Juez solicitar retenciones y sanciones a Odebrecht por incumplir acuerdos de pago

En un nuevo avance en las investigaciones por actos de corrupción, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado que se declare formalmente el incumplimiento de pago por parte de la constructora brasileña Odebrecht S.A. correspondiente al año 2024. El Juzgado de Cumplimiento, a cargo del juez James Corro, aceptó la solicitud presentada por la fiscalía, estableciendo que la empresa debía abonar la suma de B/.19,249,999.99, a la que se adiciona un 5% extra por mora.

Este requerimiento forma parte de un acuerdo de compensación que Odebrecht asumió tras su participación en diversos escándalos de corrupción. Según los informes del Ministerio Público, la empresa ya había realizado solo una parte del pago, habiendo entregado al Tesoro Nacional $76 millones de una multa total de $220 millones, sanción impuesta luego de admitir que utilizó el sistema bancario de Panamá para efectuar pagos ilegales a funcionarios y particulares con el objetivo de asegurar contratos millonarios.

Durante la audiencia del 17 de febrero, celebrada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), la fiscal anticorrupción de cumplimiento, Johaira González, denunció que Odebrecht ha incumplido reiteradamente con sus obligaciones económicas frente al Estado panameño. Como medida adicional, la fiscal solicitó la retención de fondos que otras empresas estatales deben a la constructora por proyectos en curso.

El juez Corro, además de declarar el incumplimiento de pago, ordenó a Odebrecht subsanar ciertos documentos relacionados con un contrato en ejecución en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, sobre el cual se han dispuesto retenciones. También se ha pedido a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas informar puntualmente sobre las medidas de retención aplicadas a pagos que la empresa debe realizar al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Cabe destacar que esta no es la primera acción judicial contra Odebrecht: en una audiencia de cumplimiento celebrada el 12 de agosto de 2024, se validó el pago de $3.1 millones como parte de la multa. Desde el año 2019, la empresa ha mostrado un retraso constante en el cumplimiento de sus obligaciones económicas, lo que ha motivado a las autoridades a endurecer las medidas para garantizar el pago total de las sumas debidas.

Con estas medidas, las autoridades panameñas reafirman su compromiso en la lucha contra la corrupción y en la exigencia de responsabilidades a quienes transgreden la ley.