Coima de hasta 10% en obras estatales  ‘como ayuda política’ 

Coima de hasta 10% en obras estatales  ‘como ayuda política’

Los porcentajes que cobraban los exfuncionarios del pasado gobierno del 2009 al 2014 para acelerar los trámites de contratos con el Estado iban desde 1% hasta un 10% sobre el monto del proyecto gubernamental, según resume en la vista fiscal, del caso Blue Apple Services, la Fiscalía Sexta Anticorrupción del Ministerio Público.

Las investigaciones dejaron al descubierto la participación de exfuncionarios, empleados de bancos, abogados y allegados a la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) para presuntamente apropiarse de dineros del Estado.

Los desvíos de dineros se realizaron a través de varios esquemas: Uno mediante el cual las al menos siete empresas contratistas realizaban el contrato de factoring con la empresa Global Factor, garantizada con una factura o cuenta por cobrar del Estado, mientras que otro de los esquemas era a través de facturas ficticias (contra contratistas) sobre materiales, servicios y suministros de construcción.

En esta investigación también aparece Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente Martinelli, como vinculado a varias empresas que recibieron pagos o hicieron transacciones con Blue Apple Services, entre ellas, Corporación de Energía del Istmo, LTD, S.A.

Igualmente se acredita que Inmobiliaria GS del Mar, relacionada con el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez recibió «dinero ilícito o sucio proveniente de la sociedad Blue Apple Services y Corporación Libuna».

Los exfuncionarios de la administración del expresidente Martinelli pedían la coima justificando que era como ayuda política, de acuerdo con la declaración indagatoria de varios de los imputados.

Blue Apple Services funcionaba como una sociedad canasta donde eran depositados los dineros que se pedían a empresas constructoras a cambio de acelerar los trámites para el pago de los proyectos de construcción con el Estado.  Como parte del entramado, también se crearon otras sociedades, incluso fuera de Panamá, por medio de las cuales se movían los dineros.

En la vista fiscal se describe que Federico Barrios Alain, Joaquín Rodríguez Salcedo y Jorge Ruíz Sánchez concretaron el entramado de sociedades, que incluyen a Blue Apple Services.   Se trata de unas 29 sociedades anónimas que fueron constituidas en la República de Panamá, y que, según la información contenida en las facturas mantenían sede en lugares del interior del país (La Chorrera, Arraiján, Chame, Capira, etc.), no obstante, el aviso de operación de cada una de estas empresas, registraban la misma dirección domiciliaria, es decir, Ricardo J. Alfaro, Century Tower, Apartamento 1909.

En ampliación indagatoria rendida por Juan Alexis Rodríguez, representante de Constructora Rodsa, S.A., este indicó que en una ocasión estuvo en el Ministerio de Obras Públicas, donde fue citado por el entonces ministro Jaime Ford, quien le dijo que «para agilizar los trámites de proyectos, tenía que dar el dinero para la ayuda política».

Igualmente, Rodríguez dijo que el exadministrador de contratos del Ministerio de Obras Públicas, Jorge «Churro» Ruiz, le planteó que podía agilizar órdenes de pagos, planos y otros, pero debía pagar entre el 8% a 10% del precio del contrato adjudicado. Según señala la vista fiscal, el monto de dinero correspondiente se entregaría mediante desembolsos o pagos en periodos de seis, ocho meses o un año, dependiendo de la ejecución del proyecto en específico.

En sus descargos, Rodríguez junto a Carlos Cerdas Araya, representante de Constructora Meco, S.A. ambos imputados en este caso aceptaron los cargos y colaboraron sobre los movimientos financieros en los que se involucra a Blue Apple Services.

Además, se recibió declaración indagatoria a Alberto Jurado Rosales, de la empresa Bagatrac; Juan Daniel Girón, de GS Contractors;  César Jaramillo Gutiérrez, de Conalvías; Jorge Enrique Espino Méndez, y  Julián Paris Rodríguez, de Concepto y Espacios; y Eduardo de Bello Robles, de Ingeniería R.E.C., S.A.

Todas estas empresas constructoras hicieron depósitos a la cuenta de Blue Apple por distintos montos.

En la  indagatoria, Rodríguez declaró que en 2012, una vez refrendado el contrato para la ampliación y mejoras sanitarias del alcantarillados de Chitré y alrededores de la provincia de Herrera, recibió llamada de Giacommo Tamburelli, quien ejercía como director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), y le manifestó que tenía que darle un porcentaje del dinero del monto del contrato en concepto de ayuda política, y que el pago era aproximadamente de 3.5 millones de dólares de los cuales depositó en las cuentas de Blue Apple Services, Dover Agency, Blanch International y Federico Barrios. El proyecto adjudicado a Constructora Rodsa tenía un costo de $44 millones y entre sus principales componentes, contemplaba la extensión y mejoras del sistema de alcantarillado del distrito de Chitré, Herrera, para entregar la obra en abril del 2013.

Pero dijo Rodríguez que como quiera que el expresidente Martinelli se había enterado de este cobro, “le ordenó a Tamburelli devolver el dinero, sin embargo, sólo le devolvió $900 mil para lo cual firmaron un contrato de préstamo ficticio para justificar la transacción”.

Otra de las obras mencionada en la vista fiscal y por la cual se negoció el cobro de 5% para agilizar el trámite fue el intercambiador vial en la carretera panamericana (Howard), tramo puente de las Américas-Arraiján adjudicada por el MOP a Meco,S.A. por 43.8 millones de dólares.

El Ministerio Público también hace referencia a otros contratos de inversión con el Estado que fueron utilizados para cobrar por la agilización de trámites, particularmente del Ministerio de Obras Públicas.

De acuerdo con la vista fiscal, las compañías que recibían los pagos eran manejadas por Joaquín Rodríguez, oficial de Cuentas del Departamento de Global Factor, quien era el que conocía a los contratistas y el señor Federico Barrios, quien se encargaba de gestionar las facturas y el pago de las mismas, ya sea en efectivo o compra de bienes.

Según el Ministerio Público, con el caudal probatorio que se mantiene hasta el momento quedó debidamente acreditado que la sociedad Blue Apple Services Inc., fue constituida en la República de Panamá con fines de blanqueo de capitales a través de su cuenta en el banco Banesco, en contubernio con las empresas constructoras.   El Ministerio Público tiene programada una audiencia del 10 al 28 de julio de 2023 contra 24 personas por el delito de blanqueo de capitales en el caso Blue Apple, 11 de estas también por asociación ilícita y 2 por corrupción de funcionarios públicos.

En este proceso el Estado ha podido recuperar por la devolución de fondos desde las empresas constructoras, 31 millones de dólares según lo revela la vista fiscal.