Dineros de los proyectos de las ciudades deportivas de Colón y David en el caso New Business  

ROBO Y… NO SE HIZO ||| Caso New Business

Dineros de los proyectos de las ciudades deportivas de Colón y David en el caso New Business  

Las investigaciones por el sonado caso de New Business, cuya audiencia contra los implicados culminó el pasado 2 de junio, se originó en febrero de 2017 cuando el diputado Jorge Iván Arrocha, miembro del Partido Panameñista, en ese momento en el gobierno, intervino en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional para referirse a la solicitud de que se investigara a Ricardo Chanis, presidente de Editora Panamá América, S.A. (Epasa).  Tres años antes, Chanis había sido  miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros entre 2009 y 2014 en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

El caso New Business se refiere al supuesto delito de blanqueo de capitales cometido por un grupo de personas, entre los cuales aparece el expresidente Martinelli Berrocal, luego del movimiento de millonarias sumas de dinero que fueron enviadas a una cuenta canasta con el fin de recolectar los fondos para la compra del grupo editorial Epasa.

Una semana antes de que Arrocha se refiriera al tema en el periodo de incidencias de la Asamblea en enero de 2017 se había denunciado que en menos de 7 días la junta directiva de la Caja de Ahorros, de la cual Ricardo Chanis era miembro, había aprobado un préstamo por 7 millones de dólares a Henry Moisés Mizrachi, éste último para ese entonces era miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

De acuerdo con el Auto Mixto del Órgano Judicial, esa suma de dinero posteriormente fue depositada a nombre de una sociedad que compró el grupo Epasa, propietaria de los diarios Panamá América, Crítica, Día  a Día, entre otros.

En sus señalamientos ante el pleno de la Asamblea, el diputado Arrocha dijo que la empresa Condotte Panamá y Asociados, S.A. cuyo representante legal era Giuseppe Stabilese había ganado dos proyectos millonarios con el Estado: la ciudad deportiva de Colón y la ciudad deportiva de David, Chiriquí. Por ambos proyectos el Estado hizo un adelanto de dinero, en el caso de la ciudad deportiva de Colón, 21 millones de dólares y meses después se desembolsó 600 mil dólares por la ciudad deportiva de David, transferidos a Global office Corporation donde Mizrachi era el representante legal, detalla el documento del Órgano Judicial.  El contrato de la ciudad deportiva de Colón era por 64.6 millones de dólares, es decir, que el adelanto de 21 millones de dólares al consorcio del contratista Condotte Panamá corresponde a más del 30%.

La transcripción de la intervención del diputado Arrocha en la sesión del 7 de febrero de 2017 fue enviada a la entonces procuradora Kenia Porcell Díaz por el entonces secretario de la Asamblea Nacional, Franz Wever a través de las notas 246 del 8 de febrero de 2017 y 249 del 17 de febrero de 2017.

En sus señalamientos, el diputado Arrocha también indicó que el señor Jesús Banderas de nacionalidad española con empresas en Panamá y en otras partes del mundo, transfirió a las dos cuentas de Mizrachi, a la cuenta personal y de Global Office Corporation, la suma de 372 mil dólares, “que le transfirió tanto para dinero para pagar el préstamo de 7 millones de dólares con la Caja de Ahorros. Dijo que Banderas era además socio del señor Riccardo Francolini, de la empresa Cemento Interoceánico y la Promotora y Desarrollo, y que el referido préstamo lo pagaron ocho empresarios”.

Tras estos señalamientos, se dio lugar a la apertura del sumario por la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada con la emisión del auto de proceso de fecha 6 de marzo de 2017 por la presunta comisión de un delito contra el orden económico.

Describe el documento que posteriormente el licenciado Jaime Abad presentó una denuncia el 18 de abril de 2017 ante el mismo despacho de instrucción en contra de la empresa Transcaribe Trading, S.A. cuyo representante legal era David Ochy y Excavaciones del Istmo, S.A. cuyo representante legal era Axel Gomez, porque según el denunciante, esas empresas actuaron en complicidad con ocho empresas más y se encuentran involucradas en la posible comisión de los delitos contra la administración pública y contra la seguridad colectiva, por hechos ocurridos entre los años 2009 y 2010 utilizando bienes y fondos del Estado.

Abad recordó que la empresa Transcaribe Trading, S.A. estuvo a cargo de la construcción del ensanche de la Autopista Arraiján-La Chorrera, cuya licitación se realizó por la suma de 152 millones de dólares y la empresa Excavaciones del Istmo, S.A. estuvo a cargo de la rehabilitación de caminos de Panamá Oeste, por la suma de 27 millones de dólares.

Ambas empresas recibieron dinero del Estado para la ejecución de obras públicas, pero parte de ese dinero fue ilícitamente destinado a la compra de otra empresa y para ello utilizaron presuntamente una cuenta overseas con la intención de disfrazar el entramado de sus transacciones bancarias, hacia una supuestamente relación bancaria de carácter internacional; sin embargo, todas las transferencias y movimientos bancarios se realizaron en la República de Panamá, señala el documento.

Según lo declarado por Abad, en la cuenta corriente 01-12-000087-6 de Global Bank Overseas fueron depositadas altas sumas de dinero presumiblemente provenientes de fondos públicos porque fueron transferidas desde cuentas de empresas que a su vez participaron en actos públicos y en consecuencia tenían alguna relación con el Estado.  Entre otras empresa intervinientes mencionó a Gladden Corporation, Fursys Latin Corp, Caribean Holding Services Ltd, High Spirit, Constructora Corcione & Asociados, Pavilion Financial Company, Pueblos 1D, S.A. y Gold Park Investment Inc.

La audiencia ordinaria por el caso de blanqueo de capitales, New Business, culminó el 2 de junio pasado luego de 9 días donde se presentaron testigos y peritos de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada y de los defensores, junto con sus alegatos. La juez Liquidadora de Causas Penales Baloisa Marquínez, se acogió al término de 30 días para decidir. El Ministerio Público, a través de los fiscales superiores Emeldo Márquez, Uris Vargas y el fiscal de Circuito, Gilberto Arona, quienes participaron de esta audiencia ordinaria, pidieron la  condena máxima para 13 personas y la absolución para dos por el delito de blanqueo de capitales.