Intervenciones políticas y fallos judiciales amenazan la estabilidad del sector eléctrico en Panamá y Colombia, advierte Fitch Ratings

Fitch Ratings ha señalado que la producción reducida de energía hidroeléctrica, el incremento en los costos eléctricos y la creciente interferencia política han debilitado estructuralmente el perfil crediticio de algunas empresas de servicios públicos en Panamá y Colombia, calificadas ambas como BB+/Estable.

La agencia explica que los efectos persistentes de la sequía provocada por El Niño, junto con la llegada tardía de La Niña, han provocado una caída en la generación hidroeléctrica, lo que ha incrementado de manera significativa los costos de la electricidad en el mercado spot y en los márgenes. En Panamá se espera que los precios spot disminuyan en 2025, tras la entrada en operación completa de la planta de gas natural Gatún, de 670 MW, mientras que en Colombia se prevé que la reanudación moderada de las lluvias contribuya a estabilizar los precios.

En la región, las empresas eléctricas reguladas suelen trasladar a los usuarios finales los mayores costos del combustible a través de mecanismos de ajuste de tarifas y, en algunos casos, se benefician de subsidios gubernamentales. No obstante, Fitch Ratings advierte que la implementación de estos mecanismos ha estado cada vez más sujeta a intervenciones políticas, en medio de un panorama de finanzas gubernamentales debilitadas y de una fuerte reacción pública ante el aumento de la inflación. En 2023, los subsidios al sector eléctrico representaron el 0,12% del PIB en Panamá y el 0,2% en Colombia.

En Panamá, la situación se ha visto impactada por decisiones judiciales. La Corte Suprema de Justicia suspendió y revirtió las tarifas de Elektra Noreste S.A. (ENSA) y de otras distribuidoras en octubre de 2024, a raíz de una demanda de terceros. Esta medida se ha tomado a pesar de contar con una estructura tarifaria que garantiza un Ingreso Máximo Admisible (IMA) para cubrir todos los costos fijos y variables, lo que ha generado incertidumbre en el sector. ENSA, que suministra el 40% de la electricidad en el país, se prevé que experimente una disminución en su apalancamiento a 3,4 veces durante 2025.

La situación se ha agravado en Colombia desde la pandemia, ya que las empresas distribuidoras de electricidad han enfrentado restricciones en el aumento de tarifas impuestas por el regulador local y retrasos en el pago de subsidios debido a las dificultades fiscales del gobierno. A pesar de que algunas empresas han comenzado a recuperar saldos pendientes, el total de subsidios impagados asciende a cerca de COP 3 mil millones (alrededor de USD 718 millones).

Uno de los casos más notorios es el de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que opera en la región de la costa Caribe. La compañía ha sufrido importantes retrasos en su financiamiento, acumulando un saldo combinado de aproximadamente USD 520 millones al cierre del 2024, producto de tarifas reducidas y subsidios. Fitch Ratings destaca que, pese a estos inconvenientes, existen fuertes incentivos legales y estratégicos para que EPM respalde a Afinia, aunque se espera que la empresa cierre el 2024 con flujos operativos negativos.

Fitch Ratings concluye que, si bien se espera que la garantía tarifaria prevalezca y que ENSA reciba su IMA, los pagos podrían efectuarse a través de mecanismos políticamente controvertidos, como cargos retroactivos o la necesidad de subsidios adicionales. Cualquier intervención gubernamental adicional que debilite el marco regulatorio o impida la recepción completa del IMA podría tener implicaciones negativas en las calificaciones de crédito de las empresas del sector.

La agencia advierte que la restauración de los perfiles financieros deteriorados de las empresas afectadas podría llevar años, en un contexto en el que las intervenciones políticas continúan erosionando la visibilidad de los flujos de caja del sector eléctrico en la región.