Organizaciones panameñas defienden la independencia mediática ante el fallo del caso New Business

Organizaciones panameñas defienden la independencia mediática ante el fallo del caso New Business

El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí, como defensores de la libertad de prensa, la expresión y el acceso a la información, han emitido su postura en relación al fallo del caso conocido como New Business. En este sentido, expresan lo siguiente:

En primer lugar, se respeta la decisión tomada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de la juez Baloísa Marquínez. Entre las condenas dictaminadas, se destaca el comiso a favor del Estado de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (EPASA), así como de la administración y sus instalaciones, tanto bienes muebles como inmuebles. Este fallo tiene como finalidad asegurar la indemnización del Estado como consecuencia de la vulneración del sistema financiero panameño y la ejecución del delito de blanqueo de capitales.

Es importante destacar que esta condena, emitida en primera instancia, es apelable, lo que implica que aún no se ha concretado la apropiación de la casa editorial por parte del Estado. Mientras el caso continúe su proceso judicial, es fundamental que la casa editorial siga operando sin obstáculos, cumpliendo con sus compromisos contractuales y laborales, y garantizando el bienestar de sus colaboradores.

En caso de confirmarse el comiso de las acciones de EPASA, se advierte sobre la inusual circunstancia en la que el Estado asume el control de un grupo de periódicos. En una democracia vibrante, es fundamental contar con diversidad de medios y fuentes de información independientes del Estado. Por tanto, resultaría contraproducente que el Estado tome el control de la casa editorial y sus tres medios impresos. Ante esta posibilidad, se hace un llamado a las autoridades competentes para que se preparen y establezcan un plan de acción transparente, acorde a los estándares internacionales de libertad de expresión, con el fin de garantizar la estabilidad laboral y la continuidad del medio de comunicación.