Bajo cumplimiento de declaración de intereses por parte de servidores públicos

Bajo cumplimiento de declaración de intereses por parte de servidores públicos

Hoy, 5 de abril, es el último día para que los servidores públicos en Panamá presenten su declaración de intereses particulares. Sin embargo, según los informes, solo el 50% de los aproximadamente 20 mil servidores, incluyendo autoridades máximas y elegidas y otros funcionarios, han completado el trámite de transparencia hasta el corte del 3 de abril.

La recién aprobada Ley 316 de conflictos de intereses obliga a los diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y otros funcionarios de alta jerarquía a presentar una declaración de intereses privados en los primeros 30 días después de haber asumido el cargo y a renovarla anualmente. A pesar de la nueva ley, solo el 39 de los 71 diputados han presentado su declaración de intereses privados, y menos de la mitad de los suplentes de los diputados lo han completado.

Los alcaldes y representantes de corregimiento tampoco están en mejor situación. De los 81 ediles, solo 10 han entregado el documento, mientras que solo lo han hecho 16 vicealcaldes de los 701 representantes, 153 lo han hecho, y solo 26 suplentes de representantes han cumplido con este trámite.

En contraste, el Órgano Judicial ha tenido una situación mucho mejor. Los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han cumplido con la presentación de su declaración de intereses privados.

La Ley 316 de conflictos de intereses tiene como objetivo promover la honradez, la transparencia y la objetividad en el servicio público, pero su efectividad dependerá del cumplimiento de los funcionarios. Aquellos que presenten información defectuosa o incumplan con los plazos establecidos pueden ser sancionados con dos o tres meses de salario. En casos más graves, cuando la información presentada sea falsa, los superiores jerárquicos pueden iniciar un proceso sancionador y aplicar la suspensión del cargo.

Sin embargo, la ley tiene un gran inconveniente: la declaración de intereses de los servidores de alta jerarquía no será pública. Aunque la nueva norma es un paso adelante en la lucha contra la corrupción, su implementación efectiva puede ser desafiante. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), encargada de verificar y comprobar las declaraciones de 20 mil autoridades máximas y elegidas, cuenta con un presupuesto reducido de $2,9 millones y solo 69 personas para llevar a cabo esta tarea.

En resumen, la Ley 316 de conflictos de intereses es una herramienta importante para la lucha contra la corrupción en Panamá, pero se requiere una mayor cooperación de los funcionarios para su implementación efectiva.