Auditoría a Carrizo: duplicidades, presiones y dudas sobre la justicia

El abogado Pedro Meilán cuestiona la auditoría de Contraloría contra José Gabriel Carrizo por duplicidad de cifras y presiona por transparencia en el proceso judicial.
Auditoría a Carrizo: duplicidades, presiones y dudas sobre la justicia

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | abril 20, 2026 14:15 UTC-5
PANAMA EN DIRECTO - Auditoría a Carrizo: duplicidades, presiones y dudas sobre la justicia

El abogado Pedro Meilán llegó a la cabina con un mensaje claro: la auditoría de Contraloría contra José Gabriel Carrizo está «maquillada». No es una acusación menor. Es la piedra angular de un caso que mantiene al exvicepresidente bajo medida cautelar, con sus cuentas congeladas, enfrentando cargos por enriquecimiento injustificado.

Lo que Meilán presentó durante la entrevista no fue una defensa genérica. Fue un análisis técnico de lo que él considera errores sistemáticos en el informe de Contraloría: duplicidad de cifras, dineros no reconocidos con trazabilidad bancaria, y un proceso que, según su perspectiva, fue viciado desde el inicio.

El origen del conflicto: una auditoría que comenzó en junio

La historia, según Meilán, comienza casi un año atrás. En junio de 2025, Contraloría inició una auditoría que culminó con el envío del informe al Ministerio Público entre el 21 y 22 de enero de 2026. Tres días después, las órdenes de aprehensión contra Carrizo estaban en marcha.

Lo que preocupa al equipo de defensa es la velocidad. El informe llegó a Fiscalía, y en cuestión de días se giró la orden de captura. Carrizo estaba en Guatemala cuando se enteró. Tomó la decisión de regresar a las 2:00 a.m. para enfrentar la justicia.

Pero aquí está el primer punto de quiebre: Meilán sostiene que Fiscalía nunca envió el informe a medicina legal —los auditores de referencia del Ministerio Público— para una verificación independiente. ¿Por qué? Esa es la pregunta que la juez de garantía también hizo en la audiencia de imputación.

Las duplicidades: el corazón del argumento

Meilán llevó una pancarta a la audiencia. En ella explicaba lo que considera el error fundamental: duplicidad de cifras.

Según su análisis, Carrizo tenía una línea de crédito bancaria que pagaba intereses. Esa línea financiaba varios gastos: pagos de tarjetas de crédito, construcción de campos en Yanni Marín, e intereses del sobregiro. El problema, dice Meilán, es que la auditoría contabilizó estos mismos gastos dos veces.

«Tú me lo tienes aquí. Quién es todo ruro. Cómo que tú me lo vas a repetir acá abajo. Lo duplicaste. Eso se llama martillar»

Pero hay más. La auditoría no reconoció $381,000 que provenían del suegro de Carrizo —una persona de «trayectoria reconocida» que vendió un contrato de telefonía y transfirió los fondos de forma bancarizada. Tampoco reconoció dineros de la madre de Carrizo, que provenían de plazos fijos con intereses, también con trazabilidad bancaria.

Y luego está el tema del negocio ganadero. Carrizo vendió casi 500,000 dólares en reses. La auditoría solo reconoció los pagos hechos por cheque, rechazando las facturas normales de venta de ganado —que, como señala Meilán, se hacen típicamente en efectivo en Panamá.

El jueves en Fiscalía: presión, pánico y preguntas sin respuesta

El 9 de abril, las tres auditoras de Contraloría fueron citadas a Fiscalía. El Contralor de la República apareció en el edificio, filmado subiendo al elevador con ellas. Luego, según el comunicado de la Procuraduría de la Nación, hubo una «intromisión» y se presentó una denuncia por delitos contra la administración de justicia.

El Contralor salió públicamente diciendo que las auditoras estaban siendo «tratadas como delincuentes», que no les habían permitido comer, y que él procedió a retirarlas.

Pero aquí es donde la narrativa se quiebra, según Meilán.

El viernes 10 de abril, las auditoras presentaron una declaración diciendo que se sentían mal: presión alta, dolor de cabeza, descompensación. Pidieron ser citadas el lunes a las 9:00 a.m.

El lunes 14 de abril, se presentaron nuevamente. Llegaron a las 14:10 horas y permanecieron entre diez y quince minutos. Su declaración, según Meilán, fue una repetición de la historia de cómo se abrió la investigación en Contraloría, cuándo fueron notificadas, cuándo pidieron prórroga (que les fue negada), y cuándo se envió el expediente a Fiscalía.

No tocaron los puntos que la defensa está atacando. No abordaron la duplicidad de cifras. No explicaron por qué ciertos dineros no fueron reconocidos.

«Si fuera lo mismo, se hubiera firmado y no se hubieran parado el jueves. Y fíjate lo que llevaba ocho horas aquí. Aquí se cumplió en dos horas y media»

Meilán lo ve así: si el jueves estaban siendo presionadas y tratadas como delincuentes, ¿por qué el viernes se sintieron mal? ¿Por qué pidieron esperar al lunes? ¿Y por qué el lunes su declaración no abordó absolutamente nada de lo que la defensa está cuestionando?

Para Meilán, esto sugiere que algo más estaba ocurriendo. Que las preguntas del viernes —probablemente sobre las inconsistencias en la auditoría— generaron pánico. Que el fin de semana hubo mediación. Que el lunes, las auditoras fueron a «ratificarse» nuevamente, sin abordar los puntos débiles.

El acceso a la denuncia: un derecho negado

Meilán dice que cuando pidió copias de la denuncia presentada por la Procuraduría, Fiscalía le respondió que no podía entregarlas porque «las auditoras nunca firmaron».

Pero cuando se presentó el martes 14, descubrió que sí habían firmado el lunes.

El problema persiste: nadie en el país ha visto la denuncia. Ni los medios de comunicación. Ni la defensa. El Código Judicial establece claramente que cualquier abogado puede acceder a cualquier carpetilla, pero Meilán dice que se la están negando.

Por eso presentó escritos ante Fiscalía y Procuraduría pidiendo acceso. Si se lo niegan, dice, irá ante los jueces de garantía por violación de derechos fundamentales.

¿Error o mala fe?

Cuando se le preguntó si la equivocación en millones de dólares era adrede o un error, Meilán fue directo:

«Hay dos salidas a responder: una que fue un error, o dos que hubo mala fe. No existe otra»

Y aquí está lo que más le preocupa: la mala fe también se demuestra cuando cometes un error y te lo callas. Cuando lo dejas correr hasta el final sin reconocerlo.

Meilán ha enviado la auditoría a diferentes profesionales. Todos dicen lo mismo: hay inconsistencias graves. Pero Contraloría y Fiscalía no van a reconocer el error, predice. Van a llevar el caso a juicio, donde eventualmente —está convencido— los jueces verán que está equivocado.

La etapa procesal y el derecho a investigar bien

Estamos en la etapa de investigación, que tiene una duración de seis meses. Meilán insiste en que esta es la etapa donde ambas partes pueden presentar pruebas y practicar diligencias. Es aquí donde Fiscalía debería verificar la auditoría con sus propios peritos antes de ir a juicio.

¿Por qué se llamó a las auditoras? Meilán tiene una hipótesis: no para que se ratificaran de lo que hicieron en enero, sino porque Fiscalía tenía dudas. Dudas que nacieron desde la audiencia de imputación, cuando la defensa presentó su informe contradictorio.

Lo que no entiende es por qué, si hay dudas, no se envió el informe a medicina legal para una revisión independiente antes de proceder con los cargos.

El contexto político: ¿quién se beneficia?

Cuando se le preguntó quién quiere ver a Carrizo preso, Meilán no dudó: «No creo que sea tan sólo él».

Señaló que Carrizo tenía una percepción muy baja en la población. Que el gobierno actual se beneficia de la narrativa de «agarrar a los que se llevaron dinero público». Que el presidente felicitó al Contralor, y luego dijo que los había llamado a ambos para que «se pusieran de acuerdo».

Para Meilán, eso es problemático. No se trata de que Carrizo sea inocente o culpable. Se trata de que el proceso debe ser impecable, porque hoy es Carrizo, pero mañana puede ser cualquiera.

Otros casos: Héctor Brands y Elvis Rodríguez

Meilán también representa a Héctor Brands, quien está detenido y enfermo. Según el abogado, Brands tiene historiales clínicos de operación meses antes de su detención. Actualmente está en la cárcel con una sonda, con problemas renales graves (la creatinina elevada) que podrían derivar en diálisis.

Pidieron que lo mandaran a medicina legal para exámenes. Fiscalía se opuso. El juez ordenó que lo hiciera. Pero la cita fue programada un mes y medio después, cuando Meilán argumenta que debería haber sido inmediata.

Luego, alguien sugirió que los documentos de Santo Tomás podían ser falsos. Fiscalía abrió una investigación en tres días y lo mandó al Seguro Social. Pero para cambiar la medida cautelar por enfermedad, hay que esperar.

También está Elvis Rodríguez, socio de Brands, a quien llaman «testaferro». Y metieron a los hijos por lavado de dinero por transferencias de $28,000 en cinco años —dinero que, según Meilán, podría ser pago de universidad o manutención mensual.

El fallo de la lotería: un acto administrativo nulo

Meilán también fue abogado en el caso del contrato de la lotería. La Corte Suprema declaró nulo el acto administrativo. Los puntos fueron claros: el contrato cambió su objeto (se agregaron más juegos y premios), no tenía cláusula de prórroga (debería haber ido a licitación nuevamente), y exoneró ciertos impuestos en detrimento del Estado.

Aunque la Corte dio la razón en casi todos los rubros, solo uno de los tres magistrados votó por la suspensión. Los otros dos la negaron. Eso permitió que los operadores siguieran vendiendo durante tres años y medio más.

Ahora, aunque el acto fue declarado nulo, sigue siendo válido hasta que sea cosa juzgada. La lotería tiene que ejecutar las acciones correspondientes, pero hay trámites: edicto de cinco días, recursos que no caben, aclaraciones. Todo eso atrasa.

El llamado de atención final

Meilán cerró con una reflexión que resume su preocupación: las formas importan tanto como el fondo. Si esto se le hace a Carrizo de esta manera, se lo pueden hacer a cualquiera.

No se trata de si Carrizo es culpable o inocente. Se trata de que la justicia en Panamá no funciona como debería. Que hay velocidad cuando conviene, y lentitud cuando no. Que hay presión sobre auditoras, pero también negación de acceso a denuncias. Que hay mediación presidencial en procesos judiciales.

Eso es lo que preocupa. No el caso específico, sino el sistema que lo rodea.


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