La exfiscal general interina de Estados Unidos revisará cómo la universidad manejó la denuncia presentada por una exestudiante que asegura haber sido agredida sexualmente por siete miembros de una fraternidad en 2024. El caso también
Universidad de Cornell encarga a exfiscal Sally Yates revisión independiente tras denuncia de presunta violación grupal
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | octubre 7, 2026Escucha este artículo
Panamá en Directo | Universidad de Cornell encarga a exfiscal Sally Yates revisión independiente tras denuncia de presunta violación grupal
La Universidad de Cornell designó a Sally Yates, exfiscal general interina de Estados Unidos, para dirigir una revisión independiente sobre la respuesta institucional a una denuncia de presunta agresión sexual grupal ocurrida en 2024 y que involucra a siete miembros de la fraternidad Chi Phi.
La decisión se produce en medio de una creciente presión sobre la universidad y después de que una exestudiante, identificada judicialmente como Jane Doe, presentara una demanda civil en la que sostiene que fue drogada y agredida sexualmente por siete hombres durante una fiesta de fraternidad en octubre de 2024.
Hasta ahora, ninguno de los siete señalados ha sido acusado penalmente y los hombres han negado haber cometido irregularidades.
Una revisión independiente sobre la actuación de Cornell
Yates tendrá a su cargo una evaluación amplia sobre la manera en que Cornell previene y responde a las denuncias de acoso, agresión sexual y otras conductas indebidas.
La revisión abarcará desde la recepción e investigación de las denuncias hasta los mecanismos de apoyo a estudiantes, los procesos disciplinarios, las apelaciones y la actuación de la policía universitaria.
Cornell informó que Yates y la firma King & Spalding, de la cual es socia, tendrán independencia para desarrollar el trabajo.
La exfuncionaria cuenta con una extensa trayectoria en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Fue fiscal federal en Georgia, fiscal general adjunta durante la administración de Barack Obama y asumió brevemente como fiscal general interina durante el primer gobierno de Donald Trump.
En 2017 fue destituida después de negarse a defender en tribunales la primera orden migratoria de Trump.
Yates también ha encabezado investigaciones de alto perfil, entre ellas una revisión sobre abusos y mala conducta en el fútbol profesional femenino estadounidense.
La denuncia que originó el caso
La exestudiante presentó en septiembre una demanda contra Cornell, siete hombres, la fraternidad Chi Phi y su propia asociación femenina universitaria.
Según la demanda, la joven se encontraba en estado de intoxicación durante una fiesta en octubre de 2024 y afirma que fue presionada para consumir ketamina antes de ser agredida sexualmente.
El documento también incluye mensajes de un chat entre miembros de la fraternidad que, según la demanda, estarían relacionados con lo ocurrido aquella noche.
La joven acudió posteriormente a la policía de Cornell. Sin embargo, en aquel momento no se presentaron cargos penales.
El fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, ha sostenido que la declaración inicial entregada en 2024 no proporcionaba, a juicio de su oficina, elementos suficientes para formular cargos.
Van Houten también reconoció posteriormente que determinada evidencia incluida ahora en la demanda civil —entre ella mensajes atribuidos a miembros de la fraternidad— no había llegado a manos de su oficina durante la revisión inicial del caso.
Cornell sí impuso sanciones internas
La universidad realizó paralelamente su propio procedimiento disciplinario.
De acuerdo con información divulgada sobre ese proceso, Cornell expulsó a dos de los estudiantes señalados, prohibió el ingreso al campus a otro que ya se había graduado y aplicó suspensiones u otras sanciones a varios de los restantes.
La fraternidad Chi Phi también fue excluida del campus.
Sin embargo, la respuesta institucional provocó críticas entre estudiantes y profesores, quienes han reclamado mayor transparencia y cuestionado si Cornell actuó con suficiente diligencia frente a la denuncia.
Las protestas se intensificaron en los últimos días, con estudiantes y docentes exigiendo explicaciones a la administración universitaria.
Nueva York reabre la investigación penal
El caso tomó una nueva dimensión el 1 de octubre, cuando la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la Oficina de la Fiscal General del estado como fiscal especial para investigar la presunta agresión sexual.
La fiscal general Letitia James confirmó que su oficina asumirá la investigación y señaló que el proceso estará guiado por los hechos y por la legislación aplicable.
Esto significa que actualmente existen dos revisiones distintas: por un lado, la investigación penal dirigida por la Fiscalía General de Nueva York y, por otro, la revisión independiente encargada por Cornell a Sally Yates sobre la actuación de la universidad y sus protocolos.
Un caso que sacude a Cornell
La controversia ha provocado protestas y cuestionamientos dentro de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.
El caso también volvió a poner sobre la mesa el debate sobre cómo las universidades investigan las denuncias de violencia sexual, qué nivel de coordinación debe existir entre las policías universitarias y las autoridades externas y cuáles son las garantías que deben existir tanto para quienes presentan denuncias como para las personas señaladas.
Mientras la revisión encabezada por Yates examinará la actuación institucional de Cornell, la Fiscalía General de Nueva York tendrá ahora la responsabilidad de determinar, a partir de una nueva evaluación de las pruebas, si existe fundamento para avanzar penalmente en el caso.
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