Corte Suprema deja sin efecto amparo y reactiva proceso penal contra Aaron Mizrachi en caso Odebrecht

La Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió revocar el amparo de garantías constitucionales que favorecía al empresario Aaron Mizrachi Malca, una decisión que reactiva la acusación penal en su contra y lo obliga a enfrentar un juicio dentro del caso Odebrecht.

La medida fue notificada este martes mediante el Edicto N.° 391, con lo cual el máximo tribunal del país cierra la última vía legal que había mantenido al empresario fuera del proceso judicial por presunto blanqueo de capitales.

El fallo, adoptado de forma unánime bajo la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, deja sin efecto la decisión emitida el 16 de septiembre de 2025 por el Primer Tribunal Superior, que había concedido un amparo a favor de Mizrachi y anulado los cargos en su contra. En ese momento, los magistrados Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro concluyeron que la Fiscalía Especial Anticorrupción no había detallado adecuadamente aspectos esenciales de la imputación, como el modo, tiempo y lugar de los hechos, lo que constituía una causal de nulidad conforme al artículo 2294 del Código Judicial.

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Esa decisión permitió que Mizrachi quedara excluido del juicio principal del caso Odebrecht, que se desarrolló entre el 12 de enero y el 27 de febrero de 2026. Sin embargo, con la nueva resolución de la Corte Suprema, se restablecen los efectos del Auto N.° 103 del 4 de abril de 2025, mediante el cual el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales ordenó su llamamiento a juicio.

Como consecuencia, la jueza Baloisa Marquínez deberá fijar una nueva fecha para la audiencia correspondiente, en la que Mizrachi tendrá que comparecer, presentar pruebas y enfrentar el proceso penal, al igual que lo hará la Fiscalía Anticorrupción.

El caso Odebrecht es uno de los expedientes judiciales más complejos y extensos en Panamá, con más de 3,000 tomos de pruebas. Durante el juicio, que se prolongó por 46 días, la Fiscalía solicitó condena para 16 de los 21 imputados, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli, varios exministros, empresarios y figuras políticas. Asimismo, pidió la absolución de cinco acusados.

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En sus alegatos finales, la fiscal Ruth Morcillo expresó confianza en la solidez del material probatorio, aunque admitió que no todos los elementos pudieron ser incorporados, señalando que no existe una investigación perfecta. Por su parte, los abogados defensores cuestionaron la validez de las pruebas y denunciaron la ausencia de testigos clave, solicitando fallos absolutorios para sus representados.

Al cierre de la audiencia, el 27 de febrero, la jueza Marquínez se acogió al término de ley para emitir su veredicto, una decisión que podría demorar más de 30 días debido al volumen del expediente.

En paralelo, varios imputados no participaron en ese juicio y serán procesados por separado. Entre ellos figuran el expresidente Juan Carlos Varela, el exministro de Obras Públicas Jaime Ford y los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes, en su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), deben ser juzgados por la Corte Suprema.

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También permanecen fuera de la audiencia la exdirectora de Conades, Danna Harrick Atie, así como la brasileña Luz Elena de Sousa, el estadounidense Barry Williams Herman y Javier Díaz Torres, señalados por presuntamente colaborar en el manejo y ocultamiento de fondos provenientes de la denominada Caja 2 de Odebrecht.

Con esta decisión, el proceso judicial suma un nuevo capítulo, reconfigurando la situación de uno de los implicados que había logrado apartarse del juicio mediante recursos legales previos.