PPC califica de ilegal la toma de los puertos y acusa al Ejecutivo de extralimitarse

Panama Ports Company, S.A. (PPC) emitió este 27 de febrero de 2026 un comunicado en el que acusa al Estado panameño de haber vulnerado el marco jurídico y contractual que regula su concesión, tras una serie de acciones que, según la empresa, culminaron con la toma forzosa de los puertos de Balboa y Cristóbal y la ocupación de bienes de su propiedad.

En su pronunciamiento, la compañía sostiene que durante el último año —y con mayor intensidad en la última semana— la República de Panamá ha actuado al margen del Estado de Derecho. Como ejemplo de ello, menciona lo ocurrido el 26 de febrero, cuando, según describe, se produjo la invasión y ocupación de bienes pertenecientes a la empresa.

PPC afirma que tanto la compañía como sus inversionistas han manifestado formalmente su rechazo a la toma de los puertos y a la ocupación de activos, incluyendo información considerada propietaria y protegida por ley. También asegura que solicitó al Estado establecer mecanismos claros de coordinación para el acceso, custodia y resguardo de datos confidenciales y privilegiados, incluso aquellos que no guardan relación directa con la operación portuaria.

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De acuerdo con el comunicado, en lugar de coordinar medidas de protección, el Estado habría ejecutado el 26 de febrero una irrupción sin notificación previa en una instalación privada de almacenamiento. En ese lugar —según la empresa— se mantenía documentación propietaria y material sujeto a privilegio legal recopilado en el contexto de procesos judiciales en curso. PPC considera que esta actuación vulnera el debido proceso.

La empresa también señala que existe una campaña de desinformación por parte de las autoridades con el fin de desviar la atención de lo que califica como una toma forzosa fallida de los puertos de Balboa y Cristóbal, atribuida —según su versión— a actuaciones ilegales, falta de transparencia y deficiente coordinación estatal. Añade que las declaraciones oficiales han sido inexactas y perjudiciales para la compañía y sus inversionistas.

En su exposición, PPC enumera una serie de hechos que, a su juicio, evidencian la conducta del Estado panameño:

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• Afirma que durante el último año se desarrolló una campaña deliberada contra la empresa, sus inversionistas y el contrato de concesión, incluyendo —según sostiene— la manipulación de procesos legales con el objetivo de afectar dicho contrato.
• Señala que desde hace al menos un año existía un plan coordinado para remover y reemplazar a la compañía, y que el Órgano Ejecutivo habría comunicado a terceros que conocía con antelación un fallo judicial desfavorable meses antes de su anuncio y publicación.
• Indica que en el último mes se adoptaron medidas ejecutivas que considera carentes de fundamento, basadas —según afirma— en un comunicado de prensa irregular y en un fallo judicial que no había sido publicado ni notificado legalmente, ni siquiera al propio Estado y mucho menos a la empresa.
• Sostiene que posteriormente se emitió un Decreto Ejecutivo que ordenó la ocupación de bienes y la toma de las terminales invocando la figura de la expropiación, pese a que, según PPC, dicha medida no fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
• Asegura que el Estado dispuso el cese de operaciones en ambas terminales desde horas tempranas del lunes, realizó una irrupción en sus instalaciones, intervino en las labores de los trabajadores bajo amenazas de persecución penal y provocó interrupciones en el flujo del tráfico portuario.
• Denuncia que el control de las terminales fue entregado a terceros competidores sin transparencia, así como la transferencia de información propietaria y legalmente protegida a esos competidores.

La empresa concluye que estas actuaciones constituyen, a su juicio, un incumplimiento de las obligaciones constitucionales, contractuales e internacionales del Estado panameño, particularmente en materia de protección de inversiones, debido proceso y seguridad jurídica.

Finalmente, PPC informó que acudirá a foros internacionales neutrales para que el Estado responda por sus acciones y declaraciones, y señaló que tanto la compañía como sus inversionistas se reservan todos los derechos que les correspondan frente a esta situación.