Debate sobre ley de contrataciones: entre pragmatismo y suspicacia política

En Panamá en Directo analizan la polémica ley de contrataciones aprobada en la Asamblea. Debate sobre pragmatismo, fiscalización y el rol del PRD en la política nacional.
Debate sobre ley de contrataciones: entre pragmatismo y suspicacia política

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | octubre 30, 2026 08:02 UTC-5
PANAMA EN DIRECTO - Debate sobre ley de contrataciones: entre pragmatismo y suspicacia política

Viernes 30 de octubre de 2026. Temprano en la mañana, el equipo de Panamá en Directo se reúne para analizar lo que ha dejado el debate legislativo de la víspera: una ley de contrataciones que divide opiniones y reaviva preguntas incómodas sobre cómo funciona realmente la política panameña.

El tema central es una modificación a la ley de presupuesto que amplía los montos de contratación directa de 500.000 a 1 millón de dólares para instituciones como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno. La propuesta fue presentada por el diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, junto con Luis Eduardo Camacho y Manuel Cohen. Y aquí comienza el nudo: mientras el ministro de Economía, Chapman, fue enfático en declarar que «el Ejecutivo no ha hecho esa propuesta», la ley pasó con 36 votos a favor y 20 en contra.

El voto de Neftalí Zamora y la pregunta incómoda

Desde el inicio, los conductores cuestionan si el diputado Neftalí Zamora fue el voto decisivo. La respuesta técnica es no: sin su voto, la ley hubiera pasado 35-20. Pero la pregunta política es más profunda: ¿por qué un diputado independiente que ha dicho no reelegirse votó a favor de una propuesta que genera tanta suspicacia?

Cuando le preguntaron directamente a Zamora, respondió que votó por pragmatismo. Pero eso no cierra el debate. Uno de los conductores lo plantea así: «Uno creería que este Zamora, que ha dicho que no se va a reelegir, estaría más cerca de un lado que de otro. Pero ya es decisión del diputado.»

Lo que queda claro es que los diputados independientes tienen una vara de medida más alta que los de los partidos tradicionales. Y cuando esa vara se baja, la suspicacia crece.

El camarón legislativo y la ley sustantiva versus la ley adjetiva

Un abogado escribió a los conductores señalando lo que llaman un «camarón legislativo»: meter una modificación a la ley de contrataciones públicas (ley 22) dentro de la ley de presupuesto, que es un instrumento diferente. En términos simples: la ley sustantiva dice qué puedes hacer; la ley adjetiva dice cómo hacerlo. Mezclar ambas en un presupuesto es técnicamente cuestionable.

El diputado Camacho responde que ese artículo ya estaba en la ley de presupuesto desde hace 20 años, y que solo se modificó el monto. Pero el abogado que alertó sobre esto no es cualquiera: fue diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto. Conoce el tema.

Aquí emerge una tensión real: ¿es legal meter una modificación a otra ley dentro del presupuesto? Si alguien lo cuestiona ante los tribunales, ¿qué pasará? El Ejecutivo podría vetar parcialmente la ley, pero Chapman ya dijo que no es propuesta suya. Eso deja un vacío político incómodo.

Benicio Robinson y la sombra del 1 de julio

Uno de los conductores insiste en una teoría que ha mantenido desde hace meses: el 1 de julio de 2024 marcó un punto de quiebre. Ese día, el PRD —que había sido derrotado de manera «aparatosa» en las elecciones presidenciales de mayo— fue «reflotado» por una alianza entre el Ejecutivo y la Asamblea.

¿Por qué? Porque el Ejecutivo decidió que era más fácil pactar con Benicio Robinson que negociar proyecto por proyecto con la bancada de Vamos. Esa decisión estratégica tiene consecuencias: Robinson ha recuperado músculo político. Y eso se ve en cada propuesta que lleva su firma.

El problema, según los análisis en la mesa, es que Robinson es la misma persona que hace una semana decía que se merecía una planilla de 200.000 dólares mensuales por sus 40 años en la Asamblea. ¿Cómo confiar en sus propuestas sobre contrataciones públicas cuando su propia visión del gasto estatal es tan cuestionable?

«Si yo fuera el Ejecutivo, la última persona que quisiera que presentara una ley sobre fondos públicos sería Benicio Robinson. Políticamente eso no tiene sentido.»

Esa es la pregunta que flota: ¿el Ejecutivo realmente no sabía de esta propuesta? ¿O es una de esas «técnicas legislativas» donde el Ejecutivo le pide a un diputado que presente algo para que no parezca que viene del gobierno?

El pragmatismo versus la transparencia

Aquí es donde el debate se vuelve más profundo. Uno de los conductores plantea que el verdadero blindaje en tiempos modernos es la transparencia. No importa si la ley es buena o mala, si Robinson la propuso o si el Ejecutivo guiñó el ojo. Lo que importa es cómo se fiscalice el dinero que se gaste bajo estas nuevas reglas.

Y hay un contexto importante: estamos en estado de emergencia por el terremoto del 9 de octubre. El Ejecutivo necesita ejecutar rápido. Construir casas, reparar infraestructura, llegar a las comunidades afectadas en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

El Banco Nacional presentó un plan técnico ambicioso: un fideicomiso para financiar la construcción de viviendas, con fechas concretas (marzo de 2027 para entregar miles de casas) y un mecanismo de pago acelerado. Eso fue aplaudido por los conductores como «una de las mejores exposiciones técnicas» que ha hecho el Estado para resolver un problema real.

Entonces, ¿por qué la suspicacia sobre la ley de contrataciones? Porque ampliar de 500.000 a 1 millón de dólares en contrataciones directas, sin licitación, abre la puerta. Una contratación de 1 millón es manejable. Pero 100 contrataciones de 1 millón cada una es otra cosa. Y nadie está fiscalizando eso en tiempo real.

El trauma de la pandemia

Uno de los conductores lo dice claramente: «Yo todavía tengo un trauma después de la pandemia de cómo se usó el estado de emergencia. Primero indefinidamente, después la cantidad de cuestionamientos sobre cómo se hicieron las compras.»

Por eso se bajó el monto de 1 millón a 500.000 hace un año. Fue una reacción a los abusos de Cortizo. Ahora, con Robinson proponiendo subirlo de nuevo, la desconfianza es lógica.

Pero aquí también hay un argumento pragmático válido: el MOP, el Ministerio de Educación y el de Gobierno tienen responsabilidades enormes en una emergencia. 500.000 dólares es poco para reparar un puente, reconstruir una escuela o habilitar un centro de salud. 1 millón sigue siendo poco si lo comparas con la magnitud del desastre.

La tensión es real: entre la capacidad del Estado para ejecutar rápido y la necesidad de fiscalizar. Usualmente, esos topes existen porque los contratos más pequeños son más fáciles de supervisar. Ampliarlos requiere más vigilancia, no menos.

¿Guiño de ojo del Ejecutivo?

Uno de los conductores, que trabajó en la Asamblea, explica cómo funciona esto en la práctica: a veces el Ejecutivo le dice a un diputado «propón esto» porque políticamente es mejor que no parezca que viene del gobierno. Es una técnica legislativa común en todos lados.

¿Incluyó Chapman en ese guiño de ojo? Aquí las interpretaciones divergen. Chapman fue enfático: «El Ejecutivo no ha hecho esa propuesta.» Pero no dijo «rechazamos esa propuesta» ni «nos disgusta». Solo se distanció de la autoría.

Eso puede leerse de dos formas: o el Ejecutivo realmente no sabía (poco probable), o Chapman estaba haciendo distancia política mientras el Ejecutivo deja que pase. En política, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice.

La CIDH y Nicaragua: el tema que falta

Hacia el final del programa, uno de los conductores hace un giro: mientras Panamá debate leyes de contrataciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha estado sesionando esta semana. Y hay un tema que Panamá casi no menciona: Nicaragua.

Allí, un derecho tan fundamental como la libertad de culto se ha convertido en un campo de batalla. Iglesias cerradas, pastores perseguidos, fieles encarcelados. Y Panamá, que habla de Colombia, de Europa, de todo, casi no habla de lo que ocurre «cerquita».

Es un recordatorio de que mientras se debate sobre montos de contratación y guiños de ojo políticos, hay crisis humanitarias más urgentes en la región. Y que la fiscalización, la transparencia y el respeto a los derechos no son lujos: son necesidades.

El viernes 30 de octubre de 2026 quedó marcado por un debate que, en apariencia, es técnico. Pero que en el fondo es político: sobre quién controla el dinero público, cómo se gasta en emergencias, y si la política panameña puede encontrar un equilibrio entre ejecutar rápido y fiscalizar bien. El tiempo dirá si lo logra.


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