El pasado 24 de mayo, Cecibel García, excandidata a diputada por el circuito 8-6 (24 de Diciembre, Las Garzas, Las Mañanitas, Pacora, Pedregal, San Martín, Tocumen), presentó una impugnación contra las proclamaciones de los cuatro diputados electos en ese sector de la capital. La acción fue realizada a través de su abogado, Antonio San Martín.

García, madre de la exdiputada Katleen Levy, decidió impugnar tras recopilar toda la información referente al proceso electoral. En su recurso, alega haber encontrado al menos 66 actas con supuestas irregularidades, incluyendo «errores y tachones».

Los diputados afectados por esta impugnación son Alaín Cedeño (RM), Betserai Richards (libre postulación), Manuel Samaniego (coalición Vamos) y Raphael Buchanan (PRD).

Esta acción se suma a otras impugnaciones presentadas en diferentes circuitos, como el 8-2 (San Miguelito), el 8-4 (Panamá Centro), el 1-1 (Bocas del Toro) y el 13-4 (La Chorrera, en Panamá Oeste). Además, la Fiscalía General Electoral ha impugnado directamente la elección de Alaín Cedeño en el circuito 8-6.

La situación pone en duda la validez de las elecciones en estos circuitos y destaca la necesidad de revisar minuciosamente los procedimientos electorales para asegurar su transparencia y legitimidad.

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Dana Castañeda ha sido confirmada como diputada electa del circuito 2-3, a pesar de tener pendiente una apelación sobre la inhabilitación de su candidatura. Este proceso se inició antes de las elecciones del pasado 5 de mayo, pero hasta ahora, su elección permanece firme.

El 21 de mayo, Castañeda presentó su informe de ingresos y gastos de campaña en el Boletín Electoral del Tribunal Electoral (TE), sin que nadie impugnara su candidatura antes del 24 de mayo, plazo límite para hacerlo. Según su informe, gastó $98,589.82 de los $99,475.45 que recibió en donaciones privadas, aportando ella misma unos $25,000.

Para asumir su cargo en la Asamblea Nacional y no como subsecretaria del mismo órgano, Castañeda debe esperar la decisión del magistrado Alfredo Juncá sobre su inhabilitación. La demanda fue presentada por Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, quien argumenta que Castañeda violó el artículo 33 del Código Electoral al no renunciar a su cargo de subsecretaria del Legislativo.

La jueza Edmara Jaén aceptó esta demanda y aprobó la inhabilitación de Castañeda, indicando que efectivamente violó la normativa electoral. Sin embargo, Castañeda apeló esta decisión, dejando la resolución final en manos del magistrado Juncá. A pesar de esto, pudo participar en las elecciones ya que la decisión de la jueza no estaba firme debido a la apelación.

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A casi un mes de las elecciones generales del 5 de mayo, aún no se han oficializado los nombres de los diputados que representarán a Panamá en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el próximo quinquenio. Estos 20 diputados son elegidos de forma indirecta, dependiendo de la cantidad de votos obtenidos por cada partido.

La presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio (JNE), Nibia Roxana Castrellón, declaró que aún hay decisiones pendientes antes de publicar los nombres de los diputados electos. Castrellón destacó el compromiso de la JNE con la transparencia en este proceso.

En las elecciones del 5 de mayo, 3,004,083 ciudadanos estaban habilitados para votar, y 2,332,864 ejercieron su derecho, lo que representa casi un 80% de participación en algunas áreas, llegando hasta el 90%.

Con el proceso electoral aún en marcha, la JNE trabaja para garantizar que la oficialización de los diputados del Parlacen se realice con la máxima transparencia y en beneficio de todos los panameños.

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Zulay Rodríguez, actual diputada del PRD que buscaba reelegirse por libre postulación, impugnó este domingo la proclamación de Luis Omar Ortega como diputado por residuo en San Miguelito. Su abogado, Herbert Young, explicó que la impugnación se dirige exclusivamente a Ortega y no afecta a los demás diputados proclamados.

En paralelo, José Ruiloba Pineda, impugnó 24 de las 524 actas de la elección a diputado del circuito 8-2. Esta demanda podría afectar las curules de la coalición Vamos, cuyos independientes lograron cuatro de las siete curules en las elecciones del 5 de mayo.

Ruiloba Pineda, postulado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), obtuvo 13,500 votos. Los diputados electos por cociente fueron Eduardo Gaitán, Alexandra Brenes y Luis Lucho Duke, mientras que Yarelis Rodríguez fue electa por residuo.

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El excandidato a diputado Ubaldo Vallejos ha presentado una impugnación contra la proclamación de Benicio Robinson como ganador de una curul de diputado por el circuito 1-1 en Bocas del Toro. La acción fue interpuesta en el Juzgado Segundo Administrativo Electoral el pasado 5 de mayo, tras las elecciones generales.

Vallejos, acompañado por sus abogados Herbert Young y Dionicio De Gracia, llegó al Tribunal Electoral (TE) en Ancón a las 2:30 p.m., donde afirmó tener pruebas de que Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático, violó normas electorales durante la campaña.

Entre las razones para la impugnación, Vallejos destaca que Robinson habría excedido el tope de gastos de campaña. Robinson reportó al TE un gasto de $144,877, pero Vallejos asegura que esta cifra es inexacta, alegando que Robinson no incluyó gastos significativos en estructuras para mítines, toldas personalizadas, publicidad y otros eventos políticos. Según Vallejos, el alquiler diario de las toldas personalizadas es de $1,500, y Robinson también regaló bicicletas y realizó otras actividades costosas.

Vallejos basa su demanda en tres causales principales: el exceso en el tope de gastos de campaña, la entrega de dádivas que alteraron la voluntad del electorado, y violaciones a diversas normas del Código Electoral. Confía en que la demanda será admitida y se llevará a cabo la audiencia correspondiente.

Reunir las pruebas no fue tan complicado como obtener los $25,000 necesarios para la fianza del recurso. Vallejos y su equipo lograron reunir el dinero gracias a una colecta y un yapitón, por lo que agradece a todos los que contribuyeron.

La impugnación pone en riesgo la reelección de Robinson, cuya curul en la Asamblea Nacional ahora depende del resultado de este proceso legal.

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Alejandro Pérez, candidato a diputado por el partido Realizando Metas (RM), presentó una demanda el 19 de mayo pidiendo la nulidad de la elección en el circuito 8-4. Pérez argumenta que hubo irregularidades en el conteo de votos que perjudicaron a su partido.

En un comunicado, Pérez afirmó que la curul le fue «arrebatada de manera fraudulenta» y que estas irregularidades inflaron el cociente electoral. Señaló que las inconsistencias se evidenciaron en la transmisión de resultados del Tribunal Electoral.

El 9 de mayo, se adjudicaron las cinco curules del circuito 8-4 a Roberto Zúñiga y Jorge Bloise de la coalición independiente Vamos; Javier Sucre del PRD; y Ernesto Cedeño y Grace Hernández del Movimiento Otro Camino (Moca). Ante las reclamaciones de Pérez, Mario Díaz, presidente de la junta de escrutinio del circuito, afirmó que no hubo inconsistencias en el proceso.

Jorge Bloise reaccionó al comunicado de Pérez, confirmando que la impugnación afecta a los cinco diputados electos y que todos deben presentar pruebas y participar en la audiencia correspondiente. Bloise subrayó la importancia de un proceso legal transparente.

Pérez está solicitando que se realicen nuevas elecciones en 25 mesas, de las cuales 11 fueron declaradas inconsistentes y no se contaron en el proceso final. Alega que hubo irregularidades como actas firmadas por personas ajenas y votos inflados. Exige que se cuenten las 11 actas no consideradas o que se celebren nuevas elecciones en las mesas impugnadas.

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Dana Castañeda, subsecretaria de la Asamblea Nacional, fue elegida diputada del circuito 2-3 (La Pintada, Natá y Olá) el pasado 5 de mayo, con el apoyo de cuatro partidos: Realizando Metas (RM), Partido Revolucionario Democrático (PRD), Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y Alianza.

Aunque ganó las elecciones, el Tribunal Electoral (TE) debe decidir si confirma su inhabilitación, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral. Esta inhabilitación se debe a que Castañeda no renunció a su puesto de subsecretaria a tiempo, como exige la ley electoral para los candidatos a cargos públicos.

Después de ser inhabilitada, su abogado César Ruiloba apeló la decisión, y ahora el caso está en manos de los magistrados del TE.

Castañeda ha sido mencionada para la nueva directiva de la Asamblea, pero la bancada de RM, en una reunión con el expresidente Ricardo Martinelli el 16 de mayo, decidió que su candidato a presidente será Luis Eduardo Camacho.

El fallo que la inhabilita también ordena que, una vez confirmada la sentencia, se envíe el expediente a la Contraloría para que se recupere el dinero de los salarios que Castañeda recibió desde que debía renunciar hasta el día de las elecciones.

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El martes 14 de mayo, Crispiano Adames, quien previamente había sido reelegido en el 8-3, hizo público su retiro del cargo de primer vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

En una carta dirigida al CEN del partido, Adames expresó su preocupación por la desviación del PRD de sus principios fundamentales, basados en los ideales torrijistas de solidaridad y humildad.

Argumentó que el partido se había alejado de sus bases al restringir la consulta y la participación, así como al ignorar el derecho a disentir. Adames destacó la necesidad de una reflexión profunda sobre los resultados de las pasadas elecciones generales y advirtió sobre las consecuencias de la derrota, señalando que el PRD se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema.

Hizo un llamado urgente a las bases, estructuras y altas dirigencias del partido para llevar a cabo un acto de contrición político y un debate interno que permitiera un cambio de rumbo en la conducción del PRD, con el objetivo de recuperar su legitimidad y retomar la esencia transformadora y social legada por Omar Torrijos Herrera.

Adames presentó su renuncia como un paso necesario para propiciar una renovación y reestructuración en el partido ante la dura y aleccionadora derrota sufrida.

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En medio de un panorama político convulso, tanto el Partido Panameñista como Cambio Democrático enfrentan momentos de tensión interna, marcados por solicitudes de renuncia a figuras clave y sus respectivas directivas.

Porfirio Batista, Fiscal del Partido Panameñista, ha presentado una solicitud de expulsión contra Melitón Arrocha, excandidato presidencial por la libre postulación, por lo que él considera un acto de traición hacia el partido. Arrocha, quien logró recolectar un significativo número de firmas para su candidatura, sorprendió al respaldar públicamente la candidatura de Martín Torrijos del Partido Popular, apenas días antes de las elecciones del pasado 5 de mayo. Aunque no renunció oficialmente al panameñismo durante su campaña, Batista argumenta que su apoyo a otro candidato implicó una renuncia tácita a su postulación independiente.

Por otro lado, un grupo dentro de Cambio Democrático, denominado ‘Vanguardia Democrática’, ha exigido la renuncia inmediata de Rómulo Roux, presidente del partido, y de su directiva, tras la derrota sufrida en las elecciones del 5 de mayo. Esta derrota, la segunda consecutiva para el partido, ha generado un profundo malestar entre los miembros de la organización, quienes señalan que la actual dirección no ha sabido representar adecuadamente sus intereses ni conectar con las necesidades de la población. Además, este grupo demanda la convocatoria de elecciones internas para establecer un nuevo liderazgo, advirtiendo que de no concretarse, realizarán una autoconvocatoria de acuerdo con los estatutos del partido.

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El Tribunal Electoral (TE) ha revelado cifras que marcan un hito en la historia electoral del país. Según los datos proporcionados, el 77.7% del electorado ejerció su derecho al voto en las elecciones celebradas el pasado 5 de mayo, marcando así el porcentaje más alto de participación desde 1994.

Comparado con elecciones anteriores, este índice representa un aumento significativo en la participación ciudadana. En el año 1994, por ejemplo, el 73.7% del padrón electoral acudió a las urnas, mientras que en las elecciones de 1999, 2004, 2009, 2014 y 2019, los porcentajes oscilaron entre el 73% y el 76.9%.

Estos números no solo reflejan un incremento en la conciencia cívica de la población, sino también un mayor interés y compromiso con el proceso democrático del país.

Cabe destacar que en 1994, el ganador de las elecciones fue Ernesto Pérez Balladares, seguido por Mireya Moscoso en 1999, Martín Torrijos en 2004, Ricardo Martinelli Berrocal en 2009, Juan Carlos Varela en 2014 y Laurentino Cortizo Cohen en 2019.

El aumento en la participación electoral sugiere una mayor confianza en el sistema democrático y una voluntad renovada de los ciudadanos para influir en el destino político de la nación.

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