Diputados inflan presupuesto: la Asamblea gasta 141 millones mientras el país enfrenta crisis de empleo

Diputados presupuesto asamblea panama crece 43% con traslados de partida. Plantilla permanente pasó de 34 a 321 colaboradores. Análisis de la crisis fiscal legislativa.
Diputados inflan presupuesto: la Asamblea gasta 141 millones mientras el país enfrenta crisis de empleo

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | mayo 14, 2026 08:06 UTC-5
PANAMA EN DIRECTO - Diputados inflan presupuesto: la Asamblea gasta 141 millones mientras el país enfrenta crisis de empleo

El presupuesto de la Asamblea Legislativa de Panamá alcanzó los 141.8 millones de dólares tras la aprobación de nuevos traslados de partida, un incremento del 43% que refleja una realidad incómoda: mientras el país lucha contra el desempleo estructural, los diputados continúan expandiendo sus plantillas sin justificación clara.

La cifra no es un número más. En una sesión de la Comisión de Presupuesto marcada por tensiones entre la diputada Janine Prado y el presidente legislativo Jorge Herrera, salieron a la luz detalles que ponen en evidencia una desconexión profunda entre el Legislativo y la realidad económica del país. La plantilla permanente de la Asamblea pasó de 34 a 321 colaboradores, según documentos presentados durante el debate presupuestario.

Lo que más preocupa a analistas y observadores no es solo el número absoluto, sino lo que representa: un subsidio encubierto de desempleo que el Estado panameño está pagando con dinero que podría invertirse en infraestructura, educación o generación real de empleo en el sector privado.

El debate que expone fracturas institucionales

Durante la sesión, Prado cuestionó cifras que no cuadraban entre lo que reportaba el presidente de la Asamblea y lo que confirmaba un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El traslado de 26 millones de dólares destinado al órgano legislativo, según la nota oficial, se utilizaría principalmente en «pago de planilla permanente y adquisición de equipos tecnológicos».

Pero hay algo más grave que los números: funcionarios de la Asamblea Legislativa están trabajando en otras instituciones del Ejecutivo. Cuando Prado preguntó por estos empleados, Herrera respondió que «están en otras instituciones». Una respuesta que abre una pregunta constitucional incómoda: ¿cómo es posible que haya funcionarios de un órgano legislativo desempeñándose en el Ejecutivo?

«Si nosotros estamos hablando de que la concepción de nuestra Constitución es que hay tres órganos distintos del Estado, que haya división de poderes para que no se concentre el poder en uno solo, entonces la gravedad de que funcionarios de la Asamblea Legislativa estén metidos en el Ejecutivo pone en cuestión toda esa concepción.»

Esta práctica, conocida coloquialmente como «botellas» (empleos ficticios o improductivos), no es nueva. Pero lo que sí es nuevo es la escala y la falta de transparencia con la que se maneja. Los diputados históricos, aquellos con 20 años o más en la Asamblea, son los que lideran esta expansión presupuestaria.

Un subsidio disfrazado de empleo público

La raíz del problema se remonta a la pandemia de COVID-19. Cuando el Gobierno de Nito Cortizo cerró el país durante 11 meses más de lo que lo hicieron otros países, el colapso económico fue brutal. Empresas cerraron, empleos desaparecieron. El Ministerio de Trabajo emitió resoluciones que permitieron suspender contratos, y muchas compañías simplemente no pudieron reabrir.

Cuando la economía se contrajo, el desempleo se disparó. En lugar de implementar un seguro de desempleo estructurado (como existe en Estados Unidos o Europa), el Gobierno optó por una solución política: expandir la plantilla estatal. Así, sin llamarlo subsidio, el Estado subsidiaba el desempleo mediante nombramientos en la Asamblea Legislativa, ministerios y otras instituciones públicas.

Hoy, en 2026, las consecuencias de esa decisión siguen pesando. La administración Mulino heredó una plantilla estatal inflada que es difícil de reducir sin consecuencias políticas inmediatas. Y aquí está el dilema: los diputados saben que su poder político depende de esos nombramientos. Son la moneda de cambio con la que negocian con el Ejecutivo.

La negociación política detrás del presupuesto

Este es el punto que muchos panameños no entienden: el presupuesto de la Asamblea no es una cuestión técnica, es una herramienta de negociación política. Cuando el Ejecutivo quiere que se apruebe una ley importante, los diputados responden: «Está bien, pero no toques nuestras plantillas».

Históricamente, las sesiones de presupuesto legislativo se han cerrado a puertas cerradas. La prensa externa (medios de comunicación) no tiene acceso. Solo la prensa oficial del Legislativo puede estar presente. Esto no es casualidad: es por diseño. Un sistema que no quiere ser visto.

Lo que hace que esto sea especialmente problemático es que los diputados que lideran esta expansión son los mismos que tienen 20 años en la Asamblea. Son los que conocen todas las reglas del juego político y saben exactamente cómo mantener el status quo.

¿Qué alternativa existe?

Algunos analistas sugieren que Panamá debería implementar un sistema de seguro de desempleo estructurado, similar al que existe en Estados Unidos (unemployment benefits) o en Europa. Bajo este modelo, una persona que pierde su empleo y cumple ciertos requisitos recibe un ingreso temporal mientras busca trabajo y se capacita. No es mucho dinero, pero es suficiente para no caer en la pobreza extrema.

¿Cuál sería el costo? Nadie lo ha calculado formalmente en Panamá. Pero la pregunta es válida: ¿cuánto cuesta mantener 321 empleados en la Asamblea versus implementar un programa de transferencias de efectivo (cash transfers) para desempleados que cumplan requisitos específicos?

El problema es que un seguro de desempleo no genera poder político. Un empleado en la Asamblea sí. Es un puesto que un diputado puede usar para negociar, para premiar aliados, para mantener su base política. Un programa de transferencias de efectivo es impersonal, no genera lealtad política.

La desconexión total del Legislativo

Lo que más preocupa a observadores de la vida política panameña es la desconexión total entre el Legislativo y la realidad económica del país. Los diputados hablan de millones como si fueran números abstractos. Pero cada millón que se gasta en plantillas es dinero que el país no puede invertir en infraestructura, educación o generación de empleo real.

Además, todo ese dinero tiene que salir de algún lado. Si no viene de ingresos tributarios suficientes, tiene que venir de deuda. Panamá está pidiendo prestado para pagar plantillas infladas. Es dinero que las generaciones futuras tendrán que devolver.

El sector educativo también sufre las consecuencias. Si el país no invierte en educación de calidad, no forma el capital humano que necesita para atraer inversión extranjera. Y sin inversión extranjera, no hay generación de empleos privados. Sin empleos privados, la presión sobre la plantilla estatal aumenta. Es un círculo vicioso.

El tema de los diputados presupuesto asamblea panama va más allá de números

Cuando se habla de diputados presupuesto asamblea panama, no se trata solo de cifras. Se trata de institucionalidad. Se trata de si los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) pueden funcionar con independencia y contrapesos reales, o si el Legislativo se ha convertido en una máquina de captura de rentas políticas.

La diputada Prado, durante la sesión, hizo una pregunta que nadie pudo responder satisfactoriamente: ¿por qué algunos funcionarios pueden ser votados (removidos) y otros no? La respuesta técnica es que hay leyes especiales, carreras administrativas, nombramientos especiales que los protegen. Pero la respuesta política es más simple: porque los diputados que los nombraron no quieren que sean removidos.

Herrera respondió que si votaba para remover a estos empleados, podría ser demandado y terminar pagando salarios caídos. Una respuesta que revela el verdadero problema: el sistema está diseñado para proteger a los empleados públicos improductivos, no para proteger al país.

¿Hacia dónde va esto?

La administración Mulino enfrenta un dilema. Necesita generar empleos para reducir el desempleo. Pero no puede hacerlo mediante la plantilla estatal sin comprometer las finanzas públicas. Necesita que el sector privado crezca y genere empleos. Pero el sector privado no crece si el país está endeudado hasta el cuello pagando plantillas infladas.

Algunos sugieren que la solución es invertir en educación y capital humano para atraer inversión extranjera. Otros dicen que hay que reducir la plantilla estatal de forma gradual. Otros más plantean que hay que implementar un seguro de desempleo real.

Lo que es claro es que el status quo no es sostenible. El país no puede seguir gastando 141.8 millones de dólares anuales en una Asamblea Legislativa que tiene 321 empleados permanentes. No cuando hay comunidades sin agua potable, escuelas sin recursos, y un desempleo estructural que no baja.

La pregunta que queda es si los diputados, especialmente los históricos que lideran esta expansión presupuestaria, están dispuestos a hacer los cambios necesarios. O si, como ha sucedido en el pasado, esto quedará como «otro tema más de Panamá en puntos suspensivos».


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