Frank Ábrego, ministro de Seguridad, explicó en una entrevista que esta iniciativa responde a cambios fundamentales en el escenario internacional. «Los escenarios del 2026 hoy día no son iguales ni siquiera a los del año 2006», señaló, refiriéndose a conflictos como la guerra permanente en el Estrecho de Ormuz, donde grupos rebeldes mantienen un cierre constante de rutas comerciales, y la crisis en el Mar Rojo que ha desviado tráfico marítimo hacia el Canal de Panamá.

Un contexto geopolítico transformado

La importancia estratégica del Canal ha crecido exponencialmente. Más del 5% de la carga comercial mundial entre Europa y Asia transita por Panamá, y el 40% de ese volumen se dirige a la costa este de Estados Unidos. Esta realidad coloca al país bajo lo que Ábrego denominó «el paraguas defensivo del Pentágono», una situación que, según el ministro, ha sido constante desde la aprobación de los Tratados Torrijos-Carter en 1977.

El ministro enfatizó que los riesgos actuales van más allá del terrorismo tradicional. «No solamente estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de amenazas externas que pueden hablar sobre el orden público, la minería ilegal, delitos ambientales», explicó. También mencionó robos recurrentes de cableado y equipamiento en las instalaciones del Canal, así como la amenaza emergente de ataques con drones, que calificó como «el mayor peligro que se visualiza» en la actualidad.

Origen del fondo y proceso administrativo

El fondo especial seguridad canal panama surge de un estudio de seguridad denominado «Hidro Sagro» (agua sagrada), elaborado conjuntamente por el Servicio Nacional de Fronteras y la Dirección de Operaciones y Seguridad de la Autoridad del Canal de Panamá durante casi un año. Este documento fue presentado a la administración del Canal, que posteriormente decidió implementar los planes de defensa propuestos.

Ábrego aclaró que la Autoridad del Canal de Panamá no puede transferir fondos directamente al Ministerio de Seguridad. La ley obliga a que el dinero pase primero por el Ministerio de Economía y Finanzas, que actúa como intermediario. «La burocracia nos obliga a que el canal de Panamá no puede entregarnos el dinero directamente a nosotros, lo tiene que pasar por ley al Ministerio de Economía y Finanzas», explicó.

Por esta razón, se creó una Cuenta Única del Tesoro (CUP) con denominación específica: «Fondo Económico Especial para la Seguridad y Protección de las Áreas Específicas del Canal de Panamá». Esta estructura incluye mecanismos de control previo y posterior a cargo de la Contraloría General de la República, así como supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas.

Transparencia y control financiero

Durante la entrevista, se cuestionó la falta de transparencia en torno al uso de estos fondos. Ábrego respondió que los artículos segundo, quinto y duodécimo de la resolución ministerial establecen todos los mecanismos de control estatal. «El manejo financiero se hará de acuerdo al presupuesto del Canal de Panamá y ninguna inversión se hará sin la validación previa de la Autoridad del Canal de Panamá», aseguró.

Sin embargo, reconoció que cierta información debe mantenerse confidencial por razones de seguridad operacional. «Las tácticas y operacionales deben de ser de conocimiento público. Ahí podemos discutir», admitió, aunque enfatizó que la información sobre el Canal está protegida por ley como «reservada y confidencial».

Inversión en infraestructura de seguridad

El convenio entre el Ministerio de Seguridad y la Autoridad del Canal tiene una vigencia de tres años, durante los cuales se invertirán aproximadamente 36 millones de dólares en total. El fondo especial seguridad canal panama de B/.12.992 millones representa la contribución inicial de la Autoridad del Canal para este período.

Los recursos se destinarán a la construcción y equipamiento de estaciones aeronavales, estaciones de policía y puestos de vigilancia del Servicio Nacional de Fronteras en áreas específicas del Canal. Ábrego enfatizó que el Ministerio de Seguridad también aporta recursos propios: «Nosotros igualmente estamos invirtiendo un capital de recursos humanos, de vehículos de instalaciones que el Senan, el Senafón y la Policía Nacional han iniciado en este reforzamiento de la seguridad».

Influencia estadounidense y soberanía

Se planteó la pregunta sobre si Estados Unidos tuvo participación o influencia en la solicitud de estos fondos. Ábrego fue categórico: «No recuerde que volvemos y hablamos de que el Administrador Katín Vázquez va a las instalaciones del Servicio Nacional de Fronteras y pide la colaboración para la elaboración de un plan de seguridad y defensa». Según el ministro, fue iniciativa panameña, aunque reconoció que la colaboración estadounidense ha sido histórica en ejercicios de defensa del Canal como los Panamax.

Sobre las preocupaciones de soberanía, Ábrego argumentó que Panamá nunca ha salido del «paraguas defensivo del Pentágono» desde la aprobación de los Tratados Torrijos-Carter. «Yo fui miembro de las fuerzas de defensa, participé de la Policía Nacional donde hice gran parte de mi carrera policial y no recuerdo un año donde no haya habido un ejercicio de seguridad y defensa al canal donde Estados Unidos no haya colaborado o participado con Panamá», señaló.

Críticas sobre comunicación pública

Los entrevistadores cuestionaron por qué el Gobierno no realizó una «ofensiva informativa» previa en lugar de esperar a que diputados plantearan dudas. Ábrego respondió que el presupuesto fue aprobado por la Asamblea en 2025 y que el retraso en la implementación se debe a trámites burocráticos. «Llevamos casi más de 8 meses tratando de ver cuándo podemos invertir el primer centavo de este dinero en la defensa y seguridad del canal», explicó.

El ministro también aclaró que no todas las actividades de seguridad pueden ser públicas. «Si nosotros mañana ponemos un sistema antidrones en el aeropuerto Tocumen hay que avisárselo a todo el mundo porque si no es un secreto y es algo que queremos ocultar. Esto es una medida de seguridad», argumentó, sugiriendo que la confidencialidad es necesaria para la efectividad operacional.

Desafíos pendientes

A pesar de la aprobación del fondo, persisten interrogantes sobre cómo Panamá equilibrará la necesidad legítima de seguridad del Canal con las preocupaciones sobre soberanía nacional. El contexto geopolítico actual—con conflictos en Medio Oriente, tensiones en el Pacífico y amenazas cibernéticas emergentes—justifica, según Ábrego, una revisión de las estrategias de defensa que prevalecían hace una década.

La implementación del fondo especial seguridad canal panama representa un reconocimiento de que la seguridad del Canal no es solo un asunto panameño, sino una responsabilidad compartida en un mundo donde la estabilidad de una ruta comercial crítica afecta a potencias globales. Sin embargo, la manera en que Panamá comunique y ejecute estas medidas seguirá siendo determinante para mantener la confianza pública en la gestión de sus recursos estratégicos.

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No se trata de movimientos ordinarios del mercado mediático. Según el análisis presentado en el programa, estas operaciones responden a agendas políticas muy específicas de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2029. Cuando comienzan a moverse fichas en el tablero de los medios de comunicación, especialmente en el contexto de un año electoral que aún está a tres años de distancia, es señal de que los actores políticos ya están posicionándose.

La compraventa de medios como indicador político

El equipo de análisis del programa explicó que la compraventa de emisoras en sí misma no es un fenómeno extraordinario. En cualquier momento, en cualquier parte del mundo, hay transacciones de empresas mediáticas. El mercado funciona así: alguien compra, alguien vende, se negocia el precio y se cierra el trato. Pero cuando esas transacciones ocurren en función de agendas políticas específicas, el panorama cambia radicalmente.

Lo que está sucediendo en Panamá es que algunos actores políticos están adquiriendo o consolidando control sobre plataformas mediáticas con objetivos electorales claros. No es nuevo en la política latinoamericana, pero sí es un indicador de que los escenarios políticos Panamá 2029 ya están en movimiento acelerado.

¿Qué garantías hay de que un medio pueda ser torcido?

Durante el programa, surgió una pregunta fundamental: si alguien compra una emisora, ¿qué garantías hay de que pueda manipular su línea editorial o influir en la opinión pública? La respuesta del análisis fue contundente: ninguna.

«El hecho de que tú controles el medio no te da ninguna garantía de absolutamente nada, porque cuando lo controles con una agenda política, la gente que no es tonta se da cuenta inmediatamente de la matrícula política que tiene ese medio y lo quita o lo pone.»

Esto es importante. En la era digital, donde la información fluye por múltiples canales y donde la audiencia tiene opciones prácticamente ilimitadas, controlar un medio no garantiza controlar la narrativa. El televidente, el radioescucha, el lector de periódicos y el consumidor digital detectan rápidamente cuando un medio está operando bajo una agenda política explícita. Y cuando lo detectan, simplemente se van a otro lado.

Sin embargo, esto no significa que la compraventa de medios sea inofensiva. Lo que ha cambiado es la sofisticación de las tácticas. Mientras que antes un propietario podía intentar «torcer una realidad» de manera más evidente, ahora el juego es más sutil. Y con la proliferación de medios digitales, las prácticas se han diversificado.

Medios digitales: la nueva frontera de la presión política

Un aspecto que emergió en el análisis es que la compraventa de medios digitales ha incrementado estas prácticas. En Panamá se ha visto el nacimiento de múltiples medios digitales que operan con agendas políticas claras: algunos para «sacar trapos sucios» de adversarios políticos, otros para ejercer presión o, en algunos casos, para chantajear.

Según lo revelado en el programa, se ha convertido en una práctica común que medios digitales toquen la puerta de ministros y políticos ofreciendo «asesorías» a cambio de dinero. No es una práctica nueva —ha existido siempre en la política panameña—, pero lo que ha cambiado es que ahora se ha migrado al terreno digital, donde la barrera de entrada es mucho más baja y la capacidad de viralización es exponencialmente mayor.

Transacciones recientes y el panorama de 2029

El análisis mencionó que ya se han dado transacciones específicas: se compró el 50% de una emisora, y hay movimientos hacia la adquisición de otro porcentaje. Simultáneamente, están comprando otra emisora que «tiene toda una historia con su nombre». Estos movimientos no son casuales. Son parte de una estrategia más amplia de posicionamiento político de cara a los escenarios políticos Panamá 2029.

Lo que esto revela es que los actores políticos panameños ya están jugando el juego electoral con tres años de anticipación. No están esperando a 2028 o 2029 para comenzar a construir sus narrativas y consolidar sus plataformas. Están haciéndolo ahora.

El dilema de la influencia sin garantía

Uno de los puntos más interesantes del análisis fue la reflexión sobre por qué, si controlar un medio no garantiza nada, los políticos siguen invirtiendo en ello. La respuesta es que, aunque no hay garantía de éxito, sí hay una ventaja táctica: tener una plataforma desde la cual amplificar tu mensaje, atacar a tus adversarios y moldear la conversación pública, aunque sea parcialmente.

En un contexto donde la información es poder, y donde la capacidad de llegar a la audiencia es cada vez más fragmentada, tener control sobre al menos una plataforma mediática sigue siendo valioso. No es determinante, pero es valioso.

La advertencia para 2029

El análisis de Panamá en Directo deja una advertencia clara: los escenarios políticos Panamá 2029 ya están en marcha. No es algo que vaya a comenzar en 2028. Las fichas se están moviendo ahora. Las emisoras se están comprando ahora. Las agendas se están consolidando ahora. Y los ciudadanos panameños deben estar atentos a estos movimientos, porque afectarán directamente cómo se informa, cómo se debate y cómo se construye la opinión pública en los próximos tres años.

La competencia política se ha adelantado. Y con ella, la batalla por el control de los medios de comunicación también.

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La conversación giró alrededor de un tema central: cómo se distribuyen y ejecutan los Parque Lefevre recursos gestion municipales. Rodríguez expuso un contraste que resume el problema. La junta comunal maneja aproximadamente 1.8 millones de dólares anuales (65 mil mensuales para funcionamiento y 850 mil para inversión). La alcaldía, en cambio, dispone de más de 200 millones. «Cien veces más presupuesto», enfatizó. Sin embargo, mientras su equipo ejecuta el 100 por ciento de su presupuesto, Parque Lefevre recibe inversiones que él describe como «discrecionales».

El parvulario cerrado: un año sin soluciones

El caso más emblemático es el Centro de Desarrollo Infantil (Cedi) en Panamá Viejo. Lleva más de un año cerrado. Rodríguez explicó que la instalación, que atiende a una población vulnerable de cerca de 10 mil habitantes, se inunda por problemas estructurales heredados: hace 20 años permitieron construir el Panamá Viejo Business and Residence a 200 metros, eliminando 40 mil metros cuadrados de zona de amortiguamiento del río. La calle nueva hacia el centro logístico quedó un metro más alta que el parvulario.

«Ninguna administración previó que este edificio iba a sufrir daños estructurales», dijo. Pero lo que lo indigna es la inacción. Al lado está el Instituto William Kilpatrick, con 30 o 35 años, que fue rellenado con buenos cimientos y drenaje. «Ellos no tienen problema cuando llueve. ¿Quién tiene problema? La instalación pública», donde una madre tiene la oportunidad de dejar a su hijo mientras trabaja.

El parvulario tiene capacidad para 100 infantes. Estaba operativo. Ahora es un cascarón. «Ya lo desmantelaron. Se llevaron los aires acondicionados, los cables. El municipio llegó, sacó todo lo que podía y dejó el cascarón allí.» Cero inversión en repararlo. Cero presupuesto asignado. Las madres, muchas de ellas abuelas criando nietos en familias disfuncionales, tuvieron que trasladar a sus hijos a parvularios más lejanos. Eso significa pagar transporte, perder tiempo, llegar tarde al trabajo, regresar más tarde a casa. «Son muchos factores que te dicen que en una zona como Panamá Viejo necesitas esa instalación.»

La discrecionalidad como herramienta política

Rodríguez fue directo: no necesita ser amigo del alcalde. Es un profesional. Renunció a su empleo en Claro Panamá, donde dirigía indicadores comerciales, para dedicarse a esto. Se preparó 16 años en la empresa privada antes de asumir el cargo. Tiene un plan medible, publicado en su sitio web, que está ejecutando.

Pero lo que lo preocupa es el patrón. Desde que llegó, el alcalde le quitó presupuesto a Parque Lefevre y lo distribuyó en otras juntas comunales «para quedar bien con el bloque que le aprueba en mayoría en el consejo». En los últimos meses, la alcaldía ha asignado más de 50 millones de dólares. «Pero no ves proyecto para Parque Lefevre.»

Esto no es negligencia. Es discrecionalidad. Y eso, según Rodríguez, es «muy peligroso». Porque un alcalde no está ahí para servir a una figura política. Está ahí para servir a los residentes. «Tú no puedes tomar una decisión por emociones y decir no me cae mal el representante. Yo no voy a invertir ahí, o me cae bien y me aplaudo de todo. Entonces voy a invertir un parque de 12 millones, un parque de 700 mil, cercas de 2 millones. Eso es discrecionalidad.»

El presupuesto municipal: transparencia vs. opacidad

Rodríguez es el único representante en Panamá que publica mensualmente en línea todos sus ingresos y egresos. «Yo vengo de la formación de la empresa privada, así que mido todos los meses el avance y busco cómo tener los mejores resultados.» Eso debería ser estándar. No lo es.

Cuando cuestionó la propuesta de 2 millones de dólares para pasos de cebra inteligentes, pidió documentación: dónde irían, cuál era el análisis previo, cuál el estudio de necesidad. La respuesta de la administración fue reveladora: «No, no sabemos. Primero nos lo aprueban y luego vemos dónde los ponemos.»

Un paso de cebra inteligente cuesta alrededor de 20 mil dólares. Con 2 millones, podrían hacer 100. Pero nadie lo cuestionó. «Hice la pregunta y se indignan. Entonces allí es donde uno dice: espérate, esto no es tu fondo privado. Esto no es una empresa tuya. Estos son fondos públicos.»

La fiesta de Año Nuevo: 560 mil dólares en una noche

Mientras el parvulario permanece cerrado, la alcaldía aprobó gastar 560 mil dólares en una fiesta de Año Nuevo que el alcalde denominó «A Star Petty White». Rodríguez hizo un festival de dos días en Panamá Viejo recuperando las patronales, con más de 12 mil asistentes, artistas de renombre nacional. «No se me fue esa plata. Yo creo que no llegamos ni a 100 mil y con más de la mitad del aporte de la empresa privada.»

Además, la alcaldía ya había gastado 80 mil dólares en alquiler del Atlapa para una feria de empleo anterior. «¿Por qué el señor alcalde no pide la Atrapa o el Roberto Durán prestado para ahorrarse esa plata?»

Eso es solo la fiesta. Hay 3.3 millones más para alumbrado y 500 mil para el desfile de Navidad. Todo aprobado sin debate real en el consejo municipal.

El consejo municipal: votación sin análisis

Rodríguez criticó que los colegas concejales no cuestionen. «Ayer lo dijo de hecho. Como dice ‘confesión de partes, como es prueba’. El alcalde dijo que hay representantes que le piden nombramientos. ¿Cuáles son esos representantes? ¿Qué tipo de negociaciones?» Nadie preguntó.

El patrón es claro: el alcalde tiene dos fondos principales de autogestión. De eso, puede invertir en obras y tiene para funcionamiento. «Él puede y lo hace a varias juntas comunales: les nombra gente por años, siempre les va nombrando.» Eso es lo que mantiene a los representantes callados.

«Prácticamente estamos solos en esto porque los colegas no se atreven a hacer las preguntas», dijo. Algunos tienen miedo. Otros ya están «adquiridos, alquilados, comprados».

Educación y ciudadanía: la raíz del problema

Rodríguez volvió al inicio de la conversación. Hace más de 2 mil años, filósofos griegos sabían que para educar a un niño, había que empezar educando a los padres 20 años antes. «Si descuidamos el sector público de inversión en educación, salud y bienestar de la población, estamos condenados a caer en una sociedad dirigida por un grupo minoritario que va a poder imponer sus creencias más fácilmente.»

Una democracia débil en valores es un riesgo. «La mayoría escoge mal.» Y eso poco se habla. Pero es real.

Por eso, desde la junta comunal, está trabajando en clínicas, atención a la primera infancia, estimulación temprana, programas de educación, ballet, karate, deporte, cultura. «No solo estamos para limpiar cunetas y hierba.» También entregan anteojos, muletas, sillas de ruedas, apoyo en funerales.

Su objetivo es demostrar que los representantes de corregimiento tienen una capacidad mucho mayor de la que se les ha permitido ejercer. «Parque Lefevre puede hacer más de lo que se le ha pedido por mucho tiempo.»

La pregunta incómoda sobre Mayer Mizrachi

Cuando le preguntaron si el alcalde es presidenciable, Rodríguez fue cauteloso pero honesto. «El señor comunica más de lo que hace. El señor no tiene ningún tipo de respeto hacia la disidencia de criterios o de pensamiento.» Pero tiene capital político. Las encuestas lo ponen con alta favorabilidad.

«No le estoy diciendo que sería una banda presidencial, pero por Dios, como sociedad tenemos valores muy bajos y todavía hay gente que pide a un condenado como presidente.»

Lo que le preocupa es que el alcalde no resiste el cuestionamiento. «No es intolerante. No resiste al que se le hagan preguntas.» Y por eso, según Rodríguez, no vino al programa. «Tiene claro que yo jamás he escuchado una reunión de un consejo municipal donde no haya cuestionamiento, pero tiene claro que en lo que al representante del corregimiento de Parque Lefevre, quien está aquí hoy, Rody Rodríguez, como le hace preguntas, como le cuestiona su accionar, él cree que está fastidiando de la vida.»

Pero no es así. «Él cree que está fastidiando de la vida al representante y a quien le está fastidiando la vida es a los moradores del corregimiento.»

La autonomía de las juntas comunales: un debate pendiente

Rodríguez enfatizó que cuando venga la nueva discusión de la ley de descentralización, hay que resolver algo fundamental: los representantes no pueden estar a merced de si le caen bien o no al alcalde.

«La gestión pública no puede ser en función de lo que a mí me cae bien y lo que me cae mal. La gestión pública es eso: es pública y es para todos, no es para el que a mí me cae bien o el que me cae mal.»

Eso requiere cambios legales. Pero también requiere ciudadanos preparados para exigir. «El ciudadano tiene que saber qué pedirle a un representante, qué pedirle a un diputado, qué pedirle a un alcalde.»

Rodríguez no aspira a ser diputado. «Es el puesto que menos me atrae honestamente.» Su vocación es la junta comunal. «Hay cargo con mayor vocación de servicio a la comunidad que el del representante de corregimiento.»

Pero cree que nadie debería estar más de 10 años en un cargo público. «Solo una reelección y cambia ya. Sal de ahí.» Eso rompería el paradigma de ver siempre a los mismos.

El legado de 15 años sin cambios

Antes de que Rodríguez llegara, Parque Lefevre estuvo 15 años bajo el CD y antes bajo el PRD. «Como me lo dicen los residentes, nunca jamás se había visto tanto trabajo en Parque Lefevre y ni siquiera nos alcanza para publicar el 10 por ciento de lo que hacemos en las redes.»

Eso no es jactancia. Es un cambio medible. Pero también es un recordatorio de lo que se puede hacer cuando hay voluntad, profesionalismo y recursos justos.

La pregunta que queda es si Parque Lefevre seguirá recibiendo esa inversión o si volverá al abandono cuando cambien los ciclos políticos. Rodríguez dice que seguirá trabajando por educar al ciudadano. Porque sin educación, sin valores, sin ciudadanía consciente, la democracia está en riesgo.

«Estamos en riesgo, estamos en riesgo y tenemos que prepararnos.»

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La duplicidad de funciones: Lantai bajo la lupa

El punto de partida fue la presentación del presupuesto 2027 de Lantai, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Icaza no se anduvo con rodeos: para él, Lantai es una duplicidad de funciones que no tiene competencia real para investigar a los diputados. «Si ya hay una Fiscalía y un ministerio público que investiga la corrupción, ¿para qué crear otra institución que solo levanta red flags?», cuestionó.

El profesor respondió con la frialdad de quien conoce la Constitución: los diputados solo pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia. Punto. Ni Lantai, ni la Contraloría, ni nadie más. «Si no te gusta la norma, plantea una reforma constitucional», sentenció. Pero aquí está el quid: mientras la Constitución diga eso, Lantai está maniatada. Y la gente lo sabe.

Lo que molestaba a Icaza no era solo la duplicidad legal, sino la realidad que todos ven: la Asamblea Nacional emplanilla a cientos de personas. La directora de Lantai reconoció públicamente que sus funciones no llegan hasta los diputados. Traducción: hay nepotismo en la Asamblea y nadie puede hacer nada. O casi nada.

«Cuando una institución se crea solo para nombrar y tener botellas políticas, estamos tirando la plata del lavadero», dijo Icaza, resumiendo la frustración de quienes ven cómo los recursos del Estado se usan para construir capital político.

La Contraloría, los diputados y el sueño eterno de la justicia

Cristina Castillo trajo otro ángulo: la dependencia distorsionada entre el ejecutivo, la Asamblea y la Contraloría. «Es un chantaje del legislativo al ejecutivo para que le pasen sus planillas», explicó. Y tiene razón. La capacidad de nombrar es la base del poder político en la Asamblea. No es un secreto. Es el sistema.

Pero aquí viene lo interesante: el Contralor actual está auditando esas planillas. ¿Resultado? Castillo fue irónica: «Esperen a que termine la gestión del Contralor. Apuesto a que esas auditorías quedan en absolutamente nada, como todos los procesos que duermen el sueño eterno en la Corte Suprema de Justicia contra los diputados».

Nadie la contradijo. Porque todos saben que tiene razón.

Europa, Panamá y la lista negra fiscal: Un eurodiputado levanta la mano

Luego vino una nota que Icaza trajo con cierto optimismo: un comunicado oficial del eurodiputado neerlandés Álvaro Sebastián Cruz pidiendo que Panamá sea retirada de la lista negra fiscal de la Unión Europea. «Europa debe reforzar sus lazos comerciales con Panamá, no debilitarlos», dice el comunicado.

El profesor fue escéptico. «¿Un eurodiputado de 700? Eso no es noticia». Pero Icaza insistió: «Que un eurodiputado haga público que Panamá tiene que salir de la lista sí importa. Aunque sea uno».

Aquí hay contexto importante: Panamá mantiene desde diciembre de 2019 una tarjeta amarilla de la Unión Europea por pesca ilegal. Casi siete años después, sigue vigente. Y aunque la Comisión Europea recomendó sacar a Panamá de la lista negra fiscal, el Consejo Europeo votó en contra. Los votos en contra provinieron principalmente de los Verdes y la Alianza Libre Europea, bloques ideológicos de izquierda que exigen supervisión más estricta.

La votación fue en julio de 2025. Viene otra en octubre. Panamá espera.

El documento de los obispos: ¿Filtración o publicación oficial?

Aquí el debate se encendió. Un documento que circuló el fin de semana, fechado el 15 de septiembre, supuestamente de la Conferencia Episcopal Panameña, generó revuelo. Algunos colegas periodistas lo publicaron como si fuera oficial. Pero Icaza notó algo raro: el documento tiene fecha de 15 de septiembre, pero circuló el fin de semana anterior. ¿Cómo es posible?

Segundo: la Iglesia católica no ha salido a confirmar ni a desmentir. Tercero: usualmente los comunicados de la Conferencia Episcopal llevan la firma de todos los obispos, no solo de tres.

Icaza fue directo: «Si ese documento está como está, los obispos les faltan clases de historia». ¿Por qué? Porque el documento niega la existencia de minería en Panamá. Pero Omar Jaén Suárez, historiador y geógrafo, publicó en 1995 un extenso artículo documentando la historia minera de Panamá desde la conquista española. «Castilla del Oro», la llamaban. La fiebre del oro marcó la conquista y colonización de Panamá.

Cristina fue más allá: «Alguien dentro de la Conferencia quería que ese documento se filtrara. O alguien no quería que se filtrara. Pero se filtró».

Minería, historia y la Iglesia: Un debate sobre hechos

El profesor aclaró: «No sé si el documento es oficial o se filtró. Eso lo dirán los obispos. Mi punto es que tiene una falla histórica». Y tiene razón. La historia de Panamá incluye minería. Eso es un hecho, no una opinión.

Pero aquí está el nudo: ¿por qué la Iglesia se opone a proyectos mineros? Eso es legítimo. Es su derecho. Pero negar la historia minera de Panamá es otra cosa. Es reescribir los hechos.

Matrimonio igualitario, eutanasia y el debate sobre derechos

Luego vino el tema que encendió el chat: matrimonio igualitario, eutanasia, legalización de drogas. Gonzalo fue claro: «Soy a favor del matrimonio igualitario, check. Legalización de drogas, check. Eutanasia, check».

Cristina fue más matizada: «Estoy a favor de tutelar derechos civiles. Matrimonio igualitario con lo que convenga alrededor de lo civil. Nadie pretende que en una iglesia, que es privada, crean algo que no creen».

El profesor fue pragmático: «En una sociedad democrática, hay gente a favor y gente en contra. Unos son violentos, otros dicen ‘no es problema mío’. Otros dicen ‘estoy a favor y estoy en contra de los que están en contra’. Eso es lo que ocurre en una sociedad».

Pero Cristina tocó un punto crucial: Panamá está atrasado en este tema. Más del 70% de Latinoamérica ha aprobado el matrimonio igualitario o la unión civil. Panamá no ha dado ni un paso. Y eso tiene consecuencias reales: acceso a preservativos, educación sexual, prevención del VIH. Cuando una sociedad no puede hablar abiertamente de estos temas, enfrenta crisis de salud pública.

«Una pareja adulta debe recibir protección de la ley. Nadie está hablando aquí del matrimonio como institución religiosa. Pero hay minorías que merecen reconocimiento frente a la ley», dijo Cristina.

El respeto como base de la democracia

Al final, el debate convergió en un punto: respeto. Respeto a la profesión de fe de cada uno. Respeto al estilo de vida. Respeto a la libertad de expresión. Cuando una sociedad entiende eso, evoluciona. Cuando no, se estanca.

El profesor lo resumió bien: «Todo esto comienza con una palabra y una acción clave: respeto. Respeto a la profesión de fe que cada uno quiera tener. Respeto al estilo de vida que cada uno quiera tener. Respeto a la libertad de expresión que cada uno quiera ejercer».

Y luego vino la pregunta incómoda: ¿cómo logras que una sociedad entienda esto? Respuesta: con educación. Con educación que enseñe que hay quienes opinan diferente, que hay quienes tienen estilos de vida diferentes, que hay quienes profesan religiones distintas. Cuando tú respetas eso, cuando entiendes la importancia de ese respeto, la sociedad sigue evolucionando.

Panamá en 2026: Debates sin resolver

En septiembre de 2026, Panamá sigue debatiendo los mismos temas: corrupción en la Asamblea, minería, derechos de minorías, rol de la Iglesia. No hay respuestas fáciles. Pero hay un programa que se atreve a hacer las preguntas incómodas. Y eso, en un país donde muchos prefieren el silencio, es importante.

El análisis político en Panamá no es solo sobre números y votos. Es sobre quiénes somos como sociedad. Y ese debate, incómodo como es, es el que define nuestro futuro.

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La respuesta es directa: sintió un llamado. Y ese llamado tiene nombre: educación. «El robo a la educación», dice. «Cuando le robas las oportunidades a la gente, le robas el resto de su vida». Eso fue lo que lo despertó. Eso fue lo que lo hizo decidir que fuerza ciudadana partido panama 2029 sería su apuesta política.

Seis mil firmas en un mes: el voto de confianza

Los números hablan. En cuatro semanas, Díez Montilla recorrió las 10 provincias, las 5 comarcas, desde Darién hasta Renacimiento. Estuvo en el terreno, escuchando. Y logró recopilar 6.380 firmas de ciudadanos que le dieron su voto de confianza. No son números mágicos: son 6.380 compromisos que pesan.

«Eso para nosotros es un compromiso», enfatiza. «La gente dijo: voy a dar una oportunidad a alguien nuevo. Y eso no podemos fallarles».

Pero aquí viene lo complicado. El tribunal electoral aún no emite la resolución que le permita salir a recoger las firmas restantes. Necesita llegar a 45.503 firmas (número que podría cambiar si aprueban nuevas reformas electorales). Y tiene hasta el 31 de diciembre de 2027 para constituirse como partido legalmente. Los tiempos, como dice Díez Montilla, son «justos, mas no imposibles».

Contra la corrupción, pero con soluciones reales

¿Qué diferencia a Fuerza Ciudadana de los partidos tradicionales? Díez Montilla lo plantea en cuatro puntos: un plan para solucionar problemas, compromiso de luchar contra la corrupción «venga de donde venga», saber cómo se genera empleo y cómo mejorar educación, y finalmente, gente que no viene del carrusel político tradicional.

«Nosotros no estamos prometiendo nada. Estamos hablando de los problemas del país y que hay que buscar una alternativa», dice. «Ya sabemos lo que tenemos con lo que hay. Lo vemos todos los días».

El énfasis en la corrupción no es retórica. Menciona el caso de El Faro, los 6.700 millones de dólares de presupuesto desde 1990 hasta 2026, y pregunta: ¿con qué resultados? Cada beca mal asignada, cada auxilio económico a quien no lo necesitaba, cada condición injusta para un préstamo, es un robo no solo del día, sino de toda una vida de oportunidades.

El modelo económico no funciona: logística sin producción

En economía, Díez Montilla critica el modelo actual. Toma la Zona Libre de Colón como ejemplo: genera menos de 5.000 empleos. En República Dominicana, las zonas francas generan más de 200.000. ¿La diferencia? Allá producen. Aquí solo distribuyen.

«La gente le paga a los colaboradores en Colón por día: $20 por día. Ven a cargar bultos y se acabó. Eso no puede ser. Eso no es sostenible», critica.

Propone que el Estado se «desburocratice» y se «tecnologice». Una secretaría de Innovación y Tecnología dentro de la junta directiva del partido no es casualidad: la tecnología lucha contra la corrupción, elimina los «juegos vivos» y los favoritismos.

Agua: el problema no es potabilización, es distribución

Sobre el tema del agua potable, que afecta incluso a barrios como Betania donde la gente paga puntualmente, Díez Montilla identifica el verdadero problema: se pierden 130 millones de galones de agua al día por fugas, falta de cobro y falta de controles.

Reveló algo inquietante: funcionarios del Idaan dañan turbinas y sistemas para que los camiones cisternas lleguen a distribuir agua. Y esos camiones paran en las calles antes del destino, vendiendo agua a $10, $15, $20 por galón.

«¿Dónde está el control? ¿Quién lo monitorea? Supuestamente esos camiones tienen GPS. ¿Quién hace algo al respecto?», pregunta.

No propone privatizar (dice que es un tema sensitivo), sino crear APPs de distribución: «Yo le pago a usted por lo que usted distribuye». Pero primero hay que generar confianza. La tarifa del agua data de 1980-1981. El Estado invierte más en potabilizar que lo que vende. Hay un subsidio implícito. Antes de subir precios, hay que mejorar el servicio.

Salud: médicos obligados no dan buen servicio

En salud, critica que se contrate médicos que trabajan solo de 8:00 a 12:00. Una madre embarazada pierde un día de trabajo cada vez que va a un chequeo. ¿Por qué no hay médicos en turno de tarde? ¿Por qué no hay exámenes los sábados?

Sobre la propuesta presidencial de traer médicos extranjeros, Díez Montilla es cauteloso: «Panamá tiene suficiente talento si le damos la oportunidad a los panameños». Pero reconoce que si alguien necesita una operación de cardiología y espera un año, no puede decirle que no traiga al médico extranjero.

Lo que sí rechaza es reducir el período de residencia médica. «Entonces tú me vas a decir a mí lo que está probado que usted tiene que capacitarse por una cantidad de años. Ahora lo que vamos a hacer es reducirlo y poner a la gente a practicar con la vida ajena. No me parece».

El problema real es sistémico: el Hospital Juan Manuel Núñez en Colón estuvo cerrado más de un mes. Los quirófanos en Chitré estuvieron cerrados. Falta infraestructura, medicinas, insumos. De qué sirven los especialistas si no hay donde operar.

Posiciones claras, pero sin imposiciones

En temas sensibles, Díez Montilla es directo pero matizado. Sobre eutanasia: «En casos muy extremos», pero primero hay que agotar todas las vías para que la persona tenga vida digna y salud. Vivió con su padre enfermo, vio su declive. Entiende el sufrimiento, pero no es un cheque en blanco.

Sobre cannabis recreativo: «No estoy de acuerdo». Cita la deserción escolar: 10.214 estudiantes en 2024. Ve a adolescentes de 13 y 14 años consumiendo drogas, vinculado a la deserción. «No puedo estar de acuerdo sin controles».

Sobre matrimonio igualitario: «Yo creo que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer». Pero defiende la unión civil: «No puede ser que tú trabajes toda tu vida y que esa pareja no pueda recibir la pensión por la que pagaste. Eso está mal».

Lo importante, dice, es que un partido no es un «traje a la medida». Habrá corrientes internas, debates, consensos. «Si un partido te cumple con 7 de 10 temas, tú puedes ser parte de ese partido y debes ser lo suficientemente valiente para levantar la mano y decir difiero en estos 3 puntos, pero concuerdo en estos 7».

Rechazo a modelos autoritarios

Cuando le preguntan sobre el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, Díez Montilla es categórico: «Panamá quiere eso? Panamá quiere 90.000 presos sin debido proceso solo porque te vieron una esquina con un tatuaje?». Rechaza copiar modelos de otros lados. «Panamá necesita medicina para la enfermedad de Panamá».

Antes de hablar de «mano dura», hay que preguntarse: ¿qué estamos haciendo para dar oportunidades? ¿Para mejorar educación? ¿Para disminuir deserción escolar? ¿Para garantizar movilidad social? La criminalidad hay que atacarla, pero también hay que rehabilitar a los presos, no solo tenerlos encerrados para que salgan a delinquir nuevamente.

Constituyente: no es la prioridad

Sobre la propuesta de una constituyente originaria, Díez Montilla es escéptico. «La Constitución no te soluciona el problema del agua, no te soluciona el problema de salud, no te soluciona el problema de educación». Cree en las reformas mediante asambleas, como se ha hecho antes. Eso ha permitido estabilidad y que los ciudadanos voten por diputados a favor o en contra de lo propuesto.

Además, critica la lógica: si es tan urgente, ¿por qué entra en efecto hasta el 1 de julio de 2029? «Si tú eres el que lo estás empujando, ¿por qué no lo haces el mismo año que lo promulgas? Eso es el doble discurso».

El empresario en política: un estigma que hay que romper

Cuando le preguntan sobre el estigma de que un empresario no puede llegar a política, Díez Montilla responde con convicción: «Está demostrado que el país nos necesita a todos». Ha vivido en Panamá, invierte en Panamá, genera empleo. «Tengo la etiqueta, la camisa y el tatuaje de Panamá».

Lo que importa es quién está a la cabeza, qué ejemplo da, cómo hace las cosas. Eso es lo que permite que la gente quiera ser parte de un proyecto. «Apuesto a generar esa credibilidad necesaria para generar los cambios que hay que hacer».

Alianzas, pero sin perder el rumbo

¿Haría alianzas con partidos tradicionales? «La política lleva una conversación constante. El día que no tengamos conversación, entonces nos entraremos a golpes. Yo no quiero llegar a eso». Hay gente buena en todos lados. Hay que enfocarse en quienes quieran resultados diferentes.

Pero el mensaje es claro: fuerza ciudadana partido panama 2029 no es un proyecto de conveniencia. Es una apuesta por cambio real, por soluciones sostenibles, por un Estado que funcione, por educación de calidad, por empleo digno, por lucha frontal contra la corrupción.

Los tiempos son justos. El tribunal electoral aún no da la luz verde para recoger las firmas restantes. Las reformas electorales están en debate. Pero Díez Montilla es categórico: «Ni las reglas, ni el 4% que pongan para tratar de evitar que se constituya el partido, Fuerza Ciudadana lo va a lograr. Con las reglas que sea, con los números que sean, en el tiempo que hay que hacerlo».

Prometió volver cuando presentara los papeles. Volvió. Ahora toca esperar qué dice el tribunal electoral y si la gente, en las calles, le da las firmas que necesita para llegar a 2029 como una alternativa real.

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La respuesta no es simple. Durante una conversación en Panamá en Directo, especialistas en economía profundizaron en un fenómeno que trasciende las cifras macroeconómicas: la estructura misma de la economía panameña está diseñada para crecer sin necesariamente crear puestos de trabajo masivos.

Una economía terciaria que no emplea

Panamá tiene lo que los economistas llaman una «economía terciaria» o de servicios. No depende de la exportación de materias primas como otros países latinoamericanos, lo que la protege de los vaivenes de los precios internacionales de commodities. Pero esa misma sofisticación tiene un costo: las industrias que impulsan el crecimiento —logística, servicios financieros, turismo, comercio— requieren menos capital humano o un capital humano altamente especializado.

Cuando el sector logístico crece, por ejemplo, no necesariamente contrata decenas de miles de trabajadores sin calificación. Lo mismo ocurre con los servicios financieros. El desempleo panama economia crecimiento refleja precisamente este desajuste: hay expansión económica, pero en sectores que no absorben la mano de obra disponible.

«La cara difícil de ese modelo económico es que le cuesta mucho generar empleo, sobre todo de mano de obra no calificada», explicó una analista durante el programa. «Las industrias que lo impulsan requieren tal vez de menos capital humano o de un capital humano más sofisticado».

El sector construcción: la válvula de escape histórica

Históricamente, la construcción ha sido el motor de empleo en Panamá. Proyectos como la ampliación del Canal, el Metro, grandes infraestructuras, generaban miles de empleos directos e indirectos. Pero en los últimos años, ese sector no ha desplegado la capacidad que tuvo en administraciones anteriores, como la de Ricardo Martinelli.

Sin embargo, hay consenso entre expertos: si el gobierno logra ejecutar un plan ambicioso de inversión pública en obras estratégicas —renovación de carreteras, extensión del Metro, mejora de aeropuertos, infraestructura turística—, la construcción podría volver a ser el generador de empleo que el país necesita.

El problema es que eso requiere endeudamiento. Y aquí entra otra variable: Moody’s, la agencia calificadora, está evaluando en noviembre si mantiene o retira el grado de inversión de Panamá. El gobierno ha logrado reducir el déficit fiscal y bajar la deuda pública, pero ¿hay espacio para endeudarse más en obras que realmente generen retorno económico?

La incertidumbre de la mina: un freno invisible

Hay otro factor que paraliza la inversión privada: la incertidumbre sobre el futuro de la mina de Cobre en Río Indio. Empresas nacionales e internacionales están esperando claridad sobre si el proyecto avanzará o no. Esa incertidumbre, según analistas, desalienta inversiones que podrían generar empleo.

«La empresa privada después de lo que le ocurrió con los grandes cierres que hubo prácticamente 3 años seguidos, hay gente que todavía está asustada respecto a que le cierren 6 meses el país», señaló un experto. Esa memoria de conflictividad sigue pesando.

¿Qué hacer mientras llega la construcción?

La pregunta que queda sin respuesta clara es: ¿qué se hace en el corto plazo? Las obras públicas tardan en ejecutarse por trámites burocráticos. Mientras tanto, hay 10.4% de desempleo, filas enormes en convocatorias de empleo, y gente en la informalidad.

Algunos proponen incentivos fiscales para atraer inversión privada en sectores específicos. Otros hablan de mejorar la educación técnica para alinearla con las demandas del mercado laboral. Pero todos coinciden en que es un problema estructural que no se resuelve en meses.

Lo que sí está claro es que el desempleo panama economia crecimiento no es un misterio económico abstracto. Es la brecha entre una economía que se expande en sectores sofisticados y una población que necesita empleos accesibles, formales y bien remunerados. Cerrar esa brecha es el verdadero desafío de cara a 2029.

El factor político: ¿puede la economía cambiar el voto?

Mientras tanto, hay una pregunta política que flota en el ambiente: ¿si la administración Mulino logra mover la aguja del empleo en los próximos dos años, cambiará eso el panorama electoral? Históricamente, ningún gobierno ha ganado una elección en Panamá estando en el poder. Pero si el desempleo baja y la economía se dinamiza, ¿sería esta la excepción?

Lo que está en juego no es solo la popularidad de un presidente. Es la confianza en el sistema económico y político del país. Si los panameños no sienten mejoría en sus bolsillos, es probable que busquen candidatos con discursos disruptivos, sin importar si vienen de la derecha o la izquierda. Y eso sí sería un cambio de fondo.

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«He dedicado los últimos 15 años a la inspección de obras y me he dado cuenta que hay una falta de formación técnica en muchos profesionales», explicó Arias en una entrevista radial. «El propósito principal de este manual es la formación y que sirva como referencia, porque las normas están todas dispersas y a veces es muy difícil su aplicación por desconocimiento de las mismas».

¿Por qué viviendas unifamiliares?

La decisión de enfocarse en viviendas unifamiliares no fue casual. Según datos del censo de la Contraloría, el 85% de los panameños viven en este tipo de edificaciones. Aunque el manual se concentra en chalets de una sola planta con techo de metal —la definición técnica del reglamento de diseño estructural—, Arias aclaró que los principios aplican también a dúplex adosados y, en buena medida, a edificios multifamiliares.

«Cuando me di a la tarea de redactar este manual, me di cuenta que no es tan sencillo porque tiene casi todos los elementos de un edificio: vigas, columnas, mampostería, techos, incluso estructura metálica», señaló.

Lo que diferencia a una vivienda unifamiliar de un edificio, según la normativa panameña, es la ausencia de fundaciones profundas como pilotes, losas sin rociadores y sistemas más simples. Pero eso no significa que sean construcciones triviales.

La brecha regulatoria en Panamá

Panamá carece de un reglamento nacional de construcción integral. Lo que existe es el Reglamento de Diseño Estructural (RDE), pero la tarea de crear un código de construcción más completo comenzó en 2020 bajo la dirección de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y aún está pendiente.

Esta ausencia tiene consecuencias visibles: urbanizaciones con excelentes estándares conviven con otras donde abundan las quejas sobre filtraciones, defectos estructurales y materiales de baja calidad. Arias enfatizó que esto no es responsabilidad exclusiva de las constructoras, sino de un ecosistema donde confluyen múltiples actores.

«La inspección es el aseguramiento de calidad. El rol principal es asegurarse que se cumpla lo que dice el diseño, que el diseñador indicó ciertos equipos y ciertos materiales».

El rol crítico de la inspección técnica

Uno de los puntos más delicados que Arias abordó es la diferencia entre la responsabilidad del diseñador, el contratista y las autoridades. La Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá no aprueba proyectos; los «registra». Esto significa que la responsabilidad recae directamente en quien firma los planos y en quien ejecuta la obra, no en los funcionarios públicos.

«La responsabilidad de la obra es del diseñador por su diseño y del contratista por la construcción. Ellos son responsables de que cumplan con las normativas», aclaró Arias. «No es responsabilidad de los funcionarios hacer recálculos».

Sin embargo, esta estructura genera un vacío: no hay fiscalización continua durante la construcción. Los permisos de ocupación se solicitan cuando la obra ya está terminada. Si hay deficiencias, es demasiado tarde. Por eso, Arias insistió en que la inspección debe ser contratada por el propietario o, en algunos casos, por el banco que financia el proyecto.

Arias compartió un caso personal: fue removido de un proyecto de presa hidroeléctrica porque advirtió que se estaba construyendo con un diseño distinto al aprobado. «Uno tiene que tener principios profesionales y también éticos, aunque te quedes sin trabajo», reflexionó.

Las construcciones informales: «trampas de muerte»

La preocupación más profunda de Arias va más allá de los proyectos formales. En asentamientos informales y zonas rurales, ha visto casas construidas sin columnas ni vigas de amarre, elementos básicos que no cuestan mucho más pero son fundamentales para la seguridad estructural.

«Cuando construyes sin columnas y vigas estás poniendo en peligro la vida de tus seres más queridos. Es total falta de conocimiento», señaló. «El Estado tiene que jugar un rol central, especialmente para supervisar que no se construya al lado de riberas de ríos, en áreas inundables o donde se va a deslizar».

Casos como San Miguelito, que comenzó como asentamiento informal, ilustran cómo la falta de planificación urbana genera riesgos estructurales y ambientales. Arias enfatizó que incluso en zonas de mayor proyección, como Aránlo, Macobá y Las Garzas, persisten construcciones sin los elementos mínimos de seguridad.

Prácticas cuestionables en el mercado formal

El ingeniero también abordó prácticas comunes pero éticamente discutibles en el mercado inmobiliario formal. Un ejemplo: vender apartamentos como «2 recámaras» cuando en realidad solo tienen una, dejando el espacio para una segunda que el comprador debe construir.

«Lo hacen por densidad. Cuando le otorgan el registro del plano, si por cada recámara suman 2 personas, pero si es una sala no suma, el cálculo de densidad es más bajo», explicó. «Entonces venden como dos recámaras pero no la construyen. Dejan las previsiones eléctricas para que el comprador la haga después».

Aunque existe la Ley de Protección al Consumidor (Codeco) que podría aplicarse por falsedad en información, estas prácticas persisten porque se informa al comprador, quien las acepta.

Casos emblemáticos de incumplimiento

Arias mencionó varios casos que ilustran las grietas del sistema: el edificio de Punta Paitilla, que fue construido a pesar de una orden de la Fiscalía; el pH Madison Tower en San Miguelito, que se levantó sobre un colector pluvial y fue ordenado demoler pero nunca se demolió; y el caso del pH Cristal en El Cangrejo, donde un propietario del último piso instaló un jacuzzi que causó filtraciones en el apartamento de abajo sin que las autoridades actuaran.

Estos casos revelan un problema sistémico: incluso cuando hay denuncias y fallos judiciales, la ejecución es lenta o nula. «Es como dice el dicho, no es mejor pedir perdón que pedir permiso, porque el banco no te perdona esa deuda», bromeó Arias, refiriéndose a que los compradores siguen pagando hipotecas por inmuebles defectuosos.

Barandas de vidrio y otras omisiones normativas

Un detalle que genera particular preocupación a Arias es la falta de normativa específica para barandas de vidrio en Panamá. Aunque existe una norma de resistencia (deben aguantar al menos 200 libras), no se realizan pruebas rigurosas.

«A veces estamos en un edificio altísimo y ponen vidrio que no corresponde porque se puede caer. Ponen barandas muy bonitas, muy simpáticas, pero ¿qué tan seguro es?», cuestionó.

Otro ejemplo: las barreras de impacto vehicular en estacionamientos. Aunque la norma existe, no siempre se implementa correctamente. Arias recordó el caso de una joven que aceleró su auto en un estacionamiento y se cayó al vacío porque la barrera no estaba adecuadamente reforzada.

Un aporte académico y profesional

El manual inspeccion viviendas panama no es una norma obligatoria, sino una guía técnica que desarrolla y explica las normativas existentes. Incluye ejemplos, figuras y tablas para facilitar la comprensión de códigos que, de otro modo, resultan densos y de difícil interpretación.

El manual está disponible en la Cámara Panameña de la Construcción (Capac). Arias también ha programado presentaciones: el 24 de septiembre en la Expo Capac y el 6 de octubre iniciará un programa de capacitación basado en el manual. El documento recopila referencias a 259 normativas, incluyendo números de gaceta y enlaces para acceder a ellas.

«Es un aporte técnico profesional, no una norma, pero recoge normativas y las desarrolla porque a veces leer los códigos es difícil de entender», explicó Arias. «Tiene potencial uso académico también».

Aunque podría ser evaluado por la Junta Técnica para convertirlo en cumplimiento obligatorio, por ahora funciona como una herramienta de consulta para inspectores, constructores, diseñadores y propietarios que buscan garantizar que sus viviendas sean seguras y duraderas.

En un país donde la inspección continua es rara, donde las normas están dispersas y donde la responsabilidad se diluye entre múltiples actores, este manual representa un esfuerzo por llenar un vacío que, durante décadas, ha dejado a familias panameñas viviendo en estructuras cuya seguridad nunca fue verificada adecuadamente.

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Introducción: El síntoma de una fractura subyacente

En los últimos años, la divulgación periódica de los resultados del Examen Básico de Certificación Médica administrado a los egresados de las facultades de medicina del país ha desatado una controversia recurrente en los medios de comunicación y la opinión pública. La reprobación de una proporción sustancial de aspirantes —tanto de universidades locales públicas y privadas como de profesionales formados en el extranjero— suele ser abordada desde la alarma mediática o la defensa corporativa de los programas académicos. Sin embargo, desde una perspectiva epidemiológica y de gestión de servicios de salud, este desenlace no debe interpretarse como un fallo aislado atribuible de manera exclusiva a la capacidad individual del postulante, sino como el síntoma visible de desequilibrios acumulados en la cadena de valor de la educación médica.

El ejercicio de la medicina no admite la tolerancia a la variabilidad no controlada en las competencias mínimas. La certificación estandarizada cumple una función sanitaria insustituible: certificar ante la sociedad que quien asume la responsabilidad del acto médico posee el marco cognitivo, el juicio clínico y el razonamiento fisiopatológico indispensables para no incurrir en negligencia o yatrogenia. Cuando un porcentaje notable de quienes culminan seis o siete años de carrera fracasa en validar estos estándares, el sistema sanitario enfrenta una doble encrucijada: el riesgo inherente a la seguridad del paciente y la ineficiencia económica de un modelo que invierte recursos masivos en graduar profesionales no aptos para el ejercicio inmediato.

Diagnóstico situacional: Desarticulación curricular y dispersión formativa

Para comprender el origen de la reprobación masiva, es indispensable desglosar las variables que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje médico contemporáneo en Panamá.

1. Proliferación de ofertas y heterogeneidad en la acreditación

Durante las últimas dos décadas, la oferta universitaria en ciencias médicas experimentó una expansión acelerada. Si bien la descentralización de la enseñanza responde en teoría a la necesidad demográfica de formar más profesionales, este crecimiento no siempre ha estado aparejado de mecanismos de supervisión curricular homogéneos. Coexisten programas con décadas de tradición y sólida estructura departamental con iniciativas más recientes que enfrentan limitaciones en infraestructura, laboratorios de simulación y claustros docentes con dedicación exclusiva. La ausencia de criterios de acreditación regional vinculantes y uniformes genera una dispersión en el perfil de egreso que el examen estandarizado, por su propia naturaleza neutral, termina visibilizando.

2. La crisis de los campos clínicos y la sobrecarga tutorial

El razonamiento médico no se consolida exclusivamente en el aula magistral; se forja en la cabecera del paciente bajo la supervisión directa de especialistas idóneos. En Panamá, la capacidad instalada de los hospitales docentes de tercer nivel y de las policlínicas de referencia se encuentra saturada. La densidad de estudiantes por cama hospitalaria y por docente tutor ha crecido, diluyendo la exposición clínica real. En muchas instancias, el estudiante transita rotaciones hospitalarias en calidad de observador pasivo, completando tareas administrativas en lugar de participar activamente en la discusión de casos, el análisis fisiopatológico y el diseño de planes terapéuticos guiados por la evidencia.

3. Enfoque memorístico frente a evaluación de juicio clínico

El examen de certificación empleado en el país utiliza metodologías psicométricas internacionales (basadas en estándares como los del National Board of Medical Examiners – NBME), diseñadas para evaluar la integración vertical del conocimiento: la aplicación de la ciencia básica (farmacología, microbiología, patología) en escenarios clínicos contextualizados. Por el contrario, un sector significativo de la docencia de pregrado aún privilegia la memorización pasiva de taxonomías o esquemas diagnósticos fragmentados. Esta brecha metodológica explica por qué estudiantes con promedios académicos aceptables en sus respectivas casas de estudio experimentan dificultades insuperables ante reactivos de opción múltiple estructurados para discriminar el razonamiento inferencial.

Implicaciones para la salud pública y el sistema asistencial

El impacto de este fenómeno trasciende el ámbito académico e incide directamente sobre la estructura y equidad del sistema sanitario nacional.

• Seguridad del paciente y calidad asistencial: En epidemiología clínica, la seguridad del paciente es el desenlace no negociable. Permitir la flexibilización o el descenso artificial en el punto de corte (pass score) del examen, como en ocasiones se ha insinuado bajo presiones gremiales o políticas, constituiría una regresión sanitaria. Un profesional que carece del dominio básico sobre dosificación terapéutica, identificación precoz de patologías críticas (como choque séptico, eclampsia o síndrome coronario agudo) y principios de bioseguridad representa una amenaza latente para la población usuaria, en particular en el primer nivel de atención.
• Inequidad en la distribución del recurso humano: Tradicionalmente, los médicos que aprueban el examen acceden a las plazas de internado hospitalario y, posteriormente, al servicio social en áreas rurales o comarcales. Cuando cohortes sucesivas se rezagan en el examen, se generan cuellos de botella en la contratación institucional y déficit de cobertura en las zonas de mayor vulnerabilidad social. Paradójicamente, la escasez de personal en la periferia convive con un contingente acumulado de egresados que no pueden ejercer legalmente en el territorio nacional.
• Desperdicio de recursos y determinantes socioeconómicos: La formación de un médico exige un esfuerzo financiero sustancial, ya sea sufragado por el Estado a través del subsidio universitario o asumido por las familias mediante deudas educativas en el sector privado. La frustración profesional derivada de la no certificación impacta la salud mental de los jóvenes egresados y constituye una pérdida económica neta para el país, que retiene capital humano inmovilizado y sin capacidad de inserción laboral formal.

Hacia una reingeniería del modelo formativo

Superar esta encrucijada requiere abandonar la confrontación reactiva cada vez que se publican los resultados y asumir intervenciones de política pública estructuradas:

1. Rectoría y estandarización del pregrado: El Consejo Técnico de Salud y el Ministerio de Salud, en estrecha coordinación con las comisiones de acreditación universitaria, deben establecer estándares mínimos vinculantes para la apertura y continuidad de programas de medicina. Esto incluye ratios estrictos de estudiantes por docente, disponibilidad certificada de centros de simulación clínica y convenios formales de docencia-servicio fiscalizados técnicamente.
2. Evaluaciones intermedias y tempranas: Esperar al término de la carrera para medir por primera vez las competencias del estudiante es un error estratégico. Se deben instituir evaluaciones progresivas al culminar las ciencias básicas (tercer año) y previas al internado rotatorio. Esto permitiría intervenciones pedagógicas oportunas, tutorías de refuerzo y advertencias tempranas a las facultades con bajo rendimiento formativo.
3. Revalorización de la carrera docente hospitalaria: La labor docente de los especialistas en el sistema público no puede continuar fundamentándose en el voluntarismo ni asumirse como una carga añadida a la labor asistencial desbordada. Es indispensable formalizar la carrera del médico docente, con horas dedicadas y protegidas para la enseñanza, evaluación periódica de la calidad pedagógica e incentivos institucionales claros.
4. Transparencia activa institucional: La publicación desglosada y periódica del desempeño de cada facultad de medicina en los exámenes de certificación debe ser una política de Estado obligatoria. La sociedad y los futuros aspirantes tienen derecho a conocer la eficacia formativa de las instituciones antes de comprometer su vocación y patrimonio financiero.

Consideraciones finales

El Examen Básico de Certificación Médica no es el problema; es el termómetro que registra con precisión la fiebre del sistema educativo en salud. Proponer rebajar las exigencias de evaluación equivaldría a intentar erradicar una epidemia rompiendo los instrumentos diagnósticos. La protección de la vida humana, la equidad sanitaria y la sostenibilidad de los servicios de salud demandan profesionales formados bajo el rigor que la complejidad médica moderna exige. Corresponde al Estado panameño, a la academia y al cuerpo médico asumir con madurez técnica esta evidencia y transformar un debate estéril en una reforma integral de la educación médica.

* Médico epidemiólogo y especialista en gestión sanitaria. Jefe del Departamento de Salud y Atención Integral a la Población, Ministerio de Salud de Panamá (MINSA). Director Médico Corporativo en Minimed Corp.

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Durante una visita a Irlanda el domingo, Trump reconoció que podrían establecerse algunas salvaguardas, pero cuestionó las advertencias sobre los peligros derivados del rápido avance de la tecnología y reiteró que su prioridad es preservar el liderazgo estadounidense.

“Quien gane con la IA, gana”, señaló el mandatario al responder preguntas de periodistas en su complejo de golf de Doonbeg, donde asistió a la jornada final del Irish Open. Trump sostuvo que Estados Unidos lleva ventaja sobre China en esta tecnología y afirmó que quiere mantener esa posición.

Este lunes, el presidente volvió sobre el tema y fue más lejos. En una publicación en Truth Social sostuvo que Estados Unidos ya dispone de instrumentos regulatorios y penales para actuar contra las empresas de inteligencia artificial cuando sea necesario y calificó las crecientes críticas contra la IA y los centros de datos como una “conspiración” que, según él, terminaría beneficiando a China.

Los líderes de la industria piden reducir el ritmo

Las declaraciones de Trump se producen después de que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, publicara un extenso ensayo en el que pidió reducir la velocidad con la que aumentan las capacidades de los modelos de inteligencia artificial.

Amodei sostiene que la tecnología está avanzando a un ritmo que podría superar la capacidad de los investigadores para comprender y controlar determinados sistemas. Entre los riesgos que identifica están el uso de la IA para ataques cibernéticos, bioterrorismo, pérdida de control sobre sistemas avanzados y fuertes disrupciones económicas.

Su propuesta no consiste en paralizar el desarrollo tecnológico. Plantea, entre otras medidas, incorporar evaluadores independientes con acceso amplio a los sistemas de las compañías, establecer mecanismos de coordinación entre los principales desarrolladores de IA y avanzar hacia acuerdos internacionales que permitan gestionar los riesgos.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y Elon Musk, responsable de xAI, respaldaron públicamente varios de los planteamientos de Amodei. Altman expresó además su apoyo a que evaluadores externos puedan revisar de manera independiente las medidas de seguridad adoptadas por las compañías.

Paradójicamente, Amodei también considera necesario preservar la ventaja tecnológica de Estados Unidos frente a China. Su planteamiento es que una eventual desaceleración entre las compañías estadounidenses debería producirse de manera coordinada para evitar que las medidas de seguridad coloquen a alguna empresa —o al país— en desventaja competitiva.

La IA entra en la agenda entre Washington y Beijing

La competencia tecnológica entre Estados Unidos y China tendrá un nuevo capítulo el próximo 24 de septiembre, cuando está prevista la visita del presidente chino Xi Jinping a Estados Unidos.

Trump adelantó desde julio que espera discutir con Xi sobre inteligencia artificial durante el encuentro. Ambos mandatarios ya abordaron el asunto durante la visita del presidente estadounidense a Beijing en mayo.

La discusión, sin embargo, no se limita a quién desarrolla los modelos más avanzados. Washington y Beijing también preparan conversaciones sobre seguridad de la inteligencia artificial, incluyendo los riesgos de sistemas capaces de ejecutar ciberataques y la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación para evitar que la competencia entre ambas potencias derive en una carrera tecnológica sin suficientes controles.

La inteligencia artificial entra en la campaña estadounidense

El debate también está tomando fuerza de cara a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.

La expansión de grandes centros de datos destinados a sostener el crecimiento de la inteligencia artificial ha generado preocupación en comunidades estadounidenses por su impacto sobre el consumo eléctrico y de agua, el uso de terrenos y los costos de la energía. Trump ha mantenido su respaldo al desarrollo de esta infraestructura, mientras dirigentes republicanos y demócratas enfrentan una creciente resistencia en algunas localidades.

El expresidente Barack Obama ha recomendado a los demócratas incorporar la inteligencia artificial como tema de campaña y plantear propuestas concretas sobre seguridad, protección de los menores y el posible desplazamiento de trabajadores provocado por la automatización.

Por su parte, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió avanzar en medidas que permitan reducir el ritmo de desarrollo mientras se fortalecen las condiciones de seguridad. El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, también reconoció la necesidad de establecer salvaguardas, aunque coincidió con Trump en que Estados Unidos no debe perder su ventaja tecnológica frente a China.

El debate coloca así a Washington ante una disyuntiva que comienza a trascender a las propias empresas tecnológicas: cómo mantener el liderazgo mundial en inteligencia artificial sin permitir que la velocidad de la carrera supere la capacidad para controlar sus riesgos.

Esta última frase me parece que le da un buen cierre a la nota porque resume el verdadero fondo del tema: no es simplemente “Trump contra la regulación”, sino la tensión entre seguridad y competencia geopolítica con China.

También creo que, por la actualización de hoy, el titular podría ser todavía más noticioso: “Trump rechaza frenar la carrera por la IA: ‘Quien gane, gana’” o “Trump minimiza alertas sobre la IA y apuesta por mantener ventaja sobre China”.

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Durante tres días, el Panama Convention Center será escenario de exhibiciones, reuniones de negocios, conferencias, catas, capacitaciones y actividades vinculadas con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevos mercados. La cita busca conectar directamente a productores, compradores, tostadores, baristas y otros profesionales de la cadena mundial del café.

El evento también servirá como vitrina para la producción cafetalera panameña, mostrando no solo el reconocido café Geisha, sino también otros varietales, procesos, regiones productoras y las comunidades que forman parte de la actividad.

Ricardo Koyner, presidente de la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP), destacó que el encuentro permitirá que productores, compradores y profesionales de diferentes mercados establezcan relaciones comerciales e intercambien conocimientos directamente desde un país productor que, además, funciona como centro internacional de conexiones y negocios.

Panamá recibirá a los mejores baristas del mundo

Uno de los principales atractivos será el World Barista Championship, que se celebrará del 22 al 25 de octubre de 2026. Será la primera vez que América Latina reciba esta competencia mundial, en la que campeones nacionales demostrarán sus conocimientos, técnica y creatividad ante jueces y especialistas de la industria.

La realización de ambos eventos busca además generar un impacto económico más allá del sector cafetalero. Hoteles, restaurantes, cafeterías, operadores turísticos, comercios, empresas de transporte y otros prestadores de servicios esperan beneficiarse de la llegada de visitantes internacionales.

Como parte de la antesala se desarrollará la campaña “Panamá, sabe a café”, que destacará el papel del café dentro de la historia, la economía, la cultura y la identidad del país. Asimismo, del 15 al 31 de octubre se realizarán los Coffee Weeks, con la participación de cafeterías, restaurantes, hoteles y establecimientos que ofrecerán experiencias relacionadas con el café de especialidad panameño.

La ministra de Turismo, Gloria de León, señaló que el café y especialmente el Geisha se han convertido en elementos importantes de la proyección internacional de Panamá y de su Marca País. Por su parte, representantes del sector privado destacaron que el encuentro permitirá promover de manera conjunta la gastronomía, naturaleza, conectividad, cultura y hospitalidad panameñas.

World of Coffee Panama 2026 cuenta con el apoyo de entidades como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad de Turismo de Panamá, PROMTUR y SENACYT, además de empresas patrocinadoras y aliados estratégicos.

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