Intervención gubernamental en medios estatales Argentinos despierta preocupaciones y críticas

Intervención gubernamental en medios estatales Argentinos despierta preocupaciones y críticas El Gobierno argentino ha anunciado la intervención de todos los medios estatales por un año como parte de su política de «reorganización de las empresas
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Intervención gubernamental en medios estatales Argentinos despierta preocupaciones y críticas

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | febrero 5, 2024 23:54 UTC-5

Intervención gubernamental en medios estatales Argentinos despierta preocupaciones y críticas

El Gobierno argentino ha anunciado la intervención de todos los medios estatales por un año como parte de su política de «reorganización de las empresas públicas», según un decreto publicado en el Boletín Oficial. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) considera que esta intervención es una «violación de la legislación vigente» y advierte sobre la clara intención del Gobierno de privatizar los medios públicos con fines de lucro.

La medida afecta a medios como Educ.ar, Radio Nacional, Televisión Pública, la agencia de noticias Télam, y las señales de Contenidos Públicos segmentados (Encuentro, Paka Paka, Depor TV, ACUA Mayor y ACUA Federal), entre otros. También se incluye la administración del Polo de Producción Audiovisual y el acervo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua).

La intervención tiene como objetivo elaborar un plan de reformulación y acción para estas sociedades, incluyendo la revisión de la administración de fondos y la designación o suspensión de funcionarios. La meta declarada es «optimizar la gestión administrativa para tornar sustentables dichas empresas» en busca de una mayor eficiencia en el sector público.

La Fatpren considera que esta intervención viola la legislación vigente y omite al Congreso de la Nación, ya que algunas de las empresas intervenidas cuentan con directivos votados por representaciones parlamentarias. En un comunicado, la federación destaca la clara intención del gobierno de privatizar los medios públicos, posiblemente con fines inmobiliarios, en beneficio de sectores privados de la comunicación.

Cabe mencionar que la Fatpren ya impugnó un decreto anterior (DNU 70/2023) por considerarlo inconstitucional, señalando la incompatibilidad del mismo con las obligaciones del Estado en la garantía de pluralidad de voces y el resguardo del rol social de los medios públicos.


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