El presidente del órgano legislativo confirmó que ninguna autoridad competente autorizó las llamadas «licencias sin sueldo por investigación» aplicadas a 39 trabajadores de la bancada opositora Vamos.
La Contraloría actuó sola: suspendió salarios en la Asamblea sin autorización, sin proceso y sin notificar a nadie
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | abril 24, 2026Escucha este artículo
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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, fue contundente en una comunicación oficial fechada el 22 de abril y dirigida al diputado independiente Luis Duke, subjefe de la bancada Vamos. La Dirección de Recursos Humanos del órgano legislativo certificó que no tramitó ni autorizó licencia sin sueldo alguna para ninguno de los 39 afectados. «No existe actuación administrativa de esta institución que sustente la adopción de dicha medida», señaló Herrera en la nota.
La ley es clara en este punto: solo la entidad nominadora —en este caso, la Asamblea Nacional— tiene facultad para autorizar ese tipo de licencias. La Contraloría, según el propio decreto que invoca para justificar la medida, debe originar el trámite desde la Dirección de Recursos Humanos de cada institución. Ese paso, sencillamente, nunca ocurrió.
A esto se suma otro elemento que agrava la situación: ninguno de los funcionarios afectados ha sido notificado formalmente de que está bajo investigación. «No consta en los archivos administrativos de esta institución notificación formal proveniente de autoridad competente relativa a la apertura de procesos, investigaciones o actuaciones administrativas en contra de los servidores públicos mencionados», confirmó Herrera.
La versión de la Contraloría
El organismo que dirige el contralor Anel Flores reconoció públicamente, mediante nota de prensa, que suspendió el pago a siete funcionarios de la Asamblea desde la segunda quincena de marzo, en el marco de procesos de verificación e investigación. Además, anunció que a partir de la segunda quincena de abril la medida se extendería formalmente a más trabajadores.
La razón declarada: los funcionarios supuestamente no registran su asistencia en el listado obligatorio. Sin embargo, los diputados de Vamos han presentado pruebas de que varios de los afectados sí registran su presencia mediante sistemas electrónicos. Herrera añadió, además, que la Asamblea no cuenta con un formato único de control de asistencia aplicable de manera uniforme a todos los despachos legislativos, como contempla el artículo 160 de su propio reglamento interno.
¿Represalia política?
El contexto político no pasa inadvertido. Todos los funcionarios afectados trabajan en despachos de diputados de Vamos, la bancada opositora más grande del hemiciclo, aunque paradójicamente la que menor planilla mantiene: 142 empleados con un costo mensual de 304,450 dólares, frente a los casi 700 funcionarios del PRD —que tiene apenas 12 diputados— con un gasto de 1.2 millones de dólares al mes.
La coincidencia que más ha encendido el debate es otra: la familia del contralor Flores es propietaria de un ingenio azucarero, y la bancada Vamos ha sido una de las voces más críticas frente al proyecto de ley que promueve el uso del bioetanol anhidro, producto directamente vinculado a esa industria. Roberto Zúñiga, jefe de la bancada, no titubeó en calificar lo ocurrido como «un acto de persecución».
Un patrón que preocupa
No es la primera vez que la Contraloría dirige acciones hacia el personal legislativo. En enero de 2025, apenas días después de asumir el cargo, Flores ordenó una auditoría a la planilla de la Asamblea. Auditores se presentaron en el Palacio Justo Arosemena, verificaron identidades y levantaron información sobre el personal. La medida fue bien recibida en su momento por la opinión pública, aunque hasta la fecha no se conoce ningún resultado oficial de aquella investigación.
Lo que ocurre ahora, sin embargo, es cualitativamente distinto: es la primera vez que la Contraloría suspende salarios y atribuye licencias sin sueldo sin consultar a la institución nominadora y sin notificar a los propios afectados. Trabajadores que hoy laboran sin cobrar, sin saber si están bajo investigación y sin conocer cuándo —ni si— recuperarán su remuneración.
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