Australia marca un precedente mundial al bloquear redes sociales para millones de menores

Australia se convirtió este miércoles en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, una medida histórica que ha generado atención internacional y que, para muchos padres y activistas, representa apenas el primer paso para proteger la salud mental de los jóvenes frente al impacto de las plataformas digitales. La nueva legislación federal, que obliga a compañías como Instagram, TikTok y Snapchat a bloquear cuentas de usuarios menores de edad bajo amenaza de multas millonarias, entró en vigor con un lanzamiento complejo y resultados dispares: mientras algunos adolescentes fueron expulsados automáticamente, otros descubrieron que sus cuentas siguen operativas, lo que evidencia los desafíos tecnológicos y de verificación que enfrentan las plataformas.

En la residencia oficial del primer ministro en Sídney, Anthony Albanese recibió a un grupo de padres que perdieron a sus hijos por suicidio relacionado con la actividad en línea, entre ellos Wayne Holdsworth, cuyo hijo Mac, de 17 años, murió tras ser víctima de una estafa de extorsión sexual. “Es muy triste. No debería estar aquí porque él debería haber estado protegido”, dijo Holdsworth, quien ha impulsado activamente cambios regulatorios y campañas de concientización. “Él debería haber sabido más”.

Para el Gobierno laborista, la prohibición es una victoria política que sitúa a Australia “respondiendo a un problema global” y liderando un movimiento internacional que busca poner límites al poder de las redes sociales. Albanese defendió la iniciativa como un acto de responsabilidad frente al daño creciente que, según múltiples estudios, el uso excesivo de estas plataformas causa en jóvenes y adolescentes. “Debemos responder a las súplicas de los padres y a la campaña de los jóvenes que dicen: déjennos ser niños”, afirmó.

La ley exige que las plataformas realicen “medidas razonables” para identificar y expulsar a usuarios menores de 16 años, proceso que continuará de manera permanente. Sin embargo, expertos como Tama Leaver, profesora de Estudios de Internet en la Universidad Curtin, advierten que la prohibición, aunque pionera, difícilmente detendrá problemas como el acoso cibernético, que trasciende plataformas específicas. “Es un avance mundial, pero las herramientas para hacerlo de manera efectiva aún no existen”, señaló.

El origen político del cambio se atribuye en parte a la influencia del libro The Anxious Generation, del psicólogo social Jonathan Haidt, cuyo planteamiento central sostiene que los padres han sobreprotegido a los niños en el mundo físico mientras los han dejado vulnerables en el entorno digital. La obra inspiró a líderes estatales australianos a impulsar legislación que posteriormente fue adoptada a nivel federal, con el apoyo de campañas de padres que exigían acción inmediata.

En vísperas de la entrada en vigor de la ley, Albanese envió un mensaje directo a los jóvenes, invitándolos a utilizar el tiempo fuera de las redes para desarrollar nuevas habilidades o hobbies, en línea con investigaciones que vinculan el desplazamiento vertical interminable —»scrolling»— con el aumento sostenido de la ansiedad juvenil.

Los especialistas que trabajan con adolescentes vulnerables advierten, no obstante, que eliminar su acceso a redes sociales también implica riesgos. Muchos jóvenes aislados dependen de estas plataformas para encontrar apoyo emocional y social, por lo que organizaciones y profesionales están creando nuevas vías de contacto para evitar que queden fuera de redes de seguridad esenciales. Los menores podrán recuperar sus cuentas cuando cumplan 16 años.

A nivel global, otros gobiernos observan con atención la experiencia australiana. Países como Reino Unido y Francia han tomado medidas parciales para limitar el acceso de menores a contenido inapropiado, mientras varios miembros de la Unión Europea estudian regulaciones más estrictas. En Australia, algunos comparan esta reforma con las leyes de armas aprobadas tras la masacre de Port Arthur en 1996, que se convirtieron en un precedente internacional en materia de seguridad pública.

La prohibición también enfrenta críticas. Organizaciones y académicos señalan que la medida podría vulnerar derechos de privacidad y expresión, y el Tribunal Superior australiano deberá analizar en los próximos meses los posibles efectos sobre la participación política de los jóvenes. Varias plataformas tecnológicas podrían presentar acciones legales para impugnar la ley.

A pesar de los desafíos, la comisionada de seguridad electrónica, Julie Inman Grant, asegura que el país está dando el primer paso hacia una transformación global en la protección digital de menores. “El mundo seguirá el ejemplo de los países que adoptaron nuestro modelo en tabaco, armas y protección solar. ¿Cómo no seguir el ejemplo de un país que prioriza la seguridad de los adolescentes por encima de las ganancias tecnológicas?”, afirmó.

Para Wayne Holdsworth, cuyo testimonio ha impulsado parte del movimiento social detrás de esta reforma, el objetivo ahora es asegurar que los niños reciban educación sobre riesgos digitales antes de obtener acceso a redes sociales. “Tenemos la oportunidad de educar a niños entre ocho y quince años para que, cuando lleguen a las plataformas, estén preparados”, dijo. “Mi hijo estaría muy orgulloso hoy”.