Ejecutivo promete no repetir “errores del pasado” en modelo portuario

El presidente José Raúl Mulino aseguró este lunes que la decisión del Estado de asumir el control administrativo de los puertos de Balboa y Cristóbal no constituye una expropiación, sino una medida transitoria para garantizar la continuidad operativa tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La declaración se produjo horas después de que se publicara en Gaceta Oficial la sentencia que declaró inconstitucional la ley que sustentaba la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company, filial del conglomerado asiático CK Hutchison.

“Se trata de asegurar la operación mientras se determina el valor real de los activos y se adoptan las decisiones correspondientes”, sostuvo el mandatario en un mensaje al país, en el que insistió en que no habrá afectación a la estabilidad laboral ni interrupción de servicios.

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Administración temporal y nueva licitación

El Consejo de Gabinete aprobó un esquema de administración provisional por un período máximo de 18 meses. En el caso del puerto de Balboa, la operación estará a cargo de APM Terminals Panamá, subsidiaria del grupo danés A.P. Moller – Maersk. Para Cristóbal, el operador transitorio será TIL Panamá, S.A., filial de Terminal Investment Limited.

Las autoridades explicaron que los contratos contemplan un pago fijo escalonado por la gestión, operación y mantenimiento de las terminales, mientras el Estado prepara una nueva licitación internacional bajo criterios de transparencia y competencia.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, detalló que los honorarios administrativos varían por tramo semestral, con una estructura decreciente durante el período de transición. Según estimaciones oficiales, el Estado podría percibir cerca de 100 millones de dólares durante esta etapa, considerando excedentes operativos y cánones de arrendamiento.

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Ingresos y áreas revertidas

El asesor Alberto Alemán Zubieta explicó que, bajo el nuevo esquema, los ingresos netos generados por la operación —es decir, la diferencia entre ingresos y egresos— ingresarán directamente a las arcas estatales. Asimismo, indicó que ciertos terrenos que formaban parte de la concesión anterior quedaron excluidos del contrato transitorio, lo que permitirá generar ingresos adicionales estimados en unos 20 millones de dólares anuales.

Garantías laborales y continuidad operativa

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aseguró que la transición se desarrollará sin paralizar las actividades portuarias, consideradas estratégicas por su ubicación en ambas entradas del Canal de Panamá. El administrador de la entidad, Luis Roquebert, afirmó que la prioridad es mantener el flujo del comercio internacional.

En el plano laboral, el Gobierno reiteró que se aplicará la figura de sustitución patronal para preservar los contratos, prestaciones y beneficios de más de 7.000 trabajadores vinculados a ambas terminales.

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Mulino adelantó que el siguiente paso será convocar un proceso abierto para otorgar nuevas concesiones bajo condiciones que, según indicó, deberán garantizar mayor transparencia, eficiencia e ingresos para el país. “Comienza una etapa distinta, con reglas claras y con los intereses nacionales como prioridad”, afirmó.

Mientras se ajustan sistemas y se normaliza el manejo de carga contenerizada, las autoridades señalaron que los puertos continúan operando y atendiendo distintos tipos de buques, con el objetivo de minimizar cualquier impacto en la logística regional.