Corte Suprema asigna al magistrado Olmedo Arrocha la investigación del caso Jericó contra el diputado Pineda

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha decidido transferir al magistrado Olmedo Arrocha el caso de presunto blanqueo de capitales que involucra al diputado Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Esta decisión surge tras una revisión del Pleno, que aprobó redirigir las sumarias originalmente asignadas al despacho de la magistrada Ángela Russo.

El caso, vinculado a la operación Jericó, incluye la reciente entrega de evidencias por parte del Ministerio Público (MP). En esta ampliación, enviada el pasado 7 de noviembre, se detallan nuevas pruebas que incluyen interceptaciones telefónicas, conversaciones y audios que mencionan al diputado. Entre los hallazgos se destaca el uso presunto de fondos para actividades relacionadas con la campaña electoral de mayo, como pagos a colaboradores y la movilización de votantes en áreas con baja participación.

Las interceptaciones apuntan también a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado, quien presuntamente habría manejado dinero para estos fines. Las autoridades consideran que estas acciones podrían constituir un esquema de lavado de activos, en el que recursos de origen ilícito se habrían utilizado para fines políticos.

Esta no es la primera vez que el nombre del diputado Raúl Pineda se menciona en investigaciones relacionadas con el caso Jericó. Sin embargo, en un fallo emitido en julio, también bajo la ponencia del magistrado Arrocha, se determinó que el MP no había presentado una relación clara de los hechos que involucraban al parlamentario.

Además, otra denuncia presentada por la excopartidaria Zulay Rodríguez contra Pineda, en octubre pasado, también será revisada por Arrocha, dado que menciona hechos y personas relacionados con la operación Jericó. Rodríguez acusa al diputado de tener participación en actos delictivos investigados en el caso.

La transferencia del caso a un solo magistrado busca centralizar las investigaciones y asegurar que todas las pruebas y denuncias sean analizadas de forma coherente. Por ahora, el país sigue atento al desarrollo de este proceso que podría tener implicaciones significativas en el ámbito político y judicial.