E.U. urge a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante riesgo extremo de detenciones

Venezuela acusa a Estados Unidos de propaganda tras alerta por riesgo de detención arbitraria

El gobierno de Estados Unidos elevó este lunes su advertencia de seguridad al nivel más alto respecto a Venezuela, exhortando a todos sus ciudadanos y residentes permanentes legales a abandonar de inmediato el país sudamericano. La alerta, emitida por el Departamento de Estado, advierte de un contexto extremadamente riesgoso que incluye detenciones injustas, torturas, terrorismo, secuestros, disturbios civiles y una severa deficiencia en los servicios de salud.

La decisión se produce en un clima de relaciones diplomáticas rotas desde 2019, cuando la administración de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, provocando la ruptura de vínculos formales con el régimen de Nicolás Maduro. En consecuencia, Washington evacuó a su personal diplomático de Caracas en marzo de ese mismo año.

En su comunicado del 12 de mayo, el Departamento de Estado fue enfático: “No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”. Esta advertencia reitera la alerta previa emitida en julio de 2022, subrayando que las condiciones de riesgo no solo persisten, sino que se han intensificado.

El llamado de atención se basa también en datos de la organización no gubernamental Foro Penal, que documentó en febrero de 2025 que al menos siete ciudadanos estadounidenses se encontraban detenidos en Venezuela, dos de ellos con estatus de residentes permanentes. La situación ha encendido las alarmas en Washington, que ahora insta enfáticamente a sus nacionales a salir cuanto antes del país caribeño.

La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, Caracas calificó la nueva advertencia estadounidense como un “acto hostil cargado de cinismo, racismo y propaganda política”. El régimen de Maduro acusó a Washington de utilizar esta medida como parte de una “campaña de agresión permanente” contra Venezuela y rechazó categóricamente las acusaciones implícitas en la alerta.

“El gobierno de los Estados Unidos carece de autoridad moral para hablar de derechos humanos”, señaló el pronunciamiento oficial, que además denunció el trato recibido por migrantes venezolanos detenidos en El Salvador y posteriormente deportados, a los que —según Caracas— se les ha sometido a “tratos inhumanos” en centros que asemejan “campos de concentración”.

Venezuela también recordó imágenes “que siguen estremeciendo al mundo”, haciendo alusión a niños en jaulas, madres separadas de sus hijos y centros de detención masiva en suelo estadounidense, en una crítica directa a la política migratoria de Washington.

A pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas, ambos países mantienen ciertos canales operativos. De hecho, desde febrero se ha implementado un acuerdo para la repatriación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos, mediante el cual ya han sido deportadas cientos de personas.

En medio de este contexto de acusaciones mutuas, tensiones persistentes y ciudadanos detenidos, la advertencia estadounidense cobra un peso significativo. Representa no solo una preocupación por la seguridad de sus ciudadanos, sino también una manifestación de la complejidad que atraviesa el vínculo entre Caracas y Washington, marcado por la desconfianza, la confrontación política y los intereses geopolíticos contrapuestos.