Administración Trump examina y suprime palabras como “diversidad” e “inmigrante” en contratos federales

La administración Trump ha dado una nueva directriz a los empleados del Gobierno para revisar los contratos federales relacionados con la fabricación de semiconductores. Según fuentes cercanas al proceso, los trabajadores del Departamento de Comercio han recibido una lista de casi 150 palabras —entre ellas “inmigrante”, “diversidad”, “Green New Deal”, “cambio climático”, “aborto” y “LGBT”— que deben buscar en los documentos de contratos que suman miles de millones de dólares.

Esta medida se enmarca en la supervisión de los contratos surgidos a partir de la Ley CHIPS, una iniciativa aprobada por el Congreso con amplio apoyo bipartidista y que fue una prioridad de la administración Biden. La ley, cuyo objetivo es impulsar la fabricación nacional de chips semiconductores críticos para sectores como la inteligencia artificial y la automoción, destinó más de 5.000 millones de dólares al Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores. De este monto, 250 millones se asignarán para crear un centro de formación laboral en Silicon Valley.

Sin embargo, desde el inicio surgieron críticas de republicanos y sectores conservadores, quienes consideraron que la administración Biden imponía requisitos progresistas excesivos a las empresas para acceder a estos contratos. Ahora, la Casa Blanca parece estar intentando revisar o incluso modificar dichos acuerdos, buscando eliminar condiciones relacionadas con temas como la diversidad, la inclusión y otros aspectos progresistas.

Una fuente cercana al asunto advirtió a CNN que “la gente no es plenamente consciente del riesgo de que esta administración anule estos contratos y empiece de cero”, lo que podría afectar la construcción de nuevas instalaciones y la contratación de universidades para investigaciones avanzadas. Este cambio podría tener serias repercusiones en la seguridad nacional y en la cadena de suministro, especialmente en un contexto en el que Estados Unidos busca reducir su dependencia de proveedores extranjeros, como China.

Uno de los puntos más delicados es la relación con la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), responsable de la única planta de semiconductores operativa en Estados Unidos. La fábrica se inició con la ayuda de trabajadores calificados traídos de Taiwán, y la anulación de contratos que faciliten esta colaboración podría complicar seriamente su funcionamiento.

Además, se ha generado inquietud por la intervención del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), vinculado a Elon Musk. Este organismo ha estado revisando diversos programas en el Gobierno federal, y su proximidad al área de semiconductores suma una capa adicional de preocupación. Empresas como TSMC, Intel y Micron entregaron información sensible y planes de crecimiento durante el proceso de adjudicación de contratos, confiando en que estos datos se mantendrían protegidos. Según una fuente, “nadie previó que Elon Musk pudiera entrar y volar la cerradura de la caja fuerte”, aludiendo al riesgo de que dicha información pudiera verse comprometida.

Hasta el momento, el Departamento de Comercio y los portavoces del DOGE no han ofrecido comentarios adicionales sobre la situación, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de los contratos y el impacto que estos cambios puedan tener en la industria de semiconductores en Estados Unidos.