La descentralización en Panamá se desvirtúa por prácticas irregulares y políticas

La descentralización en Panamá se desvirtúa por prácticas irregulares y políticas

La Cámara de Comercio en su comunicado semanal afirmó que durante décadas, los líderes locales y la sociedad en general han exigido una distribución equitativa de recursos y el fortalecimiento de los gobiernos locales para satisfacer las necesidades de la comunidad. En respuesta a esta demanda, se promulgó la Ley de Descentralización en 2009, que recibió un amplio respaldo. Sin embargo, lamentablemente, en la actualidad, los panameños están siendo testigos de cómo esta noble idea se ha desvirtuado en beneficio político-electoral de una minoría, alejándose de las necesidades reales de la población.

Afirma el comunicado que resulta inaceptable que la Autoridad Nacional de Descentralización, respaldada por la Contraloría General de la República, esté realizando desembolsos millonarios al margen de los mecanismos establecidos en la Ley de Descentralización, claramente favoreciendo el clientelismo político. Esta práctica irregular y reprochable merece el rechazo unánime de la ciudadanía, así como acciones inmediatas por parte de las autoridades y órganos correspondientes para ponerle fin.

Al analizar la distribución de estos recursos, es evidente cómo una idea destinada a acelerar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de millones de panameños ha sido completamente desvirtuada. Estamos presenciando una gestión del dinero sin supervisión ni control, utilizada de manera arbitraria e incluso en detrimento de las instituciones ya presentes en las comunidades.

Con perplejidad, observamos cómo se perpetúa una situación corrosiva para nuestra institucionalidad. Vemos cómo se avanza hacia un Panamá en el que las normas establecidas en beneficio de los ciudadanos son tergiversadas y burladas sin que se tomen medidas concretas.

La descentralización, tal como se están implementando sus fondos, no está logrando ninguno de sus objetivos: mejorar la eficiencia en la administración pública, fomentar la participación ciudadana, promover un desarrollo equilibrado, mejorar la distribución de recursos y fomentar la innovación en políticas públicas. Estos objetivos solo pueden alcanzarse si existe responsabilidad en la gestión pública, austeridad en el gasto público y, sobre todo, transparencia y voluntad política por parte de aquellos que elegimos para administrar estos fondos cada quinquenio. Es precisamente esto lo que esperamos y exigimos.

No podemos olvidar que estos recursos provienen de los contribuyentes y, por lo tanto, demandamos su uso adecuado en beneficio de todos los ciudadanos, así como la rendición de cuentas de aquellos que han participado en estos actos repudiables.

La sociedad panameña no puede permitir que la descentralización, una idea que buscaba mejorar el bienestar de la comunidad, se vea opacada por intereses políticos y prácticas corruptas. Es hora de que todas las autoridades y órganos del Estado tomen medidas inmediatas para detener estas irregularidades, restaurar la transparencia y garantizar que los recursos se utilicen de manera responsable y equitativa en beneficio de todos los panameños.