Empresario condenado a 15 años por caso de comida deshidratada del PAN

El empresario Rubén De Ycaza, representante legal de la empresa Lerkshore International Limited, fue condenado a 15 años de prisión por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, tras ser hallado culpable de su participación en un caso de corrupción vinculado a la adquisición irregular de alimentos deshidratados mediante el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

La sentencia fue notificada mediante el edicto N.º 843, fechado el 5 de mayo de 2025, en el que se declaró a De Ycaza como cómplice primario en los delitos de peculado y tráfico de influencias, y autor del delito contra la salud pública. El caso involucra un contrato por $14 millones adjudicado a la empresa Lerkshore para abastecer con comida deshidratada a escuelas oficiales en sectores vulnerables del país.

El fallo, firmado por la jueza Águeda Rentería, también absolvió a Jorge Noel García y Cintia del Rosario Quirós, a quienes el Ministerio Público había solicitado condenar, pero no se hallaron pruebas suficientes para establecer su responsabilidad.

Durante el juicio celebrado el 19 de febrero de 2024, la fiscalía expuso que el contrato entre el PAN y Lerkshore no cumplía con los requisitos legales mínimos, y que la empresa incumplió con la entrega de los alimentos comprometidos. Además, se presentó evidencia de sobreprecios: por ejemplo, la unidad de arroz precocido fue vendida a $15.85, cuando su valor en el mercado era de aproximadamente $5. Lo mismo ocurrió con la sopa instantánea, facturada a $26.04 por unidad.

Según el Ministerio Público, Lerkshore no tenía experiencia previa en la fabricación o importación de alimentos deshidratados, lo que agravó la negligencia administrativa. El contrato fue aprobado durante la gestión de Giacomo Tamburelli (q.e.p.d.) al frente del PAN, quien también fue investigado por su posible participación en el esquema.

La investigación se remonta a 2015, cuando un informe de auditoría de la Contraloría General reveló una lesión patrimonial de $14 millones al Estado, en uno de los casos de corrupción más emblemáticos relacionados con el uso indebido de fondos públicos destinados a la niñez en situación de vulnerabilidad.