Apede afirma que urge una revisión del marco jurídico minero en Panamá

Apede afirma que urge una revisión del marco jurídico minero en Panamá

En un comunicado la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), destaca la importancia de la actividad minera de recursos metálicos y no metálicos en el país y su contribución al modelo económico y de desarrollo. Según el comunicado, desconocer los beneficios de esta actividad para la economía y las comunidades locales equivale a limitar el crecimiento y la prosperidad de Panamá.

Sin embargo, recientemente se ha presentado una decisión tardía y cuestionable por parte de la Corte Suprema de Justicia, poniendo en riesgo la inversión privada más importante del país, tanto en términos de seguridad jurídica como de operación y beneficios. Se enfatiza que asuntos de tal trascendencia no deben dilatarse y afectar significativamente a empresas legalmente establecidas que han requerido de una considerable inversión. Por lo tanto, se demanda una mayor celeridad por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la toma de decisiones relacionadas con la operación de empresas legalmente constituidas.

La situación entre el Estado y Minera Panamá, tras la decisión de la CSJ, ha requerido la firma de un nuevo contrato que garantice mejores intereses para el país. Después de un arduo proceso de negociación, se ha llegado a un acuerdo que incluye elementos económicos más favorables para el Estado panameño en comparación con los pactados originalmente en 1997. Además, el acuerdo contiene cláusulas destinadas a salvaguardar el medio ambiente y garantizar la participación de la mano de obra panameña en la actividad minera, así como estipulaciones de cumplimiento necesario para esta industria.

En este sentido, se hace un llamado al Estado panameño para que, tras este proceso de negociación, se lleve a cabo una revisión integral del marco jurídico que regula la actividad minera. Según el comunicado, las leyes actuales distan mucho de la realidad de estas actividades, por lo que es imperativo que el gobierno proporcione a los organismos fiscalizadores los recursos presupuestarios, técnicos y profesionales necesarios para desempeñar adecuadamente su labor de fiscalización. Ambas condiciones deben abordarse con prontitud si se desea que la actividad minera sea un pilar sostenible en el desarrollo económico del país.

A pesar de que se considera que podrían haber existido mejores condiciones contractuales, se reconoce que, dadas las circunstancias en las que se llevó a cabo la negociación, cuando ya existía una inversión en marcha, el acuerdo no satisface todas las aspiraciones planteadas. Tras analizar los pros y los contras, se considera apropiado que la Asamblea Nacional apruebe el acuerdo alcanzado entre el Estado y Minera Panamá. Argumentan que el aporte económico y los beneficios que este acuerdo brinda a las comunidades de las provincias de Colón y Coclé, a los trabajadores directos e indirectos, a los proveedores y al Estado panameño, merecen que se busquen los mejores intereses para los ciudadanos del país.