Contraloría presenta denuncia penal contra Panama Ports Company y exfuncionarios de la AMP por presuntas irregularidades

La acción legal se fundamenta en los hallazgos de una auditoría al contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa, que abarcó el período de 2014 a 2024.
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Contraloría presenta denuncia penal contra Panama Ports Company y exfuncionarios de la AMP por presuntas irregularidades

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | noviembre 18, 2026 12:10 UTC-5

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Panamá en Directo | Contraloría presenta denuncia penal contra Panama Ports Company y exfuncionarios de la AMP por presuntas irregularidades

La Contraloría General de la República presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por posibles delitos contra la Administración Pública, tras detectar presuntas irregularidades en una auditoría al contrato suscrito entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S.A. (PPC).

La denuncia, interpuesta el martes 17 de noviembre, incluye a quienes ocuparon cargos como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a los administradores generales de la entidad durante ese período y a la empresa Panama Ports Company.

Según informó la Contraloría este miércoles 18 de noviembre, la acción judicial se sustenta en los hallazgos de una auditoría financiera y de cumplimiento al Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, mediante el cual se formalizó la concesión a PPC, así como a sus posteriores modificaciones.

La investigación administrativa examinó el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024, con especial atención a los estados financieros de la empresa y al cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con el Estado panameño.

De acuerdo con la entidad fiscalizadora, durante la revisión se identificaron posibles irregularidades que podrían constituir delitos contra la Administración Pública, por lo que la documentación y los resultados de la auditoría fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación.

La Contraloría señaló que corresponde ahora a las autoridades judiciales determinar si los hechos denunciados configuran delitos, establecer las posibles responsabilidades penales e identificar a sus responsables.

Asimismo, recordó que los servidores públicos están obligados a informar a las autoridades competentes sobre cualquier hecho que, en el ejercicio de sus funciones, pueda constituir un delito.

Finalmente, la institución reiteró que continuará con su labor de fiscalización y que remitirá a las autoridades cualquier hallazgo que pueda representar una afectación a los recursos o al patrimonio del Estado.

La presentación de la denuncia no implica una determinación de culpabilidad, sino el inicio de las actuaciones que correspondan al Ministerio Público para esclarecer los hechos señalados por la Contraloría.


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