El Gobierno de Trump impide a Harvard inscribir o mantener a estudiantes extranjeros

La Casa Blanca y Harvard frente a frente: un pulso con consecuencias académicas y políticas

El jueves 22 de mayo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la revocación de la autorización de la Universidad de Harvard para certificar a sus estudiantes en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP). En la práctica, esto impide que nuevos alumnos extranjeros se matriculen en la institución y obliga a los internacionales actualmente inscritos a buscar otra universidad o a abandonar el país bajo riesgo de perder su estatus legal. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fundamentó esta decisión en el supuesto “ambiente inseguro” que, según su carta, Harvard habría tolerado en sus campus, donde se habrían promovido “simpatías hacia Hamas” y se habría generado “hostilidad” contra alumnos judíos, al mismo tiempo que se practicaban políticas de diversidad e inclusión tachadas de “racistas e ilegales”.

Un cruce de acusaciones: seguridad nacional vs. autonomía universitaria
Por un lado, la Administración Trump sostiene que su intervención obedece al deber de garantizar la seguridad y cohesión nacional, señalando que las protestas vinculadas al conflicto israelo-palestino llevaron a “actos y discursos intolerables” en varias universidades de élite. Desde su perspectiva, cortar la certificación SEVP equivaldría a una sanción ejemplarizante que envíe un aviso a otras instituciones ante cualquier desbordamiento de agitación política.

Harvard, por su parte, calificó la medida de “ilegal e injustificada”. Jason Newton, vocero de la universidad, insistió en que el carácter internacional de la institución —con 6.793 estudiantes extranjeros, un 27,2 % de la matrícula total para el curso 2024-2025— es esencial para su misión académica y para la proyección global de Estados Unidos. Además, recordó que los estudiantes internacionales provienen de más de 140 países y generan un impacto económico y cultural significativo tanto en Boston como en el conjunto del país.

Implicaciones inmediatas y riesgos a mediano plazo

1. Deserción masiva de talento: Varios laboratorios de investigación, especialmente en áreas de ciencia y tecnología, dependen críticamente de doctores y posdoctorandos internacionales. Alertas internas advierten que, de implementarse la medida, la capacidad de innovación de numerosos grupos se vería drásticamente mermada.
2. Efecto dominó en la educación superior: Harvard actúa como precedente. Si otras universidades importantes sufrieran exclusiones similares, Estados Unidos podría perder su posición como principal destino de estudios de posgrado.
3. Tensión federal-estatal: Massachusetts y la propia ciudad de Cambridge han anunciado que considerarán acciones legales y recursos administrativos para defender la autonomía académica de Harvard, lo que podría traducirse en un choque institucional en tribunales.

Reacciones en el ámbito académico y político

• Jason Furman, economista de Harvard y exasesor de la Casa Blanca, tildó la decisión de “horrenda en todos los sentidos”, subrayando que la educación superior es una de las “grandes exportaciones” de EE. UU. y un pilar de su “poder blando”.
• Desde la Casa Blanca, Abigail Jackson, portavoz oficial, retrató a Harvard como “semillero de agitadores antiestadounidenses y antisemitas” y defendió la medida como una consecuencia lógica de su “falta de acción” ante presuntas actividades violentas y discriminatorias.
• Expertos legales consultados por medios especializados subrayan que la revocación de la certificación SEVP carece de un proceso judicial claro y podría ser impugnada por vía administrativa o federal, alegando violaciones al debido proceso y al principio de autonomía universitaria consagrado en la jurisprudencia estadounidense.

¿Un cambio de paradigma?
Más allá de Harvard, esta maniobra podría marcar un endurecimiento de las reglas migratorias aplicables a estudiantes. Analistas anticipan que, si la Casa Blanca consolida este tipo de sanciones, las universidades podrían redoblar la presión sobre el Congreso para sancionar leyes que blinden el estatus de los estudiantes internacionales y protejan la independencia de las instituciones.

La pugna entre la Administración Trump y Harvard trasciende el legítimo debate sobre el alcance de la protesta política en los campus y se erige como una encrucijada sobre la visión de la universidad como espacio de libre intercambio de ideas versus la prioridad de la seguridad nacional. El desenlace de esta disputa, todavía abierto —pues Harvard ya prepara recursos legales—, definirá no solo el futuro inmediato de miles de estudiantes extranjeros, sino también el rol de las universidades de élite en el posicionamiento global de Estados Unidos.