Ex vicepresidente Carrizo queda bajo arresto domiciliario y le imputan cargos por presunto enriquecimiento injustificado

El ex vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, fue imputado por el delito de enriquecimiento injustificado y permanecerá bajo detención domiciliaria, luego de una audiencia de garantías celebrada este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) del Primer Distrito Judicial.

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Oris Medina, quien además impuso al exmandatario la prohibición de salida del país, tras considerar que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal y que concurren riesgos procesales asociados a la gravedad del hecho investigado.

Carrizo compareció ante el tribunal horas después de haber sido aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando ingresaba al país procedente de Guatemala. El exvicepresidente llegó a la sede judicial escoltado por unidades especiales de la Policía Nacional.

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Durante la diligencia, el Ministerio Público formalizó la imputación a través de las fiscales anticorrupción Adela Cedeño y Patricia Herrera, mientras que la defensa estuvo a cargo de los abogados Roberto Moreno, Pedro Meilán y Leonardo Paul Aparicio.

Tanto la Fiscalía como la defensa anunciaron recursos de apelación contra la medida cautelar impuesta. La audiencia para resolver dichas impugnaciones fue fijada para el jueves 12 de febrero, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

En el desarrollo de la audiencia, la defensa planteó un incidente de inconstitucionalidad, argumentando que Carrizo habría adquirido la condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que, a su juicio, modificaría la competencia del proceso y trasladaría el caso a la Corte Suprema de Justicia. Este planteamiento provocó un receso de aproximadamente hora y media mientras el tribunal evaluaba la solicitud.

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El abogado Víctor Orobio, quien también integra la defensa, sostuvo que los señalamientos por un supuesto enriquecimiento de 1.9 millones de dólares carecen de sustento y que el expediente penal abierto en su contra es reciente. Carrizo, por su parte, aseguró que regresó voluntariamente al país para enfrentar el proceso.

La causa penal tiene su origen en un informe emitido por la Contraloría General de la República, que en octubre de 2025 ordenó el secuestro administrativo de cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles vinculados al exvicepresidente, por un monto estimado de hasta 1.3 millones de dólares.

Según la Resolución N.º 3757-2025-LEG/PJ, firmada por el contralor Anel Flores, las medidas incluyeron cuentas en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival, así como vehículos y posibles créditos a favor de Carrizo. El documento también dejó abierta la posibilidad de ampliar el secuestro a otros activos financieros que pudieran estar relacionados.

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Con base en esa investigación administrativa, la Contraloría presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando un presunto enriquecimiento no justificado por un total de 1.9 millones de dólares, lo que dio inicio al actual proceso penal.