Instan a reforzar medidas contra la discriminación y la violencia en centros educativos

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades educativas y a toda la comunidad escolar del país para que, con el inicio del año lectivo 2026, se refuercen las acciones destinadas a garantizar espacios de aprendizaje seguros, inclusivos y libres de discriminación.

En un comunicado fechado el 1 de marzo de 2026, la institución exhortó a las direcciones regionales, centros educativos oficiales y particulares, así como a docentes, estudiantes y familias, a promover entornos donde predominen la dignidad humana, la igualdad y el respeto mutuo, y en los que se prevengan situaciones de violencia, exclusión o trato desigual.

La entidad recordó que el derecho a la educación no se limita al acceso a las aulas, sino que también implica que niñas, niños y adolescentes puedan ejercerlo en condiciones de equidad y sin discriminación. En ese sentido, subrayó que tanto la Constitución Política como la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa nacional vigente establecen la obligación del Estado de proteger el desarrollo integral de la población estudiantil y evitar cualquier práctica que atente contra su dignidad por razones de origen étnico, condición social, sexo u otras circunstancias.

Asimismo, destacó que la Ley 285 de 2022 y el Resuelto N.º 887-2023 del Ministerio de Educación constituyen herramientas clave para fortalecer la convivencia en los planteles. Estas disposiciones buscan asegurar que las medidas disciplinarias se apliquen conforme a los principios de proporcionalidad y debido proceso, además de impulsar acciones preventivas frente a toda forma de discriminación y establecer mecanismos accesibles de denuncia y protección.

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La Defensoría reiteró su disposición de brindar acompañamiento técnico y pedagógico a estos esfuerzos, insistiendo en que el sistema educativo debe consolidarse como un espacio de inclusión, reconocimiento y desarrollo pleno para todos los estudiantes.

El comunicado fue emitido en la ciudad de Panamá el 1 de marzo de 2026.