votos a favor, la Asamblea Nacional dio luz verde este miércoles 29 de abril al proyecto de ley 571, impulsado por el diputado perredista de Bocas del Toro Benicio Robinson. La iniciativa modifica la Ley 304 de 2022 y cambia las reglas del juego para la protección de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y los ecosistemas asociados en esa provincia caribeña.

El corazón del debate está en el artículo 12. Hasta ahora, la ley prohibía de manera tajante cualquier construcción o intervención en esos tres tipos de ecosistemas. Con la reforma aprobada, los pastos marinos y sus zonas asociadas salen del régimen de prohibición absoluta y pasan a una zona gris: será el Ministerio de Ambiente quien decida, mediante reglamentación futura, qué actividades se podrán realizar en ellos y cuáles no. En cuanto a los arrecifes coralinos, se mantiene la restricción, pero ya no frente a cualquier actividad que los afecte, sino únicamente frente a aquellas que generen un daño directo y comprobable, un matiz que abre la puerta a interpretaciones.

Una norma que tardó dos años en construirse, modificada en meses

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La abogada Joana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), fue directa al señalar el problema: la Ley 304 que ahora se modifica fue el resultado de aproximadamente dos años de discusión. Esta reforma, en cambio, fue introducida y aprobada en cuestión de meses, sin el mismo nivel de consulta. «Es de manera clara una regresión respecto al nivel de protección que antes habíamos alcanzado», advirtió Ábrego, quien informó que más de 2,000 personas y organizaciones ya han firmado en rechazo a los cambios.

El argumento del diputado Robinson

El propio Robinson defendió su iniciativa asegurando que no elimina la protección ambiental, sino que la adapta a la realidad de las comunidades que viven del mar en Bocas del Toro. Según el legislador, la Ley 304 generó conflictos prácticos con el turismo, el buceo y la pesca artesanal, y la reforma busca un equilibrio entre conservación y desarrollo económico. Añadió que MiAmbiente tendrá la responsabilidad de reglamentar con claridad qué está permitido y qué no.

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La voz del empresariado local

Desde Isla Colón, Manuel Sanjur, presidente de la Cámara de Comercio, respaldó la medida. Su argumento es geográfico y económico: en Bocas del Toro se construye sobre el mar, y la prohibición anterior hacía inviable buena parte del desarrollo de la región. Sanjur aclaró que el sector empresarial no avala la destrucción de manglares ni corales, pero insistió en que generar empleo es una necesidad urgente para la provincia. «Si todo se desarrolla en orden y bajo la ley no debe haber nunca un tema de destrucción», sostuvo.

La pelota está ahora en el Ejecutivo. Aprobada en tercer debate, la ley solo requiere la sanción o el veto del presidente de la República para entrar o no en vigencia.

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