Investigación revela vínculos entre proyectos estatales y compra de Epasa durante el gobierno de Ricardo Martinelli

Investigación revela vínculos entre proyectos estatales y compra de Epasa durante el gobierno de Ricardo Martinelli

Por lo menos 6 proyectos contratados por el Estado entre 2009 y 2014, durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, y que en total suman más de $300 millones de inversión pública, aparecen en la investigación del caso New Business sobre los fondos recolectados para la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en 2010.

Se trata de los proyectos para la rehabilitación de la autopista Arraiján La Chorrera, la reparación de caminos en Panamá Oeste, la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional, la implementación de un centro de simuladores en el Inadeh, además de la construcción de las ciudades deportivas de la provincia de Colón y de David, provincia de Chiriquí.

Los contratos de estos proyectos con el Estado se mencionan en el Auto Mixto del Órgano Judicial mediante el cual se realizó el juicio a 15 personas imputadas, entre ellas, el expresidente Martinelli Berrocal, por el presunto blanqueo de capitales a través de la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa). La audiencia por este caso finalizó el pasado 2 de junio luego de más de 75 horas de sesión en las que se escucharon los alegatos de 12 abogados y dos fiscales. La fiscalía pidió la pena máxima para 13 personas.

En el primer contrato número AL-1-74-10 suscrito el 25 de agosto de 2010 entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa Transcaribe Trading, S.A. para la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, por un monto de $152.6 millones, una auditoría de la Contraloría General de la República señaló un posible perjuicio patrimonial al Estado por $7.9 millones.

La investigación también encontró que en este caso se utilizó de manera incorrecta la modalidad de contratación pública, inconsistencias en los pagos anticipados, sobreprecios, trabajos no realizados e incumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción, entre otros.

Con relación a la empresa Transcaribe Trading, S.A., se indica que la resolución indagatoria del 14 de julio de 2017 expedida por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga dispuso recibir declaración indagatoria al señor Daniel Ochy Diez, responsable de esta empresa, por la presunta comisión del delito de diferentes formas de peculado.

Asimismo, se establece que este contrato entre el MOP y Transcaribe Trading fue resuelto administrativamente, según la resolución 134 del 27 de julio de 2017 del Ministerio de Obras Públicas, además de que Transcaribe Trading fue inhabilitada como contratista del Estado por un periodo de 3 años.

El segundo contrato mencionado es el que se firmó el 18 de octubre de 2010 por el MOP con Excavaciones del Istmo y Constructora Rodsa para la ejecución del proyecto de Rehabilitación de Caminos en Panamá Oeste y provincia de Panamá, por $27.8 millones.

Sobre este contrato, se menciona la publicación del diario La Prensa sobre la aportación de un millón de dólares provenientes de dicho contrato, los cuales debían destinarse a la construcción de la nueva sede de la Asamblea Nacional. Sin embargo, se utilizaron para la compra de Epasa.

Otro contrato, también suscrito en junio de 2010, fue entre el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y la empresa Lyric Electronics, con el fin de implementar un centro de formación de simulación y entrenamiento interactivo para operadores de autobuses. Este contrato involucraba 12 laboratorios simuladores, diseño de programas académicos, adecuaciones físicas y áreas de oficinas, con un valor de 6.9 millones de dólares. Este contrato también está siendo investigado penalmente por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado. La investigación se inició el 26 de octubre de 2018. Se indica que el segundo pago relacionado con el contrato, por un monto de 2.7 millones de dólares, se realizó a favor de Lyric Electronics LTD.

Los otros dos contratos están relacionados con la construcción de la ciudad deportiva de Colón, firmado en junio de 2012 por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) por un valor de 64.6 millones de dólares, y el contrato para la construcción de la ciudad deportiva de David, firmado en mayo de 2013, también con Pandeportes, por un valor de 44.7 millones de dólares. En relación al contrato de la ciudad deportiva de Colón, se inició una investigación tras una querella interpuesta por Pandeportes, alegando una posible lesión patrimonial al Estado. Se afirma que Pandeportes realizó importantes desembolsos a entidades bancarias en calidad de cesionaria del contratista, a pesar de que el Estado no contaba con la ciudad deportiva prometida durante la administración del expresidente Martinelli.

Según una auditoría de la Contraloría, se encontró que una parte de los 12.5 millones de dólares correspondientes al anticipo entregado al consorcio fue utilizada en actividades diferentes al objeto del contrato, lo que generó un perjuicio económico al Estado por un monto de 10.6 millones de dólares.

En el caso del contrato para la ciudad deportiva de David, también existe una investigación penal en la Fiscalía Anticorrupción de Descarga por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública. Se indica que, tras una inspección en el lugar donde se debía construir la obra, no se encontró el avance ni la implementación de los 9.3 millones de dólares correspondientes a un avance del 20% en la construcción. Además, una declaración jurada demostró que la construcción de la obra en Chiriquí se encontraba totalmente abandonada.

De acuerdo con las autoridades judiciales, las pruebas recopiladas durante la investigación del caso New Business permiten inferir la existencia de delitos previos que demuestran que los fondos investigados provienen de actividades ilícitas. Además, se señala que estos fondos fueron introducidos al sistema financiero panameño con el propósito de encubrir, ocultar o disimular su origen, constituyendo así un delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Los elementos probatorios indican la existencia de fondos ilícitos provenientes de soborno internacional con factores de trasnacionalidad, así como la comisión de delitos contra la administración pública (corrupción de servidores públicos).

Las investigaciones afirman que se ha logrado demostrar que una gran parte del dinero recaudado para adquirir las acciones del grupo editorial Epasa, así como los pagos de préstamos que permitieron dicha adquisición entre 2010 y 2014, provienen de operaciones financieras con fondos ilícitos. Específicamente, los fondos desembolsados por el Estado a favor de empresas contratistas beneficiadas con licitaciones estatales durante ese período, así como compañías involucradas en sobornos y delitos financieros relacionados con actividades en la bolsa de valores. Estos eventos han sido investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación y por la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en diferentes formas de peculado, corrupción y delitos contra el orden económico, incluyendo delitos financieros y blanqueo de capitales.