Migrantes siguen llegando a Canarias mientras la Unión Europea debate la reforma del pacto de migración

Migrantes siguen llegando a Canarias mientras la Unión Europea debate la reforma del pacto de migración

Diez embarcaciones con más de 900 migrantes llegaron al archipiélago español de Canarias entre el jueves y el viernes de esta semana, tras recorrer la que es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

Esta oleada se sumó a la del martes, cuando 280 migrantes arribaron a la isla de El Hierro, la más occidental del archipiélago, en una sola embarcación.

Desde hace varias semanas se presenta un importante incremento de llegadas de migrantes a ese archipiélago, ubicado frente a las costas del noroeste del continente africano.

Las oleadas de esta semana, sin embargo, coincidieron con la cumbre de la Unión Europea (UE) en la ciudad andaluza de Granada, donde el viernes se abordó precisamente la espinosa cuestión de la migración, añadida a la agenda tras la crisis que se desató en septiembre pasado en la isla italiana de Lampedusa con el arribo de unos 10.000 migrantes en apenas tres días.

Las expectativas eran altas, pues los embajadores de los países de la UE alcanzaron dos días antes, el miércoles, un acuerdo clave para avanzar en la reforma del Pacto de Migración y Asilo, después de tres años de parálisis en las negociaciones sobre ese asunto.

El reglamento, que aún debe ser negociado en el Parlamento Europeo, fue aprobado por mayoría cualificada, con las abstenciones de Austria, Eslovaquia y República Checa y pese a la oposición de Polonia y Hungría.

Fue justamente la oposición de Varsovia y Budapest a ese pacto la que impidió el viernes aprobar en la cumbre informal de Granada una declaración final sobre migración respaldada por todos los Estados miembros y, en su lugar, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, publicó un texto propio sobre el tema.

“No tenemos miedo de los dictados que vienen de Bruselas y Berlín”, dijo durante la cumbre el primer ministro polaco, el nacionalista Mateusz Morawiecki, quien criticó que se pretenda imponer un sistema para “distribuir migrantes ilegales” entre los países comunitarios.

Su homólogo húngaro, el conservador Viktor Orban, en su habitual tono provocador, afirmó, por su parte: “Si te violan legalmente, te obligan a aceptar algo que no te gusta, ¿cómo es posible llegar a un compromiso, a un acuerdo? Es imposible”.

Los líderes de los 27 Estados miembros de la UE sí aprobaron una declaración conjunta en Granada sobre el resto de cuestiones abordadas en la cumbre, como la ampliación del club comunitario con la futura entrada de nuevos Estados miembros, pero el tema de la migración quedó relegado, pese a que en la actualidad la UE se ve confrontada a una oleada migratoria que solo este año, según cifras oficiales con corte a agosto, se calcula en más de 160.000 llegadas irregulares.

En su declaración, el presidente del Consejo Europeo afirmó que la migración “es un desafío europeo que requiere una respuesta europea”. “La migración irregular necesita ser abordada inmediatamente de manera decidida. No permitiremos que los contrabandistas decidan quién entra en la UE”, asegura el texto.

Más cerca del pacto

Los países de la Unión Europea lograron el miércoles un acuerdo sobre el Reglamento de Crisis, la última pieza del Pacto europeo de Migración y Asilo que los Estados aún no habían concertado. Italia, que había retrasado la aprobación la semana pasada, terminó cediendo, aunque para sacar adelante ese acuerdo no era necesaria la unanimidad de todos los países.

Así, se enfiló el cierre de la reforma que la UE comenzó a preparar hace cuatro años. Lo acordado deberá ahora ser negociado con un Parlamento Europeo que parece dispuesto a aceptarlo. Si esto ocurre, se logrará un pacto definitivo sobre el paquete legislativo migratorio.

La reforma busca implementar un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los Estados miembros si alguno de ellos enfrenta la llegada masiva de migrantes a sus fronteras, como ocurrió durante la crisis de refugiados sirios de 2015 y 2016.

Los gobiernos pueden negarse a aceptar esos refugiados repartidos, pero deberán pagar 20.000 euros por cada uno que sea rechazado.

El texto, que también modifica los procedimientos tradicionales de asilo haciendo menos protectores para los migrantes, requirió un compromiso para superar las reticencias alemanas e italianas.

Precisamente, la pieza que faltaba, un reglamento sobre el tratamiento de los solicitantes de asilo en situaciones de crisis, fue el último escollo.

Si entra en vigor, que no sería antes de 2025, los migrantes en situación irregular podrán ser detenidos sin juicio en centros establecidos en las fronteras hasta un plazo de 40 semanas.

También se permitirán procedimientos de estudio de sus solicitudes mucho más rápidos. Estarán en un ‘limbo jurídico’ que ahora se legaliza, salvo que el Tribunal de Justicia de la UE diga lo contrario: se habrá pisado físicamente territorio europeo, pero no tendrán ningún derecho más que el de esperar encerrados a que se procese su solicitud de asilo.

La Comisión Europea aplaudió con ganas porque espera cumplir su objetivo de que todo esté pactado antes de las próximas elecciones europeas, en junio de 2024. Así lo manifestó el viernes la presidenta de ese órgano ejecutivo, Ursula von der Leyen, quien calificó el acuerdo como “un elemento crucial del rompecabezas” migratorio e hizo votos para que se pueda “cruzar la línea de meta” rápidamente.

Los ‘peros’ al acuerdo

Más cautelosa en su reacción fue Amnistía Internacional, que dijo el miércoles que el acuerdo “corre el riesgo de dejar a personas varadas, detenidas o indigentes a lo largo de las fronteras de Europa” y que “no hará nada para mejorar la protección de los solicitantes de asilo en la UE”.

La organización pidió que “la prisa por llegar a un acuerdo no lleve a que los derechos humanos queden de lado en el proceso” y confió en que se garanticen los derechos fundamentales.

En esa línea, Cecilia Estrada, directora de la cátedra de refugiados y migrantes forzosos de la Universidad Pontificia Comillas de España, dijo en entrevista con EL TIEMPO que el pacto comprende “medidas administrativas que buscan frenar la inmigración, pero esta no se puede detener. Cuando frenamos vías seguras surgen vías inseguras de migrar”.

Según Estrada, el pacto “debería hablar de cómo generar una vía más segura (para migrar) y cómo crear un mecanismo que rescate a las personas en peligro de perder la vida en el mar” porque “todos tienen derecho a esa movilidad”.