Empresas fantasmas y facturas ficticias en caso Blue Apple  

ROBO… PERO NO SE HIZO Empresas fantasmas y facturas ficticias en caso Blue Apple   La participación de empresas fantasmas y la emisión de facturas ficticias fue parte del método que se utilizó para presuntamente lavar
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Empresas fantasmas y facturas ficticias en caso Blue Apple  

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | junio 12, 2023
ROBO… PERO NO SE HIZO

Empresas fantasmas y facturas ficticias en caso Blue Apple  

La participación de empresas fantasmas y la emisión de facturas ficticias fue parte del método que se utilizó para presuntamente lavar dinero en el caso Blue Apple Services, según el análisis jurídico del Ministerio Público planteado en la vista fiscal de este caso. 
Se utilizaron varios esquemas para que las empresas constructoras, que tenían contratos con el Estado, pagaran en concepto de ayuda política a la persona jurídica Blue Apple Services o cuenta canasta creada para depositar los dineros. 
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Sexta Anticorrupción, Blue Apple Services fue constituida como sociedad el 23 de mayo de 2011 en Panamá y la misma fue disuelta el 23 de agosto de 2012, es decir, que solo estuvo vigente por 15 meses. Pero en ese corto tiempo se movieron millones de dólares a través de cuentas creadas en distintos bancos. 
La junta directiva de la sociedad estaba  conformada por Génesis De Gracia, como suscriptor; Octavio Samaniego, director; Darla Alain de Barrios, director; y Federico Barrios Alain, presidente, tesorero y agente residente. De acuerdo con el registro, la sociedad se dedicaría al desarrollo  , explotación y administración de establecimientos industriales y comerciales, privados, sean nacionales o extranjeros, tanto en régimen ordinario de industria y comercio o en régimen especial de zona  franca o zona libre. 
También se abrieron seis cuentas en tres bancos panameños que sumaron 40 millones 668 mil 146 dólares, «alimentadas específicamente con  dineros provenientes de delitos contra la administración pública, de corrupción de servidores públicos».    
Tras las investigaciones, la Fiscalía concluyó que  la sociedad Blue Apple Servicios, Inc.  era una sociedad anónima con funciones ad-hoc, es decir, con funciones de ocultar el origen ilícito de los recursos captados, y luego repartirlos a los beneficiarios finales, en otras palabras, la sociedad Blue Apple Services  fue creada para blanquear dinero ilícito cumpliendo con las etapas de colocación, estratificación e integración». 
Uno de los esquemas consistía en que  las empresas contratistas realizaban el contrato de  factoring con la empresa Global Factor, garantizada con una factura o cuenta por cobrar del Estado.  Se daba la instrucción a la empresa, al momento del pago y se giraba un  monto a la sociedad Blue Apple Services. Se realizaba entonces el pago justificándose en una factura supuestamente falsa, según detalla la vista fiscal. 
Otro esquema consistía en que se giraban facturas ficticias contra contratistas por empresas de dominio de la estructura, sobre materiales, servicios y suministros de construcción. Se celebraba una sesión de crédito con la persona jurídica que emitía la factura a favor de Blue Apple Services. La empresa constructora, una vez recibía la instrucción, giraba el pago y se justificaba con las facturas y cesiones de créditos simuladas. 
Como parte de este entramado de corrupción se enlistan a más de 20 empresas fantasmas que emitían facturas ficticias para un servicio no brindado. Al final de la cadena estaba el exministro del MOP, Federico José Suárez (2009-2012), el exdirector de contratos del MOP, Jorge Ruíz Sánchez (2009-2012) y el exvicepresidente de Global Bank, Joaquín Rodríguez. 
La investigación la inició la Procuraduría General de la Nación  en septiembre de 2017,  relacionada a la  sociedad Blue Apple Services, creada por varios exfuncionarios con el propósito de presuntamente blanquear el dinero que recibían, pagados como sobornos y que provenían de fondos del Estado, por parte de constructoras que realizaban proyectos con el gobierno nacional en el período 2010-2014, para lo que además, utilizaban el sistema bancario local e internacional. 
En este caso se tiene programada una audiencia contra 26 personas por el delito de blanqueo de capitales, 11 de estas también por asociación ilícita y 2 por corrupción de funcionarios públicos, del 10 al 28 de julio de 2023. 

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