Jueces reprochan a la CSJ su decisión “sin precedentes” sobre deportaciones

La Corte Suprema de Estados Unidos se vio envuelta este fin de semana en una tormenta jurídica y política tras emitir, en plena madrugada, una orden temporal que impide al presidente Donald Trump continuar con las deportaciones de ciudadanos venezolanos bajo la antigua y controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El juez Samuel Alito, acompañado por el juez Clarence Thomas, expresó su abierto desacuerdo en una inusual y dura crítica pública dirigida a sus propios colegas del tribunal.

Alito calificó la medida de la Corte como “sin precedentes” y “legalmente cuestionable”, criticando no solo el fondo sino la forma en que fue adoptada: en cuestión de horas, sin audiencia previa, sin escuchar a ambas partes y sin una explicación escrita que justificara la intervención de la Corte en este punto del proceso.

“Literalmente, en medio de la noche”, escribió Alito en su disenso, la Corte intervino de manera apresurada y “prematura”, otorgando una forma de alivio legal que, según él, jamás debió haberse concedido sin el escrutinio de las instancias judiciales inferiores.

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El origen del conflicto radica en el uso por parte del Gobierno de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta jurídica surgida en los albores de la nación estadounidense, diseñada en tiempos de guerra para permitir la expulsión de ciudadanos de naciones enemigas. Trump ha invocado esta ley para acelerar deportaciones, evitando los procedimientos judiciales habituales, en un movimiento que ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

La disputa alcanzó un punto crítico cuando se conoció que el Gobierno había comenzado a trasladar a cientos de venezolanos detenidos en Texas en vuelos hacia El Salvador, sin que se hubiera completado el proceso de revisión legal. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó entonces una solicitud urgente ante la Corte, argumentando que estas personas estaban en riesgo inminente de deportación sin la debida protección legal.

Aunque la Corte concedió una orden temporal de suspensión para evaluar la petición de la ACLU, la decisión no indicó hacia qué lado se inclina el tribunal en cuanto al fondo del asunto. Sin embargo, para Alito, el procedimiento en sí ya fue motivo suficiente para expresar su protesta formal.

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“Me negué a unirme a la orden de la Corte porque no teníamos buenas razones para pensar que, bajo las circunstancias, emitir una orden a medianoche era necesario o apropiado”, escribió en su disenso emitido tarde en la noche del sábado.

El Gobierno, por su parte, ha sostenido que los venezolanos deportados tienen vínculos con el grupo criminal conocido como Tren de Aragua, aunque esa afirmación ha sido puesta en duda por activistas y abogados defensores. El procurador general D. John Sauer alegó que quienes presenten demandas de hábeas corpus no serían deportados bajo esta ley mientras los tribunales inferiores evalúan los casos, y pidió a la Corte que permitiera a esas instancias hacer su trabajo sin interferencia.

Ahora, con una orden formal de la Corte pendiente, el caso promete convertirse en uno de los temas más candentes del actual período judicial, no solo por las implicaciones para los migrantes venezolanos, sino por el uso de una ley de guerra en un contexto migratorio moderno, y por el creciente debate interno entre los propios magistrados sobre los límites del poder presidencial y el rol de la Corte como garante del debido proceso.

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