Fiscalía insiste en peculado y apela absolución en el caso de la autopista Arraiján-La Chorrera

Entre los absueltos, figuran el exministro del MOP, Federico Suárez, Daniel Ochy, representante legal de la constructora Transcaribe Trading (TCT)

La batalla legal en torno al controvertido proyecto de ampliación de la autopista Arraiján–La Chorrera no ha terminado. La Fiscalía Anticorrupción presentó formalmente un recurso de apelación contra el fallo absolutorio emitido el pasado 2 de abril de 2025, que benefició a ocho personas, incluyendo al exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, todas acusadas del delito de peculado.

El recurso fue interpuesto ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, en un intento por revertir la sentencia de la jueza Águeda Rentería, quien consideró que la Fiscalía no logró probar la participación directa ni la responsabilidad penal de los imputados en los actos de corrupción vinculados al diseño y construcción de esta importante vía del oeste panameño.

Rentería, en su fallo, concluyó que el proyecto, a pesar de las irregularidades señaladas, fue concluido gracias a la ejecución de la fianza de cumplimiento. Esa conclusión fue clave para liberar de culpa a los acusados. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que existió una lesión patrimonial al Estado por al menos 7.8 millones de dólares, derivada de sobrecostos, mala gestión de fondos públicos y adendas al contrato original que inflaron el valor total de la obra.

Entre los absueltos, además de Suárez, figuran el empresario Daniel Ochy, representante legal de la constructora Transcaribe Trading (TCT), junto con Eder Márquez, Eduardo Rodríguez, Lester González, Alcides Velásquez, Miguel González y Marcos Saavedra. Todos enfrentaban acusaciones por su presunta participación en una red de desvío de fondos públicos.

Cabe señalar que el caso sufrió una ruptura procesal respecto al exministro Jaime Ford, cuyo expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia debido a su actual investidura como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Según el marco legal panameño, solo ese órgano está facultado para investigarlo.

Por otro lado, el proceso contra David Ochy, también vinculado a TCT, fue archivado debido a la prescripción de la acción penal en su contra, una decisión que ha generado críticas por parte de diversos sectores de la sociedad civil que reclaman mayor firmeza en el combate a la corrupción.

La obra en cuestión, inicialmente presupuestada en 152.6 millones de dólares, terminó costando 161.8 millones, producto de múltiples modificaciones contractuales. Para la Fiscalía, estas alteraciones fueron ejecutadas sin una justificación técnica adecuada y con el propósito de beneficiar ilícitamente a terceros.

Ahora, será un tribunal de apelaciones el que deberá revisar los fundamentos del fallo de primera instancia, en medio de una creciente expectativa pública por conocer si, finalmente, se hará justicia en uno de los casos emblemáticos de presunta corrupción en la infraestructura pública del país.