Esposa e hija de Jaime Caballero, junto a dos directivos del Suntracs, enfrentan cargos por blanqueo de capitales

El juez de garantías Carmelo Zambrano ordenó este martes la imputación de cargos por presunto blanqueo de capitales y delitos financieros contra los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), José Modesto Palacios y Abdiel Alberto Bethancourt. En la misma decisión, también fueron señaladas Kathia Caballero y María Isabel Cordero, hija y esposa del líder sindical Jaime Caballero, quien se mantiene bajo detención preventiva desde hace cinco meses en el marco de esta misma investigación.

La audiencia, que se inició a las 2:00 p.m. en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, se desarrolló en medio de la presencia de decenas de miembros del Suntracs que protestaban afuera del edificio exigiendo la liberación de los acusados.

Según expuso el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, Palacios y Bethancourt, en su calidad de directivos sindicales, habrían autorizado y firmado cheques que permitieron transferir fondos del sindicato a Jaime Caballero, quien los habría utilizado para fines personales, incluyendo el pago de un préstamo de 800 mil dólares con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA). Márquez indicó que el BDA presentó una denuncia formal por este caso el mismo día de la audiencia.

La investigación detalla que los recursos entregados a Caballero —al menos 39 mil dólares según la fiscalía— fueron depositados posteriormente en cuentas de su esposa e hija, con parte de los fondos destinados a la construcción de un invernadero que nunca se completó. Entre las pruebas presentadas figuran un informe financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) sobre la trazabilidad del dinero, y el testimonio del conductor del sindicato, Luis Valencia, quien habría entregado personalmente los cheques a Caballero.

Por su parte, los abogados defensores Rubén Castrejo y Miguel Ángel Rodríguez alegaron que no se ha demostrado el origen ilícito de los fondos y que estos pertenecían al Suntracs, organización que no ha presentado denuncia alguna por el supuesto desvío. También señalaron presuntas irregularidades en las aprehensiones, asegurando que se vulneraron las garantías de los procesados.

El caso tuvo su origen en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que alertó al Ministerio Público sobre movimientos sospechosos superiores a 10 mil dólares vinculados a las cuentas de Caballero. Este permanece bajo detención preventiva en el centro penitenciario La Nueva Joya, mientras la investigación continúa y el Ministerio Público evalúa posibles ampliaciones del proceso hacia otros miembros de la dirigencia sindical.