Estado panameño responde a PPC: “Las acusaciones carecen de sustento jurídico”

El Estado panameño, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), respondió al reciente pronunciamiento de Panama Ports Company, S.A. (PPC) rechazando de forma categórica las afirmaciones realizadas por la empresa y el Grupo Hutchison, a las que calificó como falsas e injuriosas.

La entidad recordó que la controversia surge tras el fallo emitido el 29 de enero de 2026 por la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 1997, que sustentaba el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, junto con sus adendas y prórrogas. Según la AMP, esta decisión es definitiva, de obligatorio cumplimiento y debe ser ejecutada por el Estado.

De acuerdo con el comunicado oficial, tras conocerse la sentencia, el Gobierno intentó establecer un proceso de transición ordenado con la participación de PPC. Sin embargo, la empresa —según la versión estatal— se habría negado a colaborar, limitando el acceso a información clave y obstaculizando una coordinación adecuada.

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Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio portuario, el Estado asumió de manera temporal la administración, mantenimiento y operación de ambas terminales, amparado en lo establecido en la Ley General de Puertos. La AMP subrayó que esta acción responde a la condición del Estado como propietario legítimo de las instalaciones.

Asimismo, el Órgano Ejecutivo emitió un decreto de ocupación como mecanismo excepcional, aclarando que la medida no constituye una expropiación, sino una utilización temporal de los bienes mientras se determina su valor, respetando el debido proceso.

La institución también defendió la legalidad de sus actuaciones, indicando que todas las decisiones han sido adoptadas dentro del marco constitucional. En ese sentido, rechazó las acusaciones de “actos arbitrarios” o “confiscación”, asegurando que a la empresa se le han garantizado sus derechos en todo momento.

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Tras asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, previamente operados por el Grupo Hutchison, las autoridades señalaron haber encontrado un estado de deterioro significativo en las instalaciones, alejadas —según indicaron— de estándares internacionales.

En paralelo, PPC ha iniciado un proceso de arbitraje internacional bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La AMP aseguró que el Estado panameño participará en dicho proceso conforme a derecho y ejercerá su defensa ante el tribunal arbitral, que será el encargado de resolver el fondo de la disputa.

Finalmente, el Gobierno informó que evitará pronunciamientos públicos adicionales sobre este caso hasta la conclusión del arbitraje, y reiteró su compromiso de garantizar la operación continua, segura y eficiente de los puertos, así como la protección de la inversión nacional y extranjera bajo el marco legal vigente.

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