Víctor Inchusti, ejecutivo de Tigo, explicó en una entrevista cómo la telecomunicaciones panama sismo octubre no colapsó gracias a una combinación de inversión, diseño, suerte y geología. «Fue un terremoto muy fuerte que pegó en un área bastante rural, pero poblaciones grandes y significativas como Las Tablas, Chitré, Mariato y Santiago tuvieron fuertes impactos. A pesar de eso, todas nuestras redes de comunicaciones se mantuvieron operativas a grandes rasgos», señaló.

La primera línea de defensa: baterías en las radiobases

Cuando el sismo sacudió el país, las radiobases de Tigo tenían un escudo inmediato: baterías de respaldo. «Todas nuestras radiobases tienen baterías. En las primeras horas después del incidente, todas estuvieron arriba», explicó Inchusti. El problema llegó después. Las baterías duraban entre 4 y 5 horas, tiempo suficiente para que las personas se comunicaran en los momentos críticos, pero luego la red quedó dependiente de la electricidad local.

Aquí surgió el verdadero cuello de botella: la red eléctrica. «Tuvimos afectaciones en algunas áreas donde perdimos horas de servicio, principalmente vinculados a problemas de la red eléctrica. La red eléctrica tiene otro sistema de protecciones y hubieron áreas que nos costaron un tiempo regresar la energía para poder restablecer 100% el servicio», reconoció el ejecutivo.

Pero el objetivo se cumplió. Las personas pudieron comunicarse. Pudieron avisar a sus familias. Pudieron coordinar ayuda. En un escenario de desastre, eso es crítico.

Las lecciones que dejó el terremoto

Panamá no es ajeno a los terremotos. Hace décadas, un sismo en Perú generó una reflexión similar: si hubiera habido más antenas de celulares en las áreas afectadas, la comunicación habría sido más rápida y se habría podido coordinar mejor la respuesta. Esa lección histórica pesó en las decisiones de inversión que tomó Tigo.

Ahora, tras el 9 de octubre, la empresa identificó puntos específicos de vulnerabilidad. El más crítico: la península de Veraguas. «Para las radiobases que están en el área de Venado, que es la parte sur de la provincia, nosotros nada más tenemos una fibra que lleva esas radiobases en este momento. Afortunadamente, esa fibra no sufrió daño en el sismo, pero pudo haber sufrido daño», explicó Inchusti. La solución está clara: crear redundancia. «Eso nos va a reforzar la necesidad de eventualmente dar la vuelta y subir por Tonosí y cerrar ese anillo en la zona».

La fibra óptica es el corazón de la red moderna, pero también su talón de Aquiles. Un árbol caído, un poste derribado, un movimiento fuerte de tierra: cualquiera de esos eventos puede cortar la conexión. Por eso Tigo está buscando constantemente poner dos rutas de fibra a todos los radiobases importantes. No es un lujo. Es supervivencia.

Cobertura: el 94% y el 6% que falta

Tigo cubre el 94% de la población panameña. Ese 6% restante vive en condiciones de baja densidad, en zonas remotas donde la geografía y la economía hacen difícil instalar infraestructura. Pero hay gente allá. Y después de un desastre, esa gente necesita comunicarse.

Voluntarios que visitaron el área después del sismo encontraron puntos donde no había comunicación. «Encontramos que hay puntos donde no hay comunicación, pero hay gente. Porque si no hubiese gente, uno dice bueno, no pasa nada si aquí no hay gente. Pero como hay gente, eso toma un giro diferente», reconoció Inchusti. La empresa tiene un plan de expansión en la península de Veraguas y en áreas rurales que continúa. Recientemente llegaron a Yabisa con servicio fijo. Desde Puerto Armuelles hasta Yabisa, la cobertura es completa. Pero quedan poblados en el medio.

5G, Starlink y la falsa dicotomía

En redes sociales circulan comparaciones entre Tigo y Starlink, como si fueran competidores directos. No lo son. Starlink ofrece conectividad satelital, útil en alta mar o en zonas donde no hay infraestructura terrestre. Pero tiene limitaciones de ancho de banda que las redes celulares no tienen.

«Starlink va a tener cobertura si usted está en un bote en alta mar. Nosotros en alta mar no vamos a tener cobertura porque somos una operación celular basada en torres en tierra. Pero Starlink no va a tener las bondades de la velocidad y la capacidad y la densidad de señal que tenemos nosotros en las áreas de servicio», explicó Inchusti.

Un satélite es equivalente a una torre, pero con menos espectro disponible. Si 2.500 personas en un concierto tratan de compartir todo el ancho de banda de una sola fuente satelital, el rendimiento cae drásticamente. En cambio, Tigo puede ofrecer 100 megas, 200 megas, 400 megas a múltiples usuarios simultáneamente en la misma zona.

Sobre el 5G, Inchusti fue claro: no es una solución universal. Es una herramienta. En zonas de alta densidad de usuarios, como el centro de la ciudad, es necesaria. En la carretera entre Capira y Chorrera, donde hay baja densidad de tráfico, no lo es. «Yo tengo capacidad para atender 250 personas en una radiobase sin 5G. Pero nunca llega a más de 140 porque es un área de baja población. Ahí no voy a hacer la inversión en 5G».

Inversión: 22 millones a la semana

Tigo invierte más de 100 millones de dólares al año en Panamá. Eso son 22 millones a la semana destinados a radiobases, equipos en las casas de los clientes, extensión de redes a poblados sin servicio, mejoras de capacidad y confiabilidad. Incluye fuentes de energía alterna para nodos de la red, redundancia de fibra óptica, y mejoras a los sistemas wifi dentro de los hogares.

Recientemente, Tigo recibió reconocimiento de UCLA como la red de mejor cobertura en Panamá y la red de mejor experiencia para gamers. No son premios menores en una industria donde la velocidad y la estabilidad son medibles.

La telefonía fija: un servicio que no desaparece

¿Desaparecerá la telefonía fija? Inchusti lo duda. Es cierto que es un producto menos crítico. Nadie llama por teléfono fijo para pedir pizza. Pero las casas siguen teniendo líneas fijas por razones prácticas: emergencias, entregas de paquetes, independencia de la señal celular. «Puede que haya un día un problema tecnológico con la telefonía celular y la que queda viva es la telefonía fija. Es un escenario posible. Siempre es bueno tener varias oportunidades alternativas».

El soterramiento de cables: un proyecto lento pero en marcha

Los cables de telecomunicaciones colgando en las calles son un símbolo visual de la ciudad. También son un riesgo. Tras el sismo, algunos cables echaron chispas. Aunque la mayoría eran de electricidad, no de telecomunicaciones, la pregunta es válida: ¿por qué no soterrar?

Panamá tiene un proyecto grande de soterramiento coordinado por el Estado y ejecutado por las empresas de telecomunicaciones. Ya se han completado varios tramos: en la calle 50, el 70% de los cables de telecomunicación han desaparecido. También se han hecho proyectos en Campo Alegre, Santiago, el parque Cervantes en David.

El problema es que el soterramiento es caro. Además, hay un cuello de botella regulatorio: las empresas eléctricas, las telefónicas y las de fibra óptica tienen que coordinarse. Hace años, un proyecto de recaudación para soterramiento fue demandado en corte y se paralizó. Pero el proceso continúa, a la velocidad que permite la burocracia.

Fake news sobre aumentos de precio

En redes sociales circuló la noticia de que Tigo había aumentado sus precios tras el sismo. Inchusti lo desmintió. «Nosotros facturamos el día 15 del mes y el día 21 del mes. Son las únicas facturaciones que se han dado después del sismo y no ha habido ningún aumento en esos momentos».

Qué esperar para 2027

Tigo continuará invirtiendo más de 100 millones de dólares anuales. Más radiobases, mejores equipos, expansión a poblados sin servicio, mejoras de capacidad y confiabilidad. El objetivo es claro: mejorar el servicio. No solo expandir cobertura, sino garantizar que donde hay cobertura, el servicio sea robusto.

El sismo del 9 de octubre fue un recordatorio de que la infraestructura de telecomunicaciones es crítica. Cuando falla, falla todo: la coordinación de emergencias, la información, la tranquilidad de las familias. Panamá aprendió que la inversión en redundancia, en baterías de respaldo, en fibra óptica con múltiples rutas, no es un lujo. Es una necesidad.

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La reforma, que cumple su primer aniversario este 29 de octubre, busca transformar la administración de justicia civil mediante procedimientos más ágiles, mayor participación de las partes y la incorporación de herramientas tecnológicas.

Uno de los principales cambios está relacionado con los plazos procesales. Bajo el sistema anterior, un proceso civil podía extenderse entre dos y tres años, mientras que el nuevo Código establece un plazo máximo de un año. En el caso de las apelaciones, que anteriormente podían demorar hasta cuatro años, el plazo previsto se redujo a seis meses.

Estos nuevos términos representan uno de los principales objetivos de la reforma, aunque su cumplimiento efectivo deberá continuar evaluándose a medida que avance la implementación del sistema.

Nueve de cada diez audiencias programadas se realizaron

La oralidad constituye uno de los pilares del nuevo modelo procesal, al permitir que los jueces y las partes participen directamente en las audiencias y que determinadas decisiones se comuniquen de manera inmediata.

Según las cifras divulgadas por el Órgano Judicial, nueve de cada diez audiencias programadas se han celebrado durante el primer año de implementación.

Además, en ocho de cada diez audiencias finales, los jueces dictaron sus decisiones de viva voz, permitiendo que las partes conocieran directamente el resultado de sus procesos.

Otro de los avances reportados corresponde a la atención de expedientes pendientes del sistema anterior. De acuerdo con la institución, casi la mitad de estos casos ya han sido atendidos, como parte de los esfuerzos para reducir la acumulación de procesos y facilitar la transición hacia el nuevo esquema judicial.

Nuevas oficinas y herramientas tecnológicas

La implementación del Código Procesal Civil también ha estado acompañada de cambios en la organización y el funcionamiento de los despachos judiciales.

Durante este primer año se inauguró la primera Oficina Judicial Civil y se celebró la primera audiencia bajo el nuevo Código. Posteriormente, se habilitaron nuevas oficinas en Panamá Oeste, Coclé y San Miguelito.

Estas instalaciones forman parte de una reorganización que incorpora herramientas tecnológicas para la tramitación de expedientes, la administración de procesos y la programación de audiencias.

Asimismo, el Órgano Judicial informó sobre la capacitación de jueces, servidores judiciales y más de 700 profesionales del Derecho, con el propósito de facilitar la adaptación a los nuevos procedimientos.

La confianza ciudadana, uno de los principales desafíos

Durante la conmemoración del primer aniversario, el magistrado Olmedo Arrocha destacó que los resultados de la reforma deben evaluarse no solamente a partir de los indicadores de gestión, sino también por su impacto en la percepción ciudadana.

«El verdadero progreso de la justicia no se mide solamente en estadísticas, sino en la confianza que inspira», expresó el magistrado.

Arrocha señaló que una justicia civil más ágil y efectiva también puede contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica, la protección del patrimonio y las relaciones comerciales, así como a generar mayor confianza entre los inversionistas y favorecer la competitividad del país.

La reforma busca, además, establecer una relación más directa entre los ciudadanos y la administración de justicia, mediante procedimientos que permitan una mayor participación de las partes y una intervención más inmediata de los jueces.

Una reforma que continúa en proceso

Aunque los primeros resultados muestran avances en la implementación del nuevo modelo, el Órgano Judicial reconoce que la transformación de la justicia civil requiere seguimiento, evaluación y ajustes permanentes.

La institución reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los mecanismos de gestión judicial y la atención a los usuarios, con el objetivo de consolidar un sistema más accesible y eficiente.

Bajo el lema «La Justicia Avanza», el Órgano Judicial conmemora el primer aniversario de una reforma que pretende reducir la duración de los litigios civiles y mejorar la respuesta institucional a las necesidades de los ciudadanos.

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Ambos opositores nicaragüenses comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHN) en audiencias que se extendieron desde el 26 de octubre hasta el 6 de noviembre. Vinieron a romper, como ellos mismos lo dijeron, el círculo de silencio que envuelve a Nicaragua. Y lo hicieron con cifras que helan la sangre: 36 mujeres desaparecidas, entre ellas dos menores de 11 y 8 años, junto a sus madres encarceladas. Al menos 72 presos políticos registrados oficialmente, pero cientos más en «casa por cárcel» que las familias no denuncian por miedo a represalias.

Lo que sorprende no es solo la magnitud de la represión, sino cómo funciona. Cuando un régimen persigue la fe religiosa, está yendo más allá de la política. Está atacando el derecho fundamental de cada persona a existir según su conciencia. «Cuando tú corretas a una persona por profesar una fe, cuando le impides a una población que haga procesión, cuando le impide que conmemore su Semana Santa, ¿qué más queda?», preguntó uno de los denunciantes.

El teatro de la libertad religiosa

El Gobierno de Daniel Ortega permitió cuatro procesiones este año. Cuatro. Y todas bajo vigilancia paramilitares, policías, horarios estrictos de entrada y salida. Los sacerdotes deben pedir permiso al delegado departamental del Frente Sandinista. Luego, permiso al Ministerio de Gobernación. Eso no es libertad religiosa. Es teatro.

La Iglesia Católica ha sufrido particularmente. Monseñor Rolando Álvarez pasó tres años en prisión. Varios sacerdotes fueron encarcelados. El Vaticano negoció su liberación a través de canales diplomáticos, pero esa negociación tiene límites. El Papa, como pastor universal, podría fortalecer la fe del pueblo nicaragüense con un mensaje claro. Pero no lo ha hecho con la contundencia que muchos esperan.

Aquí está el dilema: la Santa Sede busca diálogo «sensato y sereno» con el régimen. Quiere mantener un nuncio apostólico en Managua para articular relaciones diplomáticas. Pero mientras dialoga, la persecucion religiosa nicaragua CIDHN continúa. Los obispos de América Latina guardan silencio. Temen que si hablan, Ortega represaliará más. Eso es exactamente lo que el dictador quiere: que todos callen.

Una economía de fachada

Los números macroeconómicos de Nicaragua lucen bien en los reportes del Banco Mundial y la Cepal. Crecimiento del 4.6%, inflación controlada al 23%, estabilidad relativa. Pero esos números son una mentira cuando los maestros no pueden cubrir ni el 48% de la canasta básica. Cuando los trabajadores de salud no alcanzan el 45%.

Rafael Aragón, docente y sindicalista, fue encarcelado no por reclamar aumento salarial, sino por pedir democracia. Hoy está desnacionalizado, confiscado, proscrito. «Nadie en Nicaragua se atreve a reclamar nada», dice. Las marchas de los sábados con trabajadores del Estado parecen voluntarias. No lo son. Se pasa lista tres veces: a la llegada, durante la marcha, a la salida. Es obligatorio sonreír, aunque se llore por dentro.

El 85% de los nicaragüenses rechaza a Ortega, según encuestas. Pero ese rechazo no se ve en las calles porque no hay espacio para protestar. En cada manzana de Managua hay «orejas»—informantes que denuncian cualquier crítica. Una secretaria que trabajó con uno de los denunciantes le dijo ayer: «Ni me llame ni se comunique conmigo porque tengo pánico al salir a la calle». Y eso fue solo porque su jefe hizo declaraciones ante la CIDHN.

La persecución transnacional

Lo más inquietante es que la represión no termina en la frontera. Costa Rica, que se promociona como democracia sólida, está extraditando opositores nicaragüenses hacia el régimen que los persigue. Viola el principio internacional de no devolución. Carlos Calero está preso en Alajuelita. Douglas Gamaliel fue entregado. Once nicaragüenses han sido asesinados en suelo costarricense. Y los gobiernos vecinos no dicen nada.

Ortega les quitó la nacionalidad a 94 opositores. Confiscó sus propiedades. Borró sus títulos universitarios. Los declaró «proscriptos» pero sigue persiguiéndolos afuera. Los dictadores no toleran el silencio de sus críticos. Quieren que desaparezcan o que callen. Preferiblemente ambas cosas.

La indiferencia internacional

Aquí está el verdadero escándalo: la comunidad internacional condena a Nicaragua con comunicados que no van más allá del papel. Estados Unidos compra oro y carne a la dictadura mientras la condena. Canadá es el mayor importador de tierras raras nicaragüenses y también la condena. España expulsó al embajador de Ortega y un mes después lo invita a la cumbre iberoamericana de noviembre.

¿Por qué Nicaragua no recibe la misma presión que Venezuela o Cuba? Porque no tiene petróleo. No tiene recursos estratégicos que interesen a Washington. Es un país pequeño, sin canal interoceánico, sin minerales codiciados. Eso la convierte en invisible.

El Vaticano juega un doble juego: diplomacia por un lado, pastoral por el otro. Pero ambas líneas son débiles. Si la Iglesia Universal—el Celam, la CLAR, los obispos del mundo—se uniera en una denuncia contundente, el régimen tendría que pensarlo dos veces. Pero no lo hace. El miedo permea todo. Secretarias de obispos en Costa Rica y Panamá dicen que no pueden hablar de Nicaragua porque hay pánico de represalias.

El poder económico, aliado del régimen

En Venezuela, el sector privado intentó un paro nacional. En Nicaragua, el poder económico está completamente cooptado por Ortega y su esposa Rosario Murillo. Todo está bajo su control. Los bancos privados son obligados a pagar al ejército y la policía a través de sus sistemas, bajo amenaza de confiscación. No hay espacio para una confrontación económica con el régimen.

Cuando en 2018 casi un millón de nicaragüenses salieron a las calles—en un país de seis millones—fue un símbolo de rechazo masivo. Pero fue sofocado. Hubo 371 asesinados, 1.400 encarcelados. Hoy, el 10% de la población está en exilio en diferentes partes del mundo. Eso es lo que pasa cuando intentas protestar contra una dictadura armada.

Lo que piden en Panamá

Los denunciantes vinieron a Panamá pidiendo solidaridad. Al pueblo panameño. Al Gobierno de Panamá. A la Iglesia de Panamá. Porque si la Iglesia habla, el régimen tiene que escuchar. También pidieron asilo para la pequeña comunidad nicaragüense que necesita regularizar su situación en el país.

Pero lo más importante es que pidieron que se vea a Nicaragua. Que no se mire para otro lado como hace el continente con Haití. Que se entienda que la persecucion religiosa nicaragua CIDHN no es un asunto religioso solamente. Es un indicador de que el régimen ha llegado al extremo: si controla la fe, controla todo.

Ortega cerró todas las puertas. Se salió de la ONU. Se salió de la Corte Interamericana. Se salió de la OEA y hasta tomó sus instalaciones en Managua. No le hace caso a nadie. Y mientras tanto, el mundo sigue mirando para otro lado, condenando en papel, comprando en dólares, y esperando que alguien más resuelva el problema.

Eso es lo que vino a denunciar Rafael Aragón y Gabriel Pi a Panamá. Que Nicaragua no es un problema que va a resolverse solo. Que requiere presión internacional real, no comunicados. Que la Iglesia tiene que hablar. Que los gobiernos vecinos tienen que dejar de ser cómplices. Y que mientras tanto, hay gente en prisión, gente desaparecida, gente asesinada, y gente viviendo con pánico en sus propias casas.

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El tema central es una modificación a la ley de presupuesto que amplía los montos de contratación directa de 500.000 a 1 millón de dólares para instituciones como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno. La propuesta fue presentada por el diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, junto con Luis Eduardo Camacho y Manuel Cohen. Y aquí comienza el nudo: mientras el ministro de Economía, Chapman, fue enfático en declarar que «el Ejecutivo no ha hecho esa propuesta», la ley pasó con 36 votos a favor y 20 en contra.

El voto de Neftalí Zamora y la pregunta incómoda

Desde el inicio, los conductores cuestionan si el diputado Neftalí Zamora fue el voto decisivo. La respuesta técnica es no: sin su voto, la ley hubiera pasado 35-20. Pero la pregunta política es más profunda: ¿por qué un diputado independiente que ha dicho no reelegirse votó a favor de una propuesta que genera tanta suspicacia?

Cuando le preguntaron directamente a Zamora, respondió que votó por pragmatismo. Pero eso no cierra el debate. Uno de los conductores lo plantea así: «Uno creería que este Zamora, que ha dicho que no se va a reelegir, estaría más cerca de un lado que de otro. Pero ya es decisión del diputado.»

Lo que queda claro es que los diputados independientes tienen una vara de medida más alta que los de los partidos tradicionales. Y cuando esa vara se baja, la suspicacia crece.

El camarón legislativo y la ley sustantiva versus la ley adjetiva

Un abogado escribió a los conductores señalando lo que llaman un «camarón legislativo»: meter una modificación a la ley de contrataciones públicas (ley 22) dentro de la ley de presupuesto, que es un instrumento diferente. En términos simples: la ley sustantiva dice qué puedes hacer; la ley adjetiva dice cómo hacerlo. Mezclar ambas en un presupuesto es técnicamente cuestionable.

El diputado Camacho responde que ese artículo ya estaba en la ley de presupuesto desde hace 20 años, y que solo se modificó el monto. Pero el abogado que alertó sobre esto no es cualquiera: fue diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto. Conoce el tema.

Aquí emerge una tensión real: ¿es legal meter una modificación a otra ley dentro del presupuesto? Si alguien lo cuestiona ante los tribunales, ¿qué pasará? El Ejecutivo podría vetar parcialmente la ley, pero Chapman ya dijo que no es propuesta suya. Eso deja un vacío político incómodo.

Benicio Robinson y la sombra del 1 de julio

Uno de los conductores insiste en una teoría que ha mantenido desde hace meses: el 1 de julio de 2024 marcó un punto de quiebre. Ese día, el PRD —que había sido derrotado de manera «aparatosa» en las elecciones presidenciales de mayo— fue «reflotado» por una alianza entre el Ejecutivo y la Asamblea.

¿Por qué? Porque el Ejecutivo decidió que era más fácil pactar con Benicio Robinson que negociar proyecto por proyecto con la bancada de Vamos. Esa decisión estratégica tiene consecuencias: Robinson ha recuperado músculo político. Y eso se ve en cada propuesta que lleva su firma.

El problema, según los análisis en la mesa, es que Robinson es la misma persona que hace una semana decía que se merecía una planilla de 200.000 dólares mensuales por sus 40 años en la Asamblea. ¿Cómo confiar en sus propuestas sobre contrataciones públicas cuando su propia visión del gasto estatal es tan cuestionable?

«Si yo fuera el Ejecutivo, la última persona que quisiera que presentara una ley sobre fondos públicos sería Benicio Robinson. Políticamente eso no tiene sentido.»

Esa es la pregunta que flota: ¿el Ejecutivo realmente no sabía de esta propuesta? ¿O es una de esas «técnicas legislativas» donde el Ejecutivo le pide a un diputado que presente algo para que no parezca que viene del gobierno?

El pragmatismo versus la transparencia

Aquí es donde el debate se vuelve más profundo. Uno de los conductores plantea que el verdadero blindaje en tiempos modernos es la transparencia. No importa si la ley es buena o mala, si Robinson la propuso o si el Ejecutivo guiñó el ojo. Lo que importa es cómo se fiscalice el dinero que se gaste bajo estas nuevas reglas.

Y hay un contexto importante: estamos en estado de emergencia por el terremoto del 9 de octubre. El Ejecutivo necesita ejecutar rápido. Construir casas, reparar infraestructura, llegar a las comunidades afectadas en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

El Banco Nacional presentó un plan técnico ambicioso: un fideicomiso para financiar la construcción de viviendas, con fechas concretas (marzo de 2027 para entregar miles de casas) y un mecanismo de pago acelerado. Eso fue aplaudido por los conductores como «una de las mejores exposiciones técnicas» que ha hecho el Estado para resolver un problema real.

Entonces, ¿por qué la suspicacia sobre la ley de contrataciones? Porque ampliar de 500.000 a 1 millón de dólares en contrataciones directas, sin licitación, abre la puerta. Una contratación de 1 millón es manejable. Pero 100 contrataciones de 1 millón cada una es otra cosa. Y nadie está fiscalizando eso en tiempo real.

El trauma de la pandemia

Uno de los conductores lo dice claramente: «Yo todavía tengo un trauma después de la pandemia de cómo se usó el estado de emergencia. Primero indefinidamente, después la cantidad de cuestionamientos sobre cómo se hicieron las compras.»

Por eso se bajó el monto de 1 millón a 500.000 hace un año. Fue una reacción a los abusos de Cortizo. Ahora, con Robinson proponiendo subirlo de nuevo, la desconfianza es lógica.

Pero aquí también hay un argumento pragmático válido: el MOP, el Ministerio de Educación y el de Gobierno tienen responsabilidades enormes en una emergencia. 500.000 dólares es poco para reparar un puente, reconstruir una escuela o habilitar un centro de salud. 1 millón sigue siendo poco si lo comparas con la magnitud del desastre.

La tensión es real: entre la capacidad del Estado para ejecutar rápido y la necesidad de fiscalizar. Usualmente, esos topes existen porque los contratos más pequeños son más fáciles de supervisar. Ampliarlos requiere más vigilancia, no menos.

¿Guiño de ojo del Ejecutivo?

Uno de los conductores, que trabajó en la Asamblea, explica cómo funciona esto en la práctica: a veces el Ejecutivo le dice a un diputado «propón esto» porque políticamente es mejor que no parezca que viene del gobierno. Es una técnica legislativa común en todos lados.

¿Incluyó Chapman en ese guiño de ojo? Aquí las interpretaciones divergen. Chapman fue enfático: «El Ejecutivo no ha hecho esa propuesta.» Pero no dijo «rechazamos esa propuesta» ni «nos disgusta». Solo se distanció de la autoría.

Eso puede leerse de dos formas: o el Ejecutivo realmente no sabía (poco probable), o Chapman estaba haciendo distancia política mientras el Ejecutivo deja que pase. En política, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice.

La CIDH y Nicaragua: el tema que falta

Hacia el final del programa, uno de los conductores hace un giro: mientras Panamá debate leyes de contrataciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha estado sesionando esta semana. Y hay un tema que Panamá casi no menciona: Nicaragua.

Allí, un derecho tan fundamental como la libertad de culto se ha convertido en un campo de batalla. Iglesias cerradas, pastores perseguidos, fieles encarcelados. Y Panamá, que habla de Colombia, de Europa, de todo, casi no habla de lo que ocurre «cerquita».

Es un recordatorio de que mientras se debate sobre montos de contratación y guiños de ojo políticos, hay crisis humanitarias más urgentes en la región. Y que la fiscalización, la transparencia y el respeto a los derechos no son lujos: son necesidades.

El viernes 30 de octubre de 2026 quedó marcado por un debate que, en apariencia, es técnico. Pero que en el fondo es político: sobre quién controla el dinero público, cómo se gasta en emergencias, y si la política panameña puede encontrar un equilibrio entre ejecutar rápido y fiscalizar bien. El tiempo dirá si lo logra.

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La compañía destacó que esta tecnología demostró su utilidad durante el sismo registrado el pasado 9 de octubre, cuando cerca de 30,000 clientes utilizaron gratuitamente el servicio de mensajes de texto (SMS) satelitales, generando más de 240,000 mensajes desde lugares donde la cobertura de las redes móviles terrestres era limitada o inexistente.

Según +Móvil, la mayor concentración de usuarios del servicio se encuentra en las provincias centrales, Darién y áreas marítimas del Pacífico, regiones donde las condiciones geográficas pueden dificultar el acceso a las redes convencionales de telecomunicaciones.

WhatsApp, mapas y mensajes sin cobertura terrestre

+Más Starlink permite que clientes prepago y pospago con dispositivos LTE compatibles puedan mantenerse comunicados mediante una conexión satelital, incluso cuando se encuentran fuera del alcance de la red móvil terrestre.

Entre las funcionalidades disponibles se encuentran el envío y recepción de mensajes SMS, llamadas y mensajería a través de WhatsApp, acceso a Google Maps y utilización de la plataforma X, además de otras aplicaciones compatibles.

La tecnología funciona como complemento de la infraestructura terrestre de +Móvil, ampliando las alternativas de conectividad para personas que viven, trabajan o se desplazan por zonas de difícil acceso.

Guillermo Ponce, presidente ejecutivo y gerente general interino de +Móvil, destacó que la incorporación de la conectividad satelital forma parte de la estrategia de innovación que la compañía ha desarrollado durante sus 29 años de operaciones.

«El sismo registrado en el país evidenció la importancia de contar con alternativas que permitan a las personas mantenerse en contacto con sus familiares y seres queridos, especialmente en comunidades remotas o zonas donde la cobertura tradicional puede verse limitada», expresó Ponce.

El ejecutivo añadió que +Más Starlink representa una alternativa de inclusión digital que busca fortalecer la seguridad, acercar oportunidades y ampliar las posibilidades de comunicación en el territorio nacional.

Una herramienta para comunidades apartadas y sectores productivos

Más allá de su utilización durante emergencias, +Móvil considera que la conectividad satelital puede contribuir al desarrollo de actividades económicas como la pesca, el turismo, el transporte marítimo, la agricultura y la ganadería.

Para promover su utilización, la empresa ha realizado jornadas de demostración y capacitación en comunidades como Cucunatí, en Darién, y Bajo Grande, en Coclé.

Durante las próximas semanas, estas actividades se extenderán a Puerto Lara, Tamarindo, Barriales, Jaqué y otras comunidades cercanas, con el propósito de familiarizar a los residentes con las posibilidades de esta tecnología.

La iniciativa se desarrolla sobre cuatro pilares: estilo de vida, impacto social, emprendimiento y atención de emergencias.

¿Cuánto cuesta el servicio?

+Más Starlink está disponible para clientes prepago y pospago de +Móvil que cuenten con dispositivos compatibles.

Los nuevos clientes pospago pueden acceder mediante planes desde B/.26.00 mensuales, mientras que los usuarios prepago tienen la opción de activar paquetes de B/.3.00 por siete días o B/.5.00 por 30 días.

Con esta propuesta, +Móvil busca ampliar el acceso a las comunicaciones en lugares donde la infraestructura tradicional presenta limitaciones y ofrecer una alternativa adicional para mantener conectada a la población durante situaciones de emergencia.

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La Fundación DiabetesLATAM celebrará el jueves 12 de noviembre de 2026 la cuarta edición de “La Noche Azul”, su tradicional evento de recaudación de fondos que combinará alta gastronomía, arte nacional y solidaridad en beneficio de niños, adolescentes y jóvenes que viven con diabetes tipo 1 en Panamá.

La velada tendrá lugar a partir de las 7:00 p.m. en el Salón Las Perlas del Club Unión, con una cena de cuatro tiempos y una subasta silenciosa de obras de arte. El costo de participación será de B/.100 por persona, con código de vestimenta cóctel.

La experiencia gastronómica estará a cargo de tres destacados chefs panameños: Rachel Pol, Roberto Richa y Rubén Ortega-Vieto, quienes prepararán un menú especialmente diseñado para la ocasión. La cena contará, además, con un maridaje seleccionado por la reconocida sumiller Válerie Ávila de Montulé.

El arte también tendrá un papel protagónico durante la noche, con una exhibición y subasta silenciosa de piezas intervenidas por reconocidos artistas locales. Esta iniciativa permitirá a los asistentes contribuir a la causa mientras disfrutan de una propuesta que reúne creatividad, talento nacional y compromiso social.

Una noche que transforma vidas

Más allá de su propuesta gastronómica y cultural, La Noche Azul busca recaudar los recursos necesarios para sostener y ampliar los programas de educación, acompañamiento emocional e inclusión que desarrolla DiabetesLATAM en beneficio de las personas con diabetes tipo 1 y sus familias.

Entre las iniciativas que recibirán apoyo se encuentran los programas de educación continua, orientados a fortalecer el autocuidado y la autonomía de niños y jóvenes que viven con esta condición.

La fundación también brinda acompañamiento a familias que enfrentan un diagnóstico reciente, ofreciéndoles orientación y apoyo emocional desde la etapa hospitalaria hasta su adaptación a la vida cotidiana.

Otro de sus proyectos es “Lleva tu Diabetes a la Escuela”, un programa de capacitación dirigido a docentes, personal administrativo y estudiantes, cuyo objetivo es promover espacios educativos seguros, inclusivos y libres de discriminación.

Los fondos recaudados contribuirán, además, a la realización de campamentos y encuentros de integración donde niños y adolescentes pueden compartir experiencias, fortalecer su confianza y aprender a manejar su condición mientras construyen redes de apoyo.

DiabetesLATAM, seis años de compromiso con la comunidad

Fundada en 2020, DiabetesLATAM es una organización sin fines de lucro dedicada a educar, orientar y acompañar a niños y jóvenes con diabetes tipo 1 y a sus familias.

Su labor también incluye la defensa de los derechos de quienes viven con esta condición, mediante la promoción de leyes, protocolos de atención y acceso oportuno a tratamientos y servicios de salud.

Con esta cuarta edición de La Noche Azul, la fundación busca fortalecer el respaldo de la sociedad panameña a una causa que trasciende la atención médica y apuesta por mejorar la calidad de vida, la inclusión y las oportunidades de quienes viven con diabetes tipo 1.

Las personas interesadas en conocer más sobre la fundación y sus programas pueden visitar www.diabeteslatam.org.

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De acuerdo con la institución, el sorteo intermedio previsto para el miércoles 4 de noviembre, fecha en que se celebra el Día de los Símbolos Patrios, se trasladará al jueves 5 de noviembre.

En cuanto al Gordito del Zodíaco, el sorteo programado para el viernes 27 de noviembre se adelantará al viernes 13 del mismo mes. De igual manera, el correspondiente al viernes 25 de diciembre, día de Navidad, se realizará el viernes 4 de diciembre.

También se modificó el calendario de los sorteos dominicales. El previsto para el 20 de diciembre, Día de Duelo Nacional, se adelantará al domingo 13 de diciembre.

Por su parte, el sorteo Extraordinario, inicialmente programado para el domingo 13 de diciembre, se trasladará al sábado 19 de diciembre.

La Lotería Nacional explicó que estos ajustes buscan favorecer la comercialización de los billetes y chances durante los períodos de mayor circulación de dinero, especialmente por el pago de las quincenas, el décimo tercer mes y la entrega de los ahorros navideños.

Con esta reprogramación, la institución busca aprovechar la actividad comercial de fin de año y facilitar la participación de los compradores en los distintos sorteos.

Calendario actualizado

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Lo que preocupa a Morán no es solo el número. Es lo que ese número representa: el cierre de negocios, la pérdida de empleos, la interrupción de la educación en 84 centros escolares, la falta de atención médica, y la profundización de la informalidad en provincias que ya enfrentaban desigualdad social antes del sismo. «Si no tomamos políticas públicas adecuadas a corto, mediano y largo plazo, este desastre natural pudiera tener consecuencias económicas mayores», advierte el especialista.

Mipymes y sector agropecuario: los más vulnerables

Las pequeñas y medianas empresas concentradas en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé ya venían golpeadas. Primero por la crisis del río La Villa y sus afluentes, que afectó el suministro de agua potable y obligó a cerrar negocios. Luego, por la informalidad estructural que caracteriza a estas provincias. El terremoto aceleró lo inevitable: más cierres, menos ingresos tributarios para los municipios, desempleo acelerado.

Pero hay un sector que merece atención especial: la agricultura. En estas mismas provincias se concentra la producción de arroz, maíz, tomate, piña, melón y sandía. También la ganadería y la carne porcina. «Si no queremos que posteriormente haya un problema de seguridad alimentaria, de falta de oferta de productos alimenticios en el corto o mediano plazo, tenemos que utilizar los fideicomisos de la mejor manera», señala Morán.

El economista enfatiza que las líneas de crédito anunciadas para las mipymes deben venir acompañadas de asesoramiento técnico. «No podemos permitir que las empresas se endeuden más sin un propósito o sin un objetivo», advierte. El riesgo es que, sin capacitación y seguimiento, los emprendedores terminen endeudados sin lograr reactivar sus negocios.

¿Endeudamiento o nuevas fuentes de ingresos?

Cuando se plantea la pregunta sobre si Panamá debe endeudarse más o buscar nuevas fuentes de ingresos, Morán propone un abanico de opciones antes de recurrir al crédito externo. Primero, reformular el presupuesto nacional: hay gastos que pueden suspenderse, instituciones que pueden reasignar recursos. Segundo, acceder a programas internacionales de desastres naturales y líneas de crédito con condiciones favorables. Tercero, utilizar el Fondo de Ahorro de Panamá, que tiene entre sus objetivos el apoyo ante emergencias nacionales.

Sin embargo, el economista reconoce que la experiencia de la pandemia dejó una lección: «Aumentar recursos y destinarlo sin objetivo no debe ser la solución». Por eso insiste en la necesidad de cuantificar el costo económico real antes de desembolsar fondos. Aquí es donde entran los organismos internacionales. «En casos como Venezuela, Nepal o Japón, fueron agencias multilaterales las que hicieron la evaluación de daños», explica Morán. Panamá tiene la ventaja de contar con sedes de organismos internacionales en el país, pero debe actuar rápido.

«Panamá tiene que brindar una respuesta adecuada, inmediata y fuerte, porque la situación de un terremoto, a pesar de que los daños materiales pudiéramos cuantificarlos como no mayores, hay una gran afectación en lo social».

Los fideicomisos como herramienta de transparencia

El Ejecutivo anunció dos fideicomisos: uno manejado por el Banco Nacional para donaciones de entidades crediticias internacionales, y otro por la Caja de Ahorros para donaciones privadas. Morán ve en estos instrumentos una oportunidad, pero con una condición: transparencia total. «Los presupuestos deben ser transparentados. El ciudadano tiene que ver en tiempo real cómo se está destinando cada dólar», enfatiza, citando ejemplos de Chile, Nepal y Japón.

Los fideicomisos permiten agilidad en la ejecución y focalización de gastos, pero solo si hay rendición de cuentas. Esto es especialmente crítico cuando se trata de sectores clave como la educación y la agricultura.

La educación: un costo oculto

Panamá ya enfrenta un problema estructural: pérdida significativa de horas de clase. El Banco Mundial ha documentado que los estudiantes panameños pierden aproximadamente el 50 por ciento de sus ingresos futuros por esta razón. Ahora, con 84 centros educativos cerrados o dañados, ese problema se agrava exponencialmente.

El costo no es solo reconstruir escuelas. Incluye reubicación temporal de estudiantes, distribución de materiales de aprendizaje, y compensación por la pérdida de clases. «Hay un costo de también saber dónde se colocarían los estudiantes de manera parcial, cómo hacemos para llegar a los recursos, libros, material de aprendizaje. Y esto también forma parte de un costo adicional», detalla Morán.

Diversificación económica y el debate sobre la minería

Cuando se menciona la posibilidad de abrir operaciones mineras para generar ingresos que financien la reconstrucción, Morán no rechaza la idea, pero la condiciona. «Como economista, creo mucho en la institucionalidad, con reglas claras. Cualquier actividad económica tiene que brindar los beneficios adecuados y estar bajo un marco legal importante».

El sector minero representa un «gran hueco» en el PIB panameño, reconoce. Pero insiste en que no se trata de abrir la llave sin regulación. «Las reglas o la institucionalidad son todo en economía», subraya. La minería podría ser un instrumento para recaudar recursos, pero solo si se maneja con transparencia y beneficio real para el país.

Generación de capacidades, no solo subsidios

Aquí está el punto central del análisis de Morán: Panamá no puede repetir el ciclo de subsidios que caracterizó los últimos 10 o 15 años. «Las ayudas que hemos dado a las provincias no necesariamente han generado el desarrollo», reconoce. Esta emergencia es una oportunidad para cambiar eso.

La reconstrucción de viviendas, por ejemplo, puede generar empleo para albañiles, plomeros, vendedores de alimentos. El desarrollo de infraestructura agrícola puede reactivar el sector productivo. Pero todo requiere recursos y acompañamiento técnico. «El costo económico del cierre de una empresa o la pérdida económica de un emprendedor representa un costo económico muy alto a nivel de los países», advierte.

El economista es claro: Panamá necesita «ese oxígeno» económico ahora. No solo para sobrevivir al terremoto, sino para evitar que la crisis se profundice en desempleo, informalidad y pobreza. Y eso requiere decisiones políticas difíciles, recursos bien destinados, y la voluntad de construir capacidades reales en las provincias afectadas, no solo repartir ayudas temporales.

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