Los casos de alto perfil que ‘protege’ la Corte y por qué

SEGUNDA ENTREGA

Desarrollo de las investigaciones de la Contraloría y consultas al Ministerio Público

Los casos de alto perfil que ‘protege’ la Corte y por qué

LAS PLANILLAS ‘PRIVADAS’DE LOS DIPUTADOS

“Cambiaban cheques en cortos lapsos de tiempo, con la misma cajera y hasta por un millón de dólares”,  F. Humbert

LEONARDO GRINSPAN | Panamá en Directo 

En los archivos de la Contraloría General de la República (CGR), como en los de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se guardan, tal vez por demasiado tiempo, los  expedientes de quienes han sido auditados o investigados mientras detentan cargos públicos o gozan de  fuero penal como, por ejemplo, los diputados ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Estos casos, de gran interés para la sociedad, por el perfil de servidor público de los imputados, se manejan con un secretismo y discrecionalidad que dificulta la fiscalización transparente, que las denuncias ameritan. Así pasa con  las añejas quejas contra diputados de la República que maneja la CSJ.

En el año 2019, la CGR presentó denuncias contra diputados involucrados en la supuesta mala utilización de fondos públicos a través de dos planillas particulares, 172 y 080, dedicadas a contratos de servicios y donaciones. Dichas denuncias llegaron a la Corte Suprema de Justicia, tribunal que debe decidir si hay mérito o no para procesar a los denunciados, considerados de “alto perfil”. Los casos se reparten en los despachos de los magistrados, que deben decidir en primera instancia si se admiten o no, si existe la llamada prueba idónea.

Este proceso largo y complejo, por el mismo funcionamiento que tiene el máximo órgano de justicia del país, peca de poco transparente y abre la ventana a la incertidumbre judicial y la desconfianza.

El abogado y ex presidente de la Junta Directiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional Carlos Barsallo señala que la investigación y juzgamiento de los diputados en la CSJ y de los magistrados de esta última por la Asamblea Nacional, aunque específicamente descrito en la Constitución, es un sistema que no funciona.

“Hay una especie de pacto de no agresión y no se materializan investigaciones y sanciones (como concesiones) de un lado al otro. La gente está acostumbrada a que se presenten denuncias y éstas se quedan allí”, dice, sin resolver. Los procesos se detienen inexplicablemente en el tiempo y no prosperan.

Barsallo agrega que las denuncias son utilizadas como una “espada de Damocles contra los magistrados, y como un arma política”. Resolver este entuerto pasa por la aprobación de modificaciones a la misma Constitución. Proceso complicado, pero prometido por más de un gobierno, que debe también pasar por la aprobación de quienes podrían verse afectados con esos cambios: los diputados, los magistrados y el mismo ejecutivo.

Ruben De León (PRD)

Un ejemplo claro es el del exdiputado ante la Asamblea Nacional (2014-2019), actual secretario general del gobernante Partido Revolucionario Democrático, y diputado ante el Parlacen Rubén De León, quien al gozar de un fuero penal, escapa de las denuncias en su contra en la justicia ordinaria y deben ser atendidas por la CSJ.

De León fue quien autorizó los trámites y solicitudes de donación, – supuestas cartas enviadas a los diputados por particulares o asociaciones pidiendo  fondos para asuntos poco precisos-  por ser el presidente de la Asamblea Nacional entre 2015 y 2017.

La denuncia que pesa sobre De León Sánchez es por el presunto delito contra la administración pública a partir de la gestión de donaciones, producto de las cuales  se emitieron  1,508 cheques  por la suma de $3 millones, 801 mil, 736.85.

Según los auditores de la CGR, se emitieron  812 cheques como donaciones a solicitud del diputado, en dos periodos distintos, del 1 de julio de 2015 al 1 de junio de 2016, (414 cheques), y del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016, (398). Los datos también sostienen que por lo menos 101 de la totalidad de los cheques fueron tramitados “por un mismo cajero en dos sucursales del Banco Nacional de Panamá en tiempos mínimos de 14 segundos  y máximos de 2 minutos  y 25 segundos”… “a pesar que eran distintos beneficiarios…”.

Mientras que los otros 696 cheques fueron autorizados por De León Sánchez como presidente de la Asamblea Nacional.

De León iba a ser juzgado por el sistema penal acusatorio, en un caso que tenía a cargo el fiscal Adecio Mojica y la jueza de garantías Clara Montenegro. Pero tras ser electo diputado ante el Parlacen en el año 2019, la defensa de De León interpuso un amparo de garantías, el cual justificaba que por su condición de diputado, solo podría ser investigado y enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia, fallo del Primer Distrito Judicial que avaló lo solicitado por la defensa, y que está aún en manos de la Corte.

 Francisco Alemán (Molirena)

Las denuncias interpuestas por la CGR también alcanzaron al actual diputado del Partido Molirena Francisco Alemán, quien tiene a su cargo la Lotería Nacional de Beneficencia y que en el periodo 2014-2019 también era diputado.

Alemán está denunciado por la supuesta ocurrencia del delito contra la administración pública contenido en el Título X, Capítulo Diferentes Formas de Peculado, artículo 338, tras haber solicitado 158 donaciones por un total de $471, 000.00 provenientes de las planillas de la Asamblea Nacional. Según las auditorías, estos cheques fueron cursados en septiembre y octubre de 2016, en concepto de “apoyo económico”.

Exactamente 138 cheques fueron confeccionados en tres días específicos, el 5, 20 y 21 de diciembre de ese mismo año, por un total de $411,000.00, de los que $153,000.00 (51 cheques), fueron cambiados por una misma cajera “en un corto intervalo de minutos y segundos”- un tiempo rapidísimo que va desde los 16 segundos a los 3 minutos con 44 segundos.

Los documentos provenientes de las auditorías de la CGR, especifican que el motivo de la solicitud de estos fondos era “cubrir parte de los gastos básicos del hogar, debido  a que en estos momentos (el beneficiado) pasa una difícil situación económica”, dijeron. Sin embargo, 68 de estas “donaciones” fueron destinadas a residentes en Veraguas, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Colón, Herrera, Chiriquí y Darién. Los 98 restantes fueron a parar a vecinos de San Miguelito.

Marilyn Vallarino (CD)

Se suma al listado de denuncias la actual diputada Marilyn Vallarino, a quien la CGR interpuso una acción legal por supuesta ocurrencia de delito contra la administración pública, por la existencia de 56 cheques con un valor de $65,928.88 en favor de ocho personas con 16 contratos de la Asamblea Nacional por servicios profesionales, mientras laboraban en la empresa Agencia de Aduanas Sellhorn S.A, donde la diputada es presidenta y representante legal.

De estos cheques, seis fueron depositados, uno de ellos en una cuenta personal, y los otros cinco a empresas comerciales entre las que aparecen Importadora Ricamar S.A, Compañía Goly S.A, Grupo Primavera Holding S.A y Mellas S.A., sin justificación aparente. Los otros 52 fueron endosados y cambiados en efectivo, por lo que se perdió el rastro del dinero.

Leandro Ávila (PRD)

Al diputado Leandro Ávila lo denunciaron por supuesto delito contra la administración pública, por permitir la contratación de la hermana de su asistente Mireya Jurado -a petición de su otra asistente Ileana Jurado- mediante tres contratos por servicios profesionales, registrados en 2015 y 2016. Iba a  desempeñar cargos de Promotor Comunal III, Asistente Administrativo II y Promotor Comunal III, con pagos de $12,988.05, entregados a través de 14 cheques. Mireya Jurado laboraba al mismo tiempo como empleada doméstica de la expresidenta Mireya Moscoso.

Edwin Zúñiga (CD)

 El diputado de Cambio Democrático Edwin Zúñiga también enfrenta una denuncia por supuesta ocurrencia de delito contra la administración pública. Las auditorías de la CGR reflejaron que el diputado gestionó contratos por servicios profesionales a 17 personas, a las que se pagaron $50,229.30, en 51 cheques, que fueron endosados y depositados a una cuenta de la empresa  Valeste International Group Corp, en la que Zuñiga es parte de la Junta Directiva.

En las investigaciones que llevaron a las denuncias presentadas por la CGR destacan nombramientos de los diputados de hasta nueve de sus familiares, incluidos en las planillas 080 y 172. “Durante años recibieron más de $117,000.00, y seis miembros de una familia devengaron más de $70,000.00”, indicó el excontralor Humbert en su momento.

“¿Cómo puede un diputado firmar hoy documentos de que una persona trabajó en enero, febrero y marzo?”, se preguntaba el excontralor en una conferencia de prensa, tras explicar que las oficinas de diputados denunciados ante la CSJ presentaron informes confeccionados meses después de la supuesta prestación del servicio, documentos en blanco firmados por los mismos diputados y registros de prestaciones de cuatro horas diarias, cuando la ley señala que las jornadas laborales deben ser de ocho.

La investigación de la CGR arrojó además contradicciones e incongruencias, como la justificación de trabajos los días 29, 30 y 31 de febrero, escenario que no podría darse ni en un año bisiesto.

Se descubrió, por otra parte, que algunas empresas  depositaban en sus propias cuentas cheques provenientes de la Asamblea Nacional dirigidos a beneficiarios o funcionarios incluidos en las planillas especiales de los diputados. Según las investigaciones, se identificaron 917 cheques de múltiples planillas de diputados por más de $630,000.00, en estas circunstancias.

Y a pesar de todas estas revelaciones que nacen de las investigaciones realizadas por la CGR, los procesos judiciales de los denunciados que aún son diputados permanecen protegidos por el código de silencio de la CSJ.  No ha habido respuestas de este órgano del Estado a las solicitudes de información enviadas para completar este trabajo periodístico, una investigación encaminada a determinar si las denuncias han sido archivadas, procesadas o desestimadas y con qué criterio jurídico.

El silencio que mantiene la CSJ, escudándose en la “confidencialidad” del caso, contraviene  la Ley 6 de Transparencia y su mandato a los órganos e instituciones del Estado: “todo ciudadano tiene derecho a  solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones indicadas en la presente Ley. Las empresas privadas que suministren servicios públicos con carácter de exclusividad están obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada por los usuarios del servicio, respecto de este”, sumándose en este caso que la información solicitada corresponde a datos estadísticos y se puede resolver sin comprometer la integridad de los casos de interés ni revelar información de alguna forma protegida.

Durante esta investigación se presentó una acción de habeas data contra el secretario general de la CSJ, Manuel Calvo, con el fin de que sea el pleno de la CSJ el que defina si son o no estos datos confidenciales. El caso no fue admitido por la CSJ.

En una triste interpretación de los proverbiales monos sabios, la CSJ parece no oír, ni ver ni decir lo que no quiere o no le interesa.

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