REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | septiembre 15, 2026
Después de 35 años inspeccionando obras en Panamá, el ingeniero Carlos Alfredo Arias identificó una brecha crítica: la falta de un documento técnico que centralizara las normas dispersas de construcción. El resultado es el manual inspeccion viviendas panama, el primero de su tipo en el país, con 400 páginas que recopilan 259 referencias normativas y se convierte en una herramienta de consulta para profesionales, constructores y propietarios.
«He dedicado los últimos 15 años a la inspección de obras y me he dado cuenta que hay una falta de formación técnica en muchos profesionales», explicó Arias en una entrevista radial. «El propósito principal de este manual es la formación y que sirva como referencia, porque las normas están todas dispersas y a veces es muy difícil su aplicación por desconocimiento de las mismas».
¿Por qué viviendas unifamiliares?
La decisión de enfocarse en viviendas unifamiliares no fue casual. Según datos del censo de la Contraloría, el 85% de los panameños viven en este tipo de edificaciones. Aunque el manual se concentra en chalets de una sola planta con techo de metal —la definición técnica del reglamento de diseño estructural—, Arias aclaró que los principios aplican también a dúplex adosados y, en buena medida, a edificios multifamiliares.
«Cuando me di a la tarea de redactar este manual, me di cuenta que no es tan sencillo porque tiene casi todos los elementos de un edificio: vigas, columnas, mampostería, techos, incluso estructura metálica», señaló.
Lo que diferencia a una vivienda unifamiliar de un edificio, según la normativa panameña, es la ausencia de fundaciones profundas como pilotes, losas sin rociadores y sistemas más simples. Pero eso no significa que sean construcciones triviales.
La brecha regulatoria en Panamá
Panamá carece de un reglamento nacional de construcción integral. Lo que existe es el Reglamento de Diseño Estructural (RDE), pero la tarea de crear un código de construcción más completo comenzó en 2020 bajo la dirección de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y aún está pendiente.
Esta ausencia tiene consecuencias visibles: urbanizaciones con excelentes estándares conviven con otras donde abundan las quejas sobre filtraciones, defectos estructurales y materiales de baja calidad. Arias enfatizó que esto no es responsabilidad exclusiva de las constructoras, sino de un ecosistema donde confluyen múltiples actores.
«La inspección es el aseguramiento de calidad. El rol principal es asegurarse que se cumpla lo que dice el diseño, que el diseñador indicó ciertos equipos y ciertos materiales».
El rol crítico de la inspección técnica
Uno de los puntos más delicados que Arias abordó es la diferencia entre la responsabilidad del diseñador, el contratista y las autoridades. La Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá no aprueba proyectos; los «registra». Esto significa que la responsabilidad recae directamente en quien firma los planos y en quien ejecuta la obra, no en los funcionarios públicos.
«La responsabilidad de la obra es del diseñador por su diseño y del contratista por la construcción. Ellos son responsables de que cumplan con las normativas», aclaró Arias. «No es responsabilidad de los funcionarios hacer recálculos».
Sin embargo, esta estructura genera un vacío: no hay fiscalización continua durante la construcción. Los permisos de ocupación se solicitan cuando la obra ya está terminada. Si hay deficiencias, es demasiado tarde. Por eso, Arias insistió en que la inspección debe ser contratada por el propietario o, en algunos casos, por el banco que financia el proyecto.
Arias compartió un caso personal: fue removido de un proyecto de presa hidroeléctrica porque advirtió que se estaba construyendo con un diseño distinto al aprobado. «Uno tiene que tener principios profesionales y también éticos, aunque te quedes sin trabajo», reflexionó.
Las construcciones informales: «trampas de muerte»
La preocupación más profunda de Arias va más allá de los proyectos formales. En asentamientos informales y zonas rurales, ha visto casas construidas sin columnas ni vigas de amarre, elementos básicos que no cuestan mucho más pero son fundamentales para la seguridad estructural.
«Cuando construyes sin columnas y vigas estás poniendo en peligro la vida de tus seres más queridos. Es total falta de conocimiento», señaló. «El Estado tiene que jugar un rol central, especialmente para supervisar que no se construya al lado de riberas de ríos, en áreas inundables o donde se va a deslizar».
Casos como San Miguelito, que comenzó como asentamiento informal, ilustran cómo la falta de planificación urbana genera riesgos estructurales y ambientales. Arias enfatizó que incluso en zonas de mayor proyección, como Aránlo, Macobá y Las Garzas, persisten construcciones sin los elementos mínimos de seguridad.
Prácticas cuestionables en el mercado formal
El ingeniero también abordó prácticas comunes pero éticamente discutibles en el mercado inmobiliario formal. Un ejemplo: vender apartamentos como «2 recámaras» cuando en realidad solo tienen una, dejando el espacio para una segunda que el comprador debe construir.
«Lo hacen por densidad. Cuando le otorgan el registro del plano, si por cada recámara suman 2 personas, pero si es una sala no suma, el cálculo de densidad es más bajo», explicó. «Entonces venden como dos recámaras pero no la construyen. Dejan las previsiones eléctricas para que el comprador la haga después».
Aunque existe la Ley de Protección al Consumidor (Codeco) que podría aplicarse por falsedad en información, estas prácticas persisten porque se informa al comprador, quien las acepta.
Casos emblemáticos de incumplimiento
Arias mencionó varios casos que ilustran las grietas del sistema: el edificio de Punta Paitilla, que fue construido a pesar de una orden de la Fiscalía; el pH Madison Tower en San Miguelito, que se levantó sobre un colector pluvial y fue ordenado demoler pero nunca se demolió; y el caso del pH Cristal en El Cangrejo, donde un propietario del último piso instaló un jacuzzi que causó filtraciones en el apartamento de abajo sin que las autoridades actuaran.
Estos casos revelan un problema sistémico: incluso cuando hay denuncias y fallos judiciales, la ejecución es lenta o nula. «Es como dice el dicho, no es mejor pedir perdón que pedir permiso, porque el banco no te perdona esa deuda», bromeó Arias, refiriéndose a que los compradores siguen pagando hipotecas por inmuebles defectuosos.
Barandas de vidrio y otras omisiones normativas
Un detalle que genera particular preocupación a Arias es la falta de normativa específica para barandas de vidrio en Panamá. Aunque existe una norma de resistencia (deben aguantar al menos 200 libras), no se realizan pruebas rigurosas.
«A veces estamos en un edificio altísimo y ponen vidrio que no corresponde porque se puede caer. Ponen barandas muy bonitas, muy simpáticas, pero ¿qué tan seguro es?», cuestionó.
Otro ejemplo: las barreras de impacto vehicular en estacionamientos. Aunque la norma existe, no siempre se implementa correctamente. Arias recordó el caso de una joven que aceleró su auto en un estacionamiento y se cayó al vacío porque la barrera no estaba adecuadamente reforzada.
Un aporte académico y profesional
El manual inspeccion viviendas panama no es una norma obligatoria, sino una guía técnica que desarrolla y explica las normativas existentes. Incluye ejemplos, figuras y tablas para facilitar la comprensión de códigos que, de otro modo, resultan densos y de difícil interpretación.
El manual está disponible en la Cámara Panameña de la Construcción (Capac). Arias también ha programado presentaciones: el 24 de septiembre en la Expo Capac y el 6 de octubre iniciará un programa de capacitación basado en el manual. El documento recopila referencias a 259 normativas, incluyendo números de gaceta y enlaces para acceder a ellas.
«Es un aporte técnico profesional, no una norma, pero recoge normativas y las desarrolla porque a veces leer los códigos es difícil de entender», explicó Arias. «Tiene potencial uso académico también».
Aunque podría ser evaluado por la Junta Técnica para convertirlo en cumplimiento obligatorio, por ahora funciona como una herramienta de consulta para inspectores, constructores, diseñadores y propietarios que buscan garantizar que sus viviendas sean seguras y duraderas.
En un país donde la inspección continua es rara, donde las normas están dispersas y donde la responsabilidad se diluye entre múltiples actores, este manual representa un esfuerzo por llenar un vacío que, durante décadas, ha dejado a familias panameñas viviendo en estructuras cuya seguridad nunca fue verificada adecuadamente.





