Fiscalía imputa a Luis Oliva y los hermanos Attie por presunto desvío de fondos del Vale Digital

El exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, la abogada Janice Becerra y el empresario Budy Attie fueron imputados por los delitos de peculado, asociación ilícita y corrupción, durante una audiencia celebrada este miércoles ante el juez de garantías Luis Ceballos.

La diligencia, estuvo marcada además por la suspensión del proceso contra Ralph Attie, hermano del empresario, debido a complicaciones de salud que requirieron su hospitalización.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal Thalía Palacios, sustentó que los acusados habrían utilizado de forma irregular las plataformas tecnológicas de la AIG para el manejo de fondos estatales, provenientes de instituciones como el MEF, Mides, Mitradel e Ifarhu, que alcanzaron los 100 millones de dólares.

Según la investigación, Oliva, director de la AIG entre 2021 y 2023, habría sustituido la plataforma del Vale Digital, originalmente administrada por Cable & Wireless sin costo para los comercios, por la aplicación “Listo Wallet”, manejada por la empresa Fintek Corp., propiedad de los hermanos Attie. Esta compañía cobraba un 0.5% por cada transacción a los comercios afiliados, a pesar de no contar con un contrato formal con el Estado.

La fiscalía también señaló que Oliva residió durante un año en un apartamento vinculado a los Attie, dejando una deuda de 20 mil dólares en alquiler, mientras que la firma legal de Becerra habría recibido beneficios económicos y contratos por asesorías externas con la AIG, valorados en 50 mil dólares.

En la audiencia, el juez Ceballos declaró ilegal la aprehensión de los procesados, al considerar que la fiscalía no justificó el uso de la Policía Nacional en los allanamientos. Argumentó que desde 2023 los implicados habían colaborado en el proceso a través de sus abogados.

Por su parte, el abogado de Oliva, Gustavo Pereira, recordó que su cliente renunció al fuero electoral cuando fue candidato en 2024, para que la investigación avanzara, y denunció que la presunción de inocencia fue vulnerada al exponerse públicamente a los imputados durante su detención.