El gobierno de Maduro rechaza sanciones de Estados Unidos y defiende a sus funcionarios

El gobierno de Venezuela rechazó enérgicamente las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra 16 funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro, calificándolas como un «crimen de agresión». Entre los sancionados se encuentran altos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el Parlamento venezolano, señalados por EE. UU. de apoyar fraudulentamente la reelección de Maduro en las elecciones de julio.

En un comunicado, el gobierno venezolano expresó que estas medidas coercitivas son «ilegales e ilegítimas», y que violan los acuerdos alcanzados en Catar para mejorar las relaciones entre ambos países. También acusó a EE. UU. de desestimar los principios del derecho internacional y de no respetar la autodeterminación de los pueblos.

Entre los nombres destacados en la lista de sancionados se encuentran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, y la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Rosalba Gil Pacheco. Además, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, también ha sido sancionado. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., estas figuras han facilitado la represión de la población y han actuado en contra de los intereses democráticos del país.

Las sanciones congelan todos los activos de estos funcionarios en Estados Unidos y les prohíben realizar transacciones financieras. A la fecha, más de 140 funcionarios venezolanos han sido sancionados bajo este esquema, y cerca de 2.000 personas enfrentan restricciones de visado por parte del gobierno estadounidense.

El gobierno de Maduro ha señalado que estas acciones solo fortalecerán la voluntad de los funcionarios sancionados, a quienes el gobierno considera defensores de la soberanía del país. Además, Venezuela asegura que EE. UU. continúa cometiendo «errores estratégicos» que no lograrán debilitar al gobierno venezolano.